El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la querella que el periodista Máximo Pradera interpuso por revelación de secretos contra el juez Juan Carlos Peinado, acusando al magistrado de filtrar datos secretos de la causa que dirige desde hace meses contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. El tribunal entiende que solo se informó de la apertura de diligencias a través del gabinete de comunicación oficial y que eso no constituye un delito, en la línea del criterio de la Fiscalía.
Para el juez, que el Tribunal publicara varias notas de prensa sobre el caso mientras las diligencias estaban bajo secreto no es un delito. “La publicación de determinadas diligencias sin revelar su resultado no infringe el secreto de las actuaciones, moviéndonos en el ámbito de lo público y lo publicable”, dicen los jueces.
El mismo tribunal tiene todavía que decidir si admite a trámite dos querellas contra Peinado en las que la Fiscalía sí ha pedido su imputación: las interpuestas por Pedro Sánchez y por Begoña Gómez, respectivamente. Dos querellas en las que acusan a Peinado, entre otros delitos, de prevaricación por las decisiones que ha tomado a lo largo de la investigación.
El Ministerio Público había pedido que la acción penal de Pradera fuera inadmitida pero también había abierto la puerta a que una de las acusaciones populares del caso de Begoña Gómez fuera investigada por revelar secretos: la que impulsa el abogado Aitor Guisasola, que en sus redes sociales difundió uno de los autos. El Tribunal Superior de Madrid rechaza que se deba abrir una causa en este procedimiento, al haber rechazado que Peinado cometiera el mismo delito, pero insta a la Fiscalía a presentar una denuncia de forma específica contra este letrado.
El ponente del auto ha sido el magistrado Francisco José Goyena, que en los últimos meses ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación del fiscal general del Estado por un comunicado del Ministerio Público sobre el caso de doble fraude fiscal confeso de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En ese caso la Fiscalía ha rechazado la acción penal al entender que ese comunicado no reveló nada que los medios de comunicación no hubieran contado antes.