El juez del caso 'Neurona', en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, ha acordado reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar complementos salariales.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimado un recurso de Vox contra el auto del 11 de marzo en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento tanto a ella misma como a De Frutos.
Así, Escalonilla ha dejado sin efecto ese sobreseimiento temporal y ha ordenado nuevas diligencias en las que cita al ex gerente Pablo Manuel Fernández Alarcón para que declare como testigo el próximo 21 de mayo. El magistrado ha tomado la decisión en contra de la opinión de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que estimó a principios de abril que no existía “indicio alguno del delito de administración desleal denunciado”.
El juez también ha pedido a Podemos que entregue los estatutos del partido de 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos pluses.
Falta de capacidad
El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto -al que ha tenido acceso Europa Press- que, si bien había concluido que la gerente sí tenía esa facultad, “de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas”.
“En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 (...) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala”, ha señalado el juez.