No importa lo enfurecida que esté Díaz Ayuso. Lo perplejo que se sienta Núñez Feijóo. Los cálculos mentales de Puigdemont sobre lo que puede sacar de la negociación. La persona que más debería preocupar a Pedro Sánchez no vive en España, sino en Francfort. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene las herramientas en su mano para poner en peligro los datos económicos de España, y eso es relevante tanto si Sánchez forma un nuevo Gobierno en otoño como si hay que repetir elecciones.
El BCE anunció el jueves otra subida de los tipos de interés, la novena consecutiva, confirmando que no ha terminado en su empeño por enfriar la economía para bajar la inflación hasta el entorno del 2%. Que es precisamente donde está España y donde no está Alemania ni de lejos. Hay otro factor diferencial. España combina esa inflación controlada –no así en el caso de la inflación subyacente– con las mayores tasas de crecimiento de la eurozona. Los precios siguen altos en Alemania mientras el país acumula noticias pesimistas sobre su PIB y su industria.
En la segunda mitad de 2022, el Partido Popular apostó buena parte de sus opciones de victoria a que Bruselas o la economía le regalaran la mayoría absoluta. Confiaba en que la Comisión Europea obligara a un inminente y espectacular recorte del gasto público o que se iniciara una recesión. No sucedió ninguna de las dos cosas. Eso no impide que aún se puedan encontrar en la prensa económica conservadora titulares que dicen que España se encuentra ante un “precipicio fiscal”.
Con independencia de que llevamos casi un año viendo titulares falsos de este tipo, no se puede negar que algún día la Comisión recuperará las reglas fiscales que condicionarán por completo las decisiones de gasto de los gobiernos.
La gran esperanza es que la de esta semana sea la última subida de tipos, ya que la inflación continúa cayendo desde que alcanzó el año pasado el pico del 10,5% en la eurozona. Lagarde ha dicho que todo dependerá de la información que aporten “los datos” disponibles en unos meses. “Decidiremos (en septiembre) si subimos tipos o hacemos una pausa”, dijo la máxima responsable del BCE. Como compromiso, no suena muy firme, pero es mejor eso que sus mensajes de meses anteriores.
España sufre, como otros países, las consecuencias directas de las subidas de tipos en forma de hipotecas más caras. Un efecto positivo para algunos ciudadanos sería el aumento correspondiente de la remuneración de los depósitos bancarios. En una demostración de que las reglas siempre favorecen a los mismos, los bancos españoles no han trasladado esa subida a los clientes.
El Banco de España ya avisó en mayo de que las entidades de este país están a la cola de Europa a la hora de remunerar el ahorro. Las reglas de la competencia son esenciales en un sistema de libre mercado, pero curiosamente parece que no rigen cuando se trata de los bancos. Se paga así el precio de un sistema bancario concentrado en muy pocas manos y que suele contar con la cobertura política de la derecha.
El aumento de tipos de interés beneficia claramente a la banca, que ha decidido que no tiene ninguna prisa en trasladar una parte de esa ventaja a sus clientes. De hecho, el Banco Santander ha afirmado en público que no espera que la banca ofrezca remuneraciones más atractivas por sus depósitos hasta mediados de 2024.
La cuestión de las hipotecas fue uno de los asuntos que dividieron al PSOE y Unidas Podemos en los últimos meses de legislatura. Yolanda Díaz denunció que se había producido una transferencia de rentas de 8.000 millones de euros de los ciudadanos a los bancos a causa del incremento de las hipotecas.
En junio, propuso la entrega de un bono de mil euros a los hogares con hipotecas de hasta 250.000 euros y una antigüedad de hasta 10 años. La líder de Sumar rechazó por inútil el código de buenas prácticas promovido por Nadia Calviño: “Si estuviera funcionando, la gente no lo estaría pasando mal”.
Donde no hay división, sino satisfacción mutua, es con las cifras de empleo. Récord histórico con 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 603.900 ocupados más en el segundo trimestre, una cifra de creación de empleo que casi se acerca a las habituales en Estados Unidos. El dato de paro más bajo desde 2008 con un 11,6%.
La respuesta habitual en la prensa de derechas en estos días con nuevos datos de la EPA ha sido colocar la noticia en el sótano de la página web y sugerir de vez en cuando que la mayor creación de empleo se produce en el sector público. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, dio el jueves el último dato relevante: “En el último año, el empleo en el sector privado ha crecido en 524.800 personas y en 63.900 en el sector público”.
En plena digestión del fracaso, el PP ha ofrecido otro ejemplo de su dualidad. Los presidentes autonómicos destacan las cifras de creación de empleo con la intención de quedarse con el mérito, mientras su principal portavoz económico, Juan Bravo, sugiere que son falsas o están distorsionadas por maquillajes contables. Con razón la de julio es la campaña electoral en la que el PP ha hablado menos de economía en varias décadas.
En el debate económico, el Gobierno ha llevado hasta ahora las de ganar. Lo último que necesita es que Lagarde y el consejo del BCE decidan que la hora de seguir apretando a las economías europeas todavía no ha terminado.