El Ministerio de Justicia ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario hasta 250 euros al mes en 2025 a los funcionarios judiciales que trabajan en los órganos centrales y las comunidades que no tienen transferida la gestión de la Justicia. Esto es, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, así como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía, los juzgados centrales, el Registro Civil y el Instituto Nacional de Toxicología.
El incremento salarial afectará a unos 12.000 empleados públicos, según los cálculos del sindicato CSIF, que ha suscrito este acuerdo con el departamento que dirige Félix Bolaños. También lo ha firmado UGT. La subida no afectará, por tanto, al total de 45.000 funcionarios que ejercen en las oficinas judiciales de todo el país, lo que ha llevado a otras organizaciones como CCOO a no firmar lo que califican como “esperpento”.
En un comunicado, Justicia afirma que el acuerdo “se enmarca en las nuevas leyes de eficiencia” y detalla que el aumento de sus retribuciones tendrá lugar a través de complementos específicos y se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en los ejercicios de 2024 y 2025. Además, el acuerdo incluye la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses “para mejorar las condiciones en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo”.
En Justicia afirman que este pacto “pone fin a unas negociaciones que llevaban tiempo bloqueadas y logra que todos los esfuerzos en materia de Justicia se centren a partir de ahora en las importantes transformaciones que está impulsando el Ejecutivo”. En CSIF defienden que el acuerdo es “equiparable” a los que se han alcanzado en Madrid, Asturias o en País Vasco o como el que se está negociando en Cataluña.
No obstante, el acuerdo no ha sido bien recibido por organizaciones como CCOO que advierten de que no se dejarán “manipular” por el Ministerio y “mantendrán el conflicto”. Esta organización pretendía que el incremento se produjera a través de una subida del llamado complemento general del puesto, que es el que se cobra por igual en todos los ámbitos competenciales.
Los funcionarios de las oficiales judiciales llevan un año movilizándose para reclamar mejoras laborales y retributivas. En estos meses, han acusado de “clasismo” a los cargos de Justicia por el “agravio comparativo” que supone que pactaran mejoras salariales con letrados, jueces y fiscales −funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas− mientras seguían sin llegar a un acuerdo para los 45.000 funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados −como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias y sentencias− y cuyos sueldos son mucho más bajos. Esa movilización incluyó incluso una huelga intermitente durante dos meses y medio.