“Esta vez es personal”, es una frase promocional que sale en muchos carteles de películas de acción. Los juicios ofrecen oportunidades estupendas para ajustar cuentas en el caso de los testigos convocados para decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, piensa el testigo, todo eso y además lo que no he podido decir hasta ahora en público.
El jueves era uno de los días grandes del juicio del procés con la declaración del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide once años de prisión por un presunto delito de rebelión. Dejando a un lado el misterio de por qué Trapero no está como acusado en este juicio, y sí por ejemplo Carme Forcadell –eso no quiere decir que Trapero sea culpable, sino que los Mossos aparecen de forma profusa en el escrito de la acusación de la fiscalía–, el exjefe de los Mossos tenía mucho que decir sobre las acusaciones lanzadas por los altos cargos de la Policía y Guardia Civil contra la Policía autonómica, en especial por el coronel Diego Pérez de los Cobos, el hombre enviado por Interior a Catalunya para controlar a los Mossos (“coordinar” en el lenguaje oficial).
Trapero también pretendía reprochar a los responsables políticos de la Generalitat por lo que hicieron y dijeron antes del 1-O.
En otro de los misterios de este juicio, la Fiscalía no había llamado a declarar a Trapero, a pesar de su actuación relevante en los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017. Sí lo había hecho la acusación popular ejercida por los abogados de Vox. Da la impresión de que la Fiscalía contaba con utilizar a los Mossos como carne de cañón en su escrito de acusación, pero que no le convenía escuchar lo que Trapero –o su sucesor, el comisario Ferran López– tenía que decir. Es más fácil acusar si el destinatario de las imputaciones no puede defenderse.
Pero Vox había llamado a declarar a Trapero y este aceptó el reto, a pesar de que está imputado en la Audiencia Nacional. Javier Ortega Smith le hizo muchas preguntas, pero ninguna sobre la sorpresa de la semana pasada, de la que debería haberse acordado si hubiera estado despierto: el testimonio de dos comisarios de los Mossos que dijeron que en una reunión en el Palau de la Generalitat los mandos de los Mossos alertaron a Puigdemont y Junqueras sobre el riesgo de incidentes violentos el día del referéndum.
La aportación de Vox a esta vista está siendo prácticamente irrelevante. Pero al llamar a declarar a Trapero habían introducido un factor de gran influencia en la vista.
El fiscal Javier Zaragoza sacó después el tema de la reunión y el magistrado Marchena mandó parar. El tribunal decidió vetar esas preguntas. Había tomado una decisión similar en el caso de la comparecencia del presidente del Parlament, Roger Torrent. Las partes que no han solicitado la declaración de un testigo pueden preguntarle en la vista, pero sólo sobre los temas que ha sacado a colación la parte que sí reclamó su presencia. Pregunta lo que quieras si has convocado a ese testigo. Si no lo has hecho, te aguantas.
A cuenta de un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos sobre el riesgo de protestas el 1-O, el fiscal se la jugó al juez. O quizá fue un descuido. O quizá Trapero respondió muy rápido. Trapero estaba explicando el riesgo apuntado por el informe: “Habría dos millones de personas con intención de hacer algo y 15.000 policías con orden de hacer lo contrario, y eso podría provocar problemas de orden público”. Luego dijo que comentó eso en una reunión celebrada un día después.
¿A quién?, preguntó el fiscal. “A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras”.
La combinación pregunta-respuesta obligó a Marchena a intervenir. Además, Xavier Melero, abogado del exconseller Forn, fue rápido en la reacción: “El fiscal se va por la puerta y entra por la ventana”. Traducción: señor juez, le están tomando el pelo. Demasiado tarde. Una vez más, el tribunal escuchaba que Puigdemont y Junqueras sabían por los Mossos que la posibilidad de que se produjeran hechos violentos era real.
La bomba de Marchena
Así quedó la cosa hasta que cerca del final de la sesión estalló la bomba, el marchenazo. Un inesperado giro de la trama. Después de la intervención de todos los letrados, el magistrado sorprendió a todos –se supone que no al resto de miembros del tribunal– haciendo a Trapero la pregunta que no había permitido horas antes. Como presidente del tribunal, puede preguntar a quien quiera y cuando quiera, y citó el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo permite. Algunos abogados defensores vieron acelerado su ritmo cardíaco.
Ahí lo soltó todo Trapero.
En la reunión con Puigdemont, Junqueras, Forn y otras personas –Trapero incluso pidió la presencia de Carme Forcadell, que al final no fue–, el major les transmitió el mensaje de toda la cúpula policial. Podían producirse “conflictos graves de orden público” el día del referéndum. “Les emplazamos a cumplir la legalidad y las órdenes judiciales. Que las íbamos a cumplir y que no se equivocaran con nosotros”. “Que no apoyábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con las declaraciones de los responsables políticos” del Govern (aquí citó a Joaquim Forn y Jordi Turull). “Que estábamos notificados por el Tribunal Constitucional y que asumíamos riesgos personales”.
“Y creo que no me dejo nada”, dijo finalmente, como si fuera poco. Pues sí, se había dejado algo. Siguió para decir que había algunos grupos que podían tener una actitud distinta a la de la gran mayoría de los convocados para el 1-O, es decir, más violenta.
Por primera vez, Trapero explicó con sujeto, verbo y predicado, sin las ataduras de un cargo que ya no tiene, que los Mossos d'Esquadra estaban contra el referéndum, o al menos su cúpula. Que consideraban irresponsable su convocatoria por el riesgo de que se produjeran actos violentos. Que estaban algo hartos de las declaraciones de los políticos que apuntaban que los Mossos colaborarían en el funcionamiento normal de la consulta. Que la veían inviable por las órdenes judiciales recibidas. Que iban a cumplir la misma ley que el Govern estaba ignorando.
Dulces palabras para la Fiscalía. Uno de sus argumentos para solicitar una condena por rebelión es que los responsables de la Generalitat sabían que se podían producir actos violentos. En sus declaraciones en el juicio, los acusados habían destacado que se trataba de un movimiento pacífico y no violento. Ahora tuvieron que escuchar al principal mando de los Mossos decir que el riesgo de violencia era real.
Recordemos en este punto que el delito de sedición castiga a aquellos que impidan “fuera de las vías legales la aplicación de las leyes”. Los Mossos, la Policía de Catalunya, habían advertido a varios acusados que ellos sí iban a cumplir la legalidad.
Pero por otro lado el bombazo de Trapero también socava la posición de la Fiscalía en la medida de que buena parte de su estrategia pasa por denunciar la actitud de los Mossos el 1-O al considerarlos una parte esencial de la presunta rebelión. “Usted planteó un dispositivo sabiendo que no iba a funcionar”, dijo casi gritando el fiscal Zaragoza a Trapero.
Tras su declaración, es difícil considerar a Trapero protagonista de una rebelión que intentó cortar de raíz en la reunión del Palau antes de que se produjera. El propio delito de rebelión en este juicio queda muy cuestionado después de su declaración. Sin embargo, los delitos de sedición y malversación pueden dar lugar a penas muy altas, aunque el de rebelión se pierda por el camino. Son de 10 a 15 años por sedición para los condenados que tengan cargos de autoridad.
Xavier Melero, abogado de Forn, hizo un ejercicio eficaz de control de daños. Preguntó si habían recibido alguna directiva o “reproche” en esa reunión. “Hagan el trabajo que tienen que hacer. Esa fue la respuesta del señor Puigdemont”, fue lo que dijo Trapero.
Contra el coronel de la Guardia Civil
Estaba claro que Trapero no tenía como prioridad defender a los acusados, sino a los Mossos como institución y a sí mismo y otros cargos de los Mossos en el juicio pendiente en la Audiencia Nacional. No tenía sentido esperar hasta entonces para presentar su mayor coartada. Para él, y por eso aceptó prestar declaración, este juicio es la primera vuelta del juicio de la Audiencia. Lo que pase aquí –sobre todo, lo que dicte la sentencia– tendrá una gran influencia en esa vista.
El fiscal le preguntó por qué la protección de la convivencia era tan importante en el despliegue de los Mossos en el 1-O cuando esas palabras no figuraban en la parte dispositiva del auto de la jueza Armas del TSJC. Fue en la reunión con la magistrada en el día que emitió ese auto cuando les marcó prioridades de forma verbal, dijo Trapero: “Paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social son las palabras de la magistrada”.
Trapero las recitó como si fueran una oración. Era su forma de decir que había cumplido las órdenes de la jueza.
Frente a ese criterio, Trapero presentó al coronel Pérez de los Cobos como alguien dispuesto a utilizar la fuerza policial costara lo que costara, como si la violencia (contra los votantes del 1-O) fuera un precio que el guardia civil estaba encantado de asumir. “Su respuesta es que (la convivencia o paz social) no puede ser una excusa para no impedir la votación. Eso me pareció ofensivo”.
El testimonio de Trapero dejó varios heridos de cierta consideración en la sala. Fiscalía y defensas pueden tener la tentación de pensar que no sufrieron un percance grave, que podía haber sido peor. Ambos pueden creer que el otro es el que sale más perjudicado. El que se equivoque, igual ha perdido la mitad del juicio.
Trapero dejará de ser el héroe popular de los indepes con su testimonio en el juicio. Por lo que el mayor de los Mossos dijo, por la contundencia y claridad con la que desgranó el mensaje que los políticos de la Generalitat no querían escuchar, no parece que eso le preocupe mucho.
Corrección: una versión anterior del artículo decía que Trapero no había sido llamado a declarar por ninguna de las defensas. Además de por Vox, las defensas de Joaquim Forn y Jordi Cuixart también llamaron a declarar al exjefe de los Mossos.