El ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, defendió hoy el uso de métodos alternativos a la fumigación con glifosato, un herbicida considerado cancerígeno por la OMS, en la lucha contra las drogas, porque la salud pública debe estar por encima de la eficiencia.
“En el tema de lucha contra las drogas, la eficiencia en la erradicación no es el único elemento a tener en cuenta cuando el Estado pondera las formas de intervención. Si en un lado de la balanza está la salud pública y en otro la eficiencia, lo que prima es la salud de las personas”, dijo hoy a los periodistas tras una charla en el centro Inter-American Dialogue de Washington.
Reyes se pronunció en este sentido después de que ayer la Procuradoría de Colombia considerara en un comunicado que, “si el Consejo Nacional de Estupefacientes adopta la prohibición de asperjar se pondría a Colombia a 'nadar' en cocaína y sería el desmonte total de la lucha contra ese eslabón de producción y comercialización de la cadena del narcotráfico”.
El ministro de Justicia, que presenta esta semana en EEUU la propuesta de Colombia para la Asamblea General Extraordinaria sobre drogas de la ONU del año que viene, recordó que el programa de fumigación sólo es una de las herramientas del Gobierno para acabar con las plantaciones ilícitas.
“Existe la erradicación manual y también programas de sustitución de cultivos o desarrollo alternativo que han mostrado muy buenos resultados. Y, además, podemos analizar si hay otras sustancias no tan nocivas como el glifosato”, explicó Reyes.
Según el ministro, el 75% de la erradicación de plantas ilícitas en 2012 se logró con la sustitución de cultivos y mecanismos alternativos, iniciativas que el Gobierno prevé ampliar.
Colombia vive un momento de intenso debate sobre el uso del glifosato, después de que el Ministerio de Salud emitiera una recomendación no vinculante sobre la suspensión de su uso en la lucha antidrogas.
Esa recomendación está basada en los resultados de una reunión de expertos de una agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que clasificó al glifosato entre los herbicidas cancerígenos.
El uso del herbicida en plantaciones de coca y amapola para atacar de raíz la producción de drogas se remonta a tres décadas atrás, a una época en la que el país estaba en una guerra sin cuartel contra los carteles del narcotráfico y, desde entonces, ha estado rodeado de polémica.