La Justicia va a investigar si las obras que el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y su esposa realizaron en su chalé son legales. La vivienda, de 155 metros cuadrados, se levantó en una parcela de suelo rústico en la que, según la ley, no se puede edificar. Además, el dirigente popular pidió licencias para la realización de obras menores que incumplió al sobrepasar lo permitido en las autorizaciones. El expediente del Ayuntamiento calificó las infracciones de graves, pero un reciente cambio en el Plan General Urbano legalizó las obras. Un juzgado riojano analizará ahora si esa jugada se ajusta a la legalidad.
Pedro Sanz, presidente de La Rioja desde hace 20 años, tiene una parcela en Villamediana de Iregua, una localidad situada a unos siete kilómetros de Logroño que ha experimentado un crecimiento exponencial como fruto de la burbuja inmobiliaria. La calificación del suelo impedía hasta junio de 2013 edificar en ese terreno, a pesar de lo cual el máximo representante de los riojanos construyó a partir de 1982 un chalé. Lo hizo mediante la petición de licencias para realizar obras menores –arreglo de goteras, reparaciones en el interior, dotación de electricidad, etc.– en la 'caseta de aperos de labranza', la construcción de escasos 40 metros cuadrados que le permitía la legislación.
El resultado fue un caserón de 155 metros cuadrados, de dos plantas, con piscina y porche cubierto. El Ayuntamiento se pronunció sobre varias de las licencias concedidas al presidente riojano después de que los grupos de la oposición municipal exigieran una inspección urbanística.
Los informes dejan constancia, en primer lugar, de que la construcción de la vivienda era ilegal, pero las irregularidades habrían prescrito: “La superficie construida desde 1982 –fecha de la primera licencia expedida por el Consistorio–, por tener una superficie superior a la permitida en suelo rústico, está fuera de ordenación, por prescripción de los plazos legales para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística”.
En segundo lugar, las resoluciones del Ayuntamiento de Villamediana –gobernado por el PP– también revelan que el presidente riojano cometió irregularidades al sobrepasar los límites permitidos por las licencias obtenidas en 2008, 2009 y 2012. La primera era para construir un porche o quitasol de 40 metros cuadrados, con una valoración de 1.500 euros. Sin embargo, el resultado “no se ajusta a las condiciones establecidas”, ya que se cubrió la terraza y el coste se disparó hasta los 12.740 euros. “Las obras ejecutadas al porche constituirían una infracción urbanística grave –entre 3.001 y 30.000 euros de sanción– al vulnerar las normas relativas al uso del suelo, el volumen y la situación de las edificaciones”.
La segunda licencia, otorgada para cambiar las ventanas en la “caseta” y la “renovación del hormigón exterior” por 2.500 euros, también fue vulnerada, según señalaron los peritos que llevaron a cabo la inspección, que constataron que, además de arreglar las ventanas y el pavimento del hormigón en el acceso a la parcela, se procedió a colocar “revestimiento decorativo de la fachada, pintura interior, a la colocación de una nueva puerta corredera monitorizada y a la jardinería exterior” por un importe de 14.355 euros. Esto constituía una infracción leve de la ley urbanística.
En el tercer caso, Sanz recibió una licencia para cambiar las tejas en mal estado y cubrir cuatro metros de terraza para evitar las goteras por 2.500 euros, pero se utilizó para ampliar la cubierta de la primera planta, cubriendo la totalidad de la terraza existente con una superficie cinco veces superior y que quedó cerrada con el objetivo de utilizarse como dormitorio, además de llevar a cabo tareas de carpintería y fontanería. El presidente pagó 10.166 euros. Esta infracción también fue considerada grave en mayo de 2013, fecha en la que se redactó el informe.
Un cambio legislativo que favoreció al presidente
Sin embargo, a partir de que la oposición solicitara el expediente por estas obras, el proceso de aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística se aceleró.
En marzo de 2013, Sanz presentó alegaciones al proyecto en las que solicitó que su terreno pasara de ser rústico a urbanizable. “Pido que se utilice el plan general para regular ¡y ahí estará el presidente, defendiéndome a mí y a todos los demás!”, había defendido un mes antes en un pleno del Parlamento riojano.
El Ayuntamiento aprobó el nuevo régimen urbanístico en junio de 2013 y la parcela de Pedro Sanz pasó a ser calificada como “suelo urbanizable delimitado”. Ante el cambio legal, el alcalde solicitó un nuevo informe sobre la situación del chalet del presidente. El arquitecto municipal emitió un documento en el que aseguraba que el plan vigente permitía afirmar que las obras ejecutadas eran legalizables. Esto implicaba que las presuntas irregularidades pasaban a ser sanciones leves cuyo plazo de prescripción era de un año, y, por tanto, ya había pasado.
El PSOE recurrió ante lo contencioso-administrativo la resolución emitida por el Ayuntamiento de Villamediana 10 meses después de que solicitaran el expediente. “Es un recurso contra la impunidad y la desvergüenza con la que pretende actuar el presidente con su chalé ilegal y contra un Ayuntamiento cómplice, con tránsfuga incluido, que decidió primero que el caso había prescrito y después que la actuación del presidente era una falta leve”, expresó el secretario general del PSOE riojano, César Luena. “No puede ser que el presidente de La Rioja sea el que se salte la ley. Es absolutamente desproporcionado y requiere que Sanz pida perdón”, añadió.
Los socialistas sospechan que Sanz ha cometido irregularidades fiscales, ya que las licencias concedían obras por valores muy inferiores al coste final, por lo que los impuestos que pagó el presidente fueron menores a los que habría correspondido.
“Solicitó unas obras y luego hizo otras sin pagar impuestos o pagando menos y, para rematar, hicieron un Plan General para amnistiarlo y legalizar toda la actuación irregular del presidente de la Comunidad y del PP riojano”, expone Luena, que recuerda que una empresa que ha trabajado para la Comunidad realizó trabajos en la casa de Sanz. “Esto puede tener una repercusión mayor porque hay una cadena de favores que da asco”, señala el líder socialista en relación a la investigación que el juez Pablo Ruz lleva a cabo por la supuesta compra irregular de una sede del PP en Logroño, según revelaron los 'papeles de Bárcenas'.
Ahora el expediente que exime a Pedro Sanz de responsabilidad urbanística está en el Juzgado Número 1 de lo Contencioso-Administrativo de la capital riojana, a la espera de que los demandados decidan si se personan en la causa y de que el Ayuntamiento de Villamediana remita los documentos relativos al expediente de las obras del caserón del presidente para comenzar la investigación.