El fiscal acaba de preguntar al guardia civil R77175H sobre los CDR y ciertos actos violentos. El magistrado Manuel Marchena frena la respuesta: “Vamos a prescindir de valoraciones del testigo sobre los CDR y pasar a hechos concretos”. El representante legal de Vox, Javier Ortega Smith, no debe de estar muy atento porque minutos después pide al mismo agente que valore si los hechos de los que está hablando sobre los grupos más radicales favorables a la independencia pueden ser definidos como propios de “guerrilla urbana”.
Guerrilla urbana. Eso suena peligroso.
Marchena vuelve a interrumpir. Dice que habría que definir antes qué es guerrilla urbana. No es el sitio para un debate académico, así que una vez más reclama que no se hagan valoraciones y se pregunte por hechos. Ortega admite el error y rehace la pregunta para que se refiera a hechos. Digamos que lo intenta. ¿Qué estaban haciendo esas personas? La respuesta de R77175H deja en evidencia la pregunta sobre la guerrilla: “La táctica que utilizaron fue de sentarse en el suelo y cruzar los brazos”.
Si alguien cree que esas son tácticas de guerrilla urbana, debió de perderse las clases prácticas en los cursos de verano de los anarquistas alemanes.
Esta es la semana de la Guardia Civil en el juicio del procés y está dejando patente hasta qué punto se la tiene jurada a los Mossos por los sucesos del 1 de octubre de 2017. Ya quedó claro en la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos. Los agentes y suboficiales que están apareciendo ante el tribunal van en la misma línea.
La Guardia Civil no ha levantado el pie del acelerador después de la intervención del exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, que dejó patente su discrepancia completa con el Govern de Carles Puigdemont. Aún está empeñada en que la Policía autonómica pague por su pasividad el 1-O al ejecutar un despliegue cuyo objetivo no era impedir que se votara haciendo el uso de la fuerza necesaria.
La intervención más destacada en la sesión del miércoles fue la del comandante de la Guardia Civil identificado como E98218B, que incidió en las acusaciones contra los Mossos ya escuchadas en este juicio. “Se notaba una unidad de acción entre los responsables políticos del Govern y el mayor de los Mossos”, dijo a preguntas de la abogada de Estado. Volvía así el intento de la acusación de convertir a los Mossos en un factor esencial del levantamiento rebelde.
Evitar males mayores
Para justificar esa imputación, el comandante se refirió a un email enviado por Trapero al conseller de Interior, Joaquim Forn, en concreto a una referencia a “la necesidad de evitar un mal mayor superior al que se intenta evitar”. E98218B describió indirectamente a Trapero como alguien que suministraba argumentos a sus jefes políticos: “Es curioso que esas menciones se encuentren también en la respuesta de los Mossos a la instrucción de la Fiscalía, en el acta de la Junta de Seguridad y en las comparecencias que hacen ese día Forn y el presidente de la Generalitat”.
Hay que recordar que el mantenimiento de la “convivencia” y la “paz social” enarbolados por Trapero fueron considerados por esos mandos policiales un grave error o uno que ocultaba la complicidad.
Es el mismo Trapero que consideraba como mínimo irresponsables a los altos cargos de la Generalitat y que les acusó de estar violando la ley. En el retrato dibujado por el comandante, casi parecía el cerebro de la operación.
Como habían hecho sus superiores, E98218B acusó a los Mossos de hacer seguimientos y controlar a las patrullas de Policía y Guardia Civil el día del referéndum. Basándose en las comunicaciones de un centro de mando de Mossos, dijo que esa vigilancia era la auténtica prioridad para ellos. “Éramos vigilados para saber nuestros movimientos” por órdenes de sus jefes, dijo.
El abogado de Forn, Xavier Melero, volvió a intervenir para preguntar si se había encontrado en esas comunicaciones alguna prueba de que el conseller de Interior había dado órdenes a Trapero sobre el despliegue de los Mossos o casi sobre cualquier otra cosa. La respuesta fue negativa.
Forn aparece en este juicio como el ministro o consejero de Interior más irrelevante de la historia. Nunca hace nada sobre las fuerzas policiales de la que es responsable y se entera de lo justo, mucho menos que su antecesor. Es difícil saber cómo afectará tal pasividad a su futuro político –ahora es candidato del partido de Puigdemont a la alcaldía de Barcelona–, pero eso no es una prioridad para Melero, y sí evitarle una larga estancia en prisión.
Los emails que no contaban casi nada
La sesión incluyó las declaraciones de varios guardias civiles que habían podido examinar los emails intervenidos a los acusados. Hablamos de miles de emails en total. En condiciones normales, eso sería una mina de información para los agentes. Por lo que contaron al tribunal, no lo parece. Sea porque sus comunicaciones se hacían por teléfono o por señales de humo o porque se llevaban a cabo con direcciones de email no conocidas por las fuerzas de seguridad, es llamativo que aportaran tan poca información en la vista.
Dado el volumen de la información conseguida y al hecho de que la fiscalía pidiera la declaración como testigos de los guardias civiles que la examinaron, era posible que hubieran encontrado algo que les sirviera para fundamentar su acusación contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart de haber dirigido una estrategia basada en la violencia.
Tampoco. “Se pedía que la movilización fuera pacífica y constante”, comentó la agente que examinó los correos de Cuixart. “¿Hay algún mensaje diciendo 'Jordi (por Sànchez), tenéis que actuar violentamente contra el Estado español'?”, preguntó su abogado, Jordi Pina. “Así tal cual no”, respondió otro agente.
El fiscal preguntó al sargento S51761E si en los emails incautados a Cuixart había algo sobre la “internacionalización del conflicto”. Sí que había uno, dijo: un email que incluía una nota de prensa de Òmnium con unas declaraciones de Pep Guardiola pidiendo ayuda a la comunidad internacional. Ya saben, Guardiola, el entrenador de fútbol.
Un abogado de la defensa no podía desperdiciar ese balón que estaba botando a media altura en el área. ¿Dónde estaba el contenido delictivo que justificaba el interés mostrado por ese email? ¿Qué relación tenía con los delitos imputados? “Supongo que la utilización de personajes públicos para internacionalizar el conflicto”, fue la respuesta.
El letrado hizo amago de seguir, pero Marchena le interrumpió. No era necesario cebarse con el testigo ni reírse de él ni buscar en el Código Penal si eso de “internacionalizar” aparece como delito en algún lado o hay que esperar a la próxima reforma. A los abogados y a los jueces también les pagan para escuchar testimonios absurdos de los testigos. No deben tomárselo como algo personal.
La frase tenía menos valor probatorio que una carta a los Reyes Magos. Pero siempre está bien introducir el fútbol en un asunto tan competitivo como un juicio. Aun así, hubiera estado bien que el abogado dijera simplemente al sargento: no pudo ser. De guerrilla urbana, ya ni hablamos.