El Gobierno ha anunciado que el Ministerio de Justicia ultima el proyecto de ley sobre custodia compartida ,que realizará en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y tras consultar a las Comunidades Autónomas.
En respuesta a una pregunta escrita de la portavoz del grupo parlamentario de UPyD, Rosa Díez, el Ejecutivo ha explicado que la tramitación del proyecto de ley comenzará “en breve”, pues se “está trabajando” en el texto ya elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió el 13 de junio del pasado año a impulsar una “ley nacional” que modifique el Código Civil para que sea el juez el que decida, en casos de divorcio o separación, el régimen de custodia de los hijos.
El anuncio fue hecho en el Congreso por Ruiz-Gallardón en respuesta, precisamente, a una interpelación del grupo de UPyD, en la que Rosa Díez reclamaba una ley de custodia compartida como “opción preferente” en casos de separaciones.
Ruiz-Gallardón reconoció entonces que la regulación prevista en el Código Civil había quedado “obsoleta” y pidió seis meses a la Cámara para poder elaborar un proyecto de ley que reuniera el consenso del Parlamento y que persiga el interés del menor.
El plazo anunciado ha pasado, según recuerda Díez en su pregunta escrita, fechada el pasado 15 de enero, y por ello pedía al Gobierno que explicara la actual situación del proyecto de ley y cuándo tenía pensado presentarlo.
En su respuesta, con fecha del pasado 30 de abril, el Gobierno ha señalado que se encargó a la Sección Primera de la Comisión General de Codificación la redacción de un texto de proyecto de ley para poder modificar los artículos del Código Civil que afectan a esta materia.
“En la actualidad se está trabajando sobre dicho texto, dentro de los distintos centros directivos del Ministerio de Justicia con competencias en la materia” y, al ser un tema que afecta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se realizará con la colaboración de dicho Departamento, asegura el escrito.
Además, se consultará con las Comunidades Autónomas y con las diferentes asociaciones con intereses en la materia “cuyo criterio será valorado para la redacción final del proyecto”, añade el Gobierno.