En Ceuta, Vox ha sumado en dos semanas tres reveses judiciales a tres meses y medio de las elecciones en las que su líder, Juan Sergio Redondo, aspira a convertirse en el primer presidente autonómico de su partido. Si la huelga de letrados judiciales no lo impide, antes deberá declarar por un presunto delito de odio por referirse en redes sociales a dos guardias civiles musulmanes, los portavoces locales de la AUGC, como “ultraizquierda promarroquí”. Además, el ultraderechista, funcionario de Justicia y profesor de la UNED, que se autodescribe como “soldado de la tradición” y de Dios, ha sido condenado a pagar 10.000 euros a un excompañero de ejecutiva por “mentir a sabiendas y con publicidad” imputándose su participación en un complot para “chantajearlo” con la difusión pública de los mensajes islamófobos que la cúpula extremista se cruzaba por WhatsApp.
Por añadidura, Redondo ha visto frustrada su aspiración de llevar a juicio oral por odio a Vox al político que ha liderado el localismo progresista ceutí durante los últimos 20 años, Mohamed Ali, que en enero de 2020, cuando se conoció que los líderes locales de Vox lamentaban en privado tener que 'tragar moros por cojones' o atisbar que 'la tercera Guerra Mundial tendrá que empezar algún día y será contra el Islam', estuvo a punto de llegar a las manos con los ultraderechistas durante un debate en sede parlamentaria.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha dado el primer capón a los líderes de Vox, que hasta ahora habían salido indemnes de los tribunales por tachar de “lanchero” al secretario general del PSOE local, Juan Gutiérrez, o por sus improperios privados contra los musulmanes, que pasaron a formar parte permanente de su discurso público tras la crisis migratoria de mayo de 2021: la comunidad islámica local, el 50% de la población, ha pasado a ser “quintacolumnista” y sus representantes políticos más visibles son callificados ahora de “traidores” y hasta “talibanes”.
La sala de segunda instancia acaba de dar luz verde a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad para llamar a Redondo y a su 'número 3', el policía nacional en excedencia Francisco José 'Pachi' Ruiz, como investigados por un presunto delito de odio por desbravarse en diciembre de 2021 en Internet contra Omar Mohamed y Rachid Sbihi tras ver sus fotos reunidos con los dirigentes del PSOE y otros partidos localistas en calidad de responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta.
“Aquí en Ceuta la AUGC ha sido tomada por la ultraizquierda promarroquí. Afortunadamente no representa ya a la mayoría de los guardias civiles”, escribió el presidente de Vox en Ceuta en Facebook. Ruiz, el menos dotado para la dialéctica del triunvirato que comanda el partido y que completa el profesor Carlos Verdejo, cada vez menos activo en redes, repudió ver a “dos supuestos representantes de la muy digna Guardia Civil” con un político “indigno”, el socialista Juan Gutiérrez: “Una vergüenza para la Guardia Civil”, resumió.
La defensa de Mohamed y Sbihi opina que “no hay amparo” para esas expresiones “en el derecho a la libertad de expresión ni en la defensa de las ideas de un grupo que forma parte de la Asamblea de Ceuta”. “El debate político”, considera, “no justifica tratarlos como promarroquíes cuando se trata de ciudadanos españoles que, además, son funcionarios de la Guardia Civil”. Para los abogados de Redondo y Ruiz estos se limitaron a ejercer su “derecho a la libertad de expresión”.
Intromisión al honor
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ya ha condenado al presidente de Vox en la ciudad autónoma, donde su partido fue el más votado en las últimas generales, por “una intromisión ilegítima en el honor” de uno de sus excompañeros de ejecutiva, Juan Manuel Aguiar, y otro antiguo militante a los que la formación extremista acusó en verano de 2020 de participar en un “entramado delictivo” al “no ver satisfechas sus pretensiones de ser nombrados asesores”, momento en el que habría “comenzado el acoso, chantaje y extorsión contra los actuales responsables y diputados de Vox Ceuta” con la filtración de sus mensajes privados de WhatsApp incluida.
Redondo, que en 2019 no se atrevió a asumir el papel de portavoz de su partido en la Asamblea, intentó escabullirse del pago de los 10.000 euros que ha sido condenado a abonar a Aguiar alegando no haber sido “el autor” ni de la aquella nota de prensa ni de las noticias que la recogieron. “Es el responsable directo de lo que publica Vox Ceuta al ser él mismo el jefe del grupo y por ende el máximo responsable de la organización en esta ciudad”, ha sentenciado el juez, que estima que los ultraderechistas mintieron “con publicidad” y “a sabiendas”, según el veredicto, a cuyo contenido íntegro también ha tenido acceso elDiario.es.
El tercer tropezón judicial de este año se lo han encontrado también los de Abascal en el Juzgado de lnstrucción número 6, cuya titular ha acordado dar carpetazo a la causa que desde hace tres años mantenía al exdiputado autonómico Mohamed Ali como investigado por un presunto delito de odio a los “fascistas” de Vox, como se refirió a sus dirigentes en el Pleno más caliente de la historia reciente de la Cámara regional.
Aunque la Audiencia Provincial le dio luz verde para llegar a juicio oral, la magistrada ha concluido que el comportamiento del localista “no reviste caracteres de infracción criminal”. “Sal a la calle y dile a la gente que quieres matarlos, que los quieres echar, cobarde y fascista, a ti lo que hay que hacerte es otra cosa...”, espetó Ali a Redondo, que junto a Ruiz y Verdejo también insultaron y se encararon con su adversario.
La juez ha eximido de responsabilidad a otras dos personas que, desde el público, profirieron frases como estas: “Hijo de puta, me cago en tus muertos, voy a ir a por ti, te voy a coger en la calle y te vaya reventar con un bufido”. La magistrada esgrime que, más de tres años después, ya no cabe perseguir un supuesto delito leve de amenazas.
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La única y pírrica victoria judicial que ha obtenido Vox hasta ahora en sede judicial en Ceuta la ha conseguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la ciudad, cuyo magistrado declaró a finales de enero “anulable” el nombramiento del veterano funcionario de prisiones y político local Emilio Carreira como director general de Comunicación del Gobierno autonómico que Juan Vivas (PP) preside desde hace más de 20 años por no estar suficientemente “motivado”.
Pocos días después, el Ejecutivo local ratificó su elección y, en plena refriega, Carreira arremetió con un artículo de opinión contra los dirigentes locales de Vox por “cobardes, mentirosos, insinuadores, antipatriotas e incapaces”.
“No hay en sus mentes ni un ápice de amor a España o a Ceuta, solo una capacidad inaudita de extender la maldad que destila su silencioso líder para conseguir montar su chiringuito, al que bien le podrían poner el nombre de 'El deshonor', la mayor vergüenza para quien presume de templario”, arremetió el exconsejero de la Ciudad contra Redondo, que durante 2020 sostuvo al Gobierno de Vivas en minoría a cambio, entre otras cesiones, de colocar a Ruiz como vicepresidente de la Mesa Rectora de la Asamblea.