“Mi actitud de tolerancia cero ante la corrupción tiene este precio”. Cristina Cifuentes ha abandonado la presidencia de la Comunidad de Madrid sumida en un cúmulo de escándalos que ella achaca a su combate contra la corrupción. Es la imagen que ella se ha dedicado a cultivar desde que el dedo de Mariano Rajoy la señaló como candidata a la presidencia de Madrid y del PP regional: la de una luchadora incansable que no tiene problemas en llevarse por delante a sus propios compañeros con tal de limpiar el partido. Pero ese relato tiene fisuras.
Algunas de sus frases más sonadas en este sentido las pronunció tras la dimisión de Esperanza Aguirre, que abandonó la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Madrid tras el estallido del caso Lezo y con Ignacio González a prisión. “Es mucho más que el fin de una época. Estamos impulsando el comienzo de otra nueva y distinta” dijo, poco antes de dar la puntilla definitiva a sus predecesores: “En este PP de Madrid no tienen cabida los corruptos”.
Esta última frase la pronunció hace un año frente a la nueva dirección del PP de Madrid que ella había nombrado. Detrás de Cifuentes, un hombre que desmentía con su sola presencia las palabras de su jefa. Jaime González-Taboada era entonces consejero de Medio Ambiente y dentro de la formación tenía el cargo de vicesecretario territorial. Cifuentes le había confiado esas responsabilidades a pesar de estar salpicado por el caso Púnica: David Marjaliza le acusó de “mangonear” con fondos públicos, un testigo declaró que le había presionado para amañar un contrato y la Audiencia Nacional mantiene imputados a todos los miembros de la Mesa de contratación de Arpegio, salvo a González-Taboada, que tenía un asiento en ella.
Aunque la investigación le acechaba, Cifuentes esperó hasta septiembre de 2017 para apartarle del Gobierno regional. Sin embargo, siguió teniendo cabida en ese nuevo PP que no aceptaba a los corruptos. La ya expresidenta le encomendó la tarea de “revitalizar” el partido en cumplimiento de los “compromisos” asumidos por la propia Cifuentes. Ahí continúa en la actualidad como coordinador general del PP madrileño y diputado en la Asamblea.
La principal campaña de imagen de Cifuentes como luchadora contra la corrupción se produjo después del caso Lezo, la operación que destapó una trama en torno al Canal de Isabel II, con Ignacio González en la cúspide de la pirámide de corrupción. Se presentó entonces como la responsable de haber destapado ese caso porque su Gobierno había denunciado en julio de 2016 la compra ruinosa de Emissao a través del Canal. Es cierto que su Gobierno aportó los datos a los que tenía acceso, pero la Fiscalía Anticorrupción llevaba ya un año investigando.
Su colaboración con los tribunales tampoco ha estado a la altura de sus promesas de tolerancia cero. Su Ejecutivo comunicó a la Audiencia Nacional que no encontraba unos documentos relacionados con adjudicaciones a la trama Púnica y sobre otros, relacionados precisamente con González-Taboada, su Gobierno reconoció directamente que habían sido destruidos. La Consejería de Economía también comunicó al tribunal que no disponía de copias de unos contratos relacionados con Daniel Mercado, vinculado con la financiación ilegal del PP de Madrid.
En el capítulo de problemas con la documentación se encuentra el episodio de las actas del Canal. El Gobierno tuvo durante meses autorización del juez del caso Lezo para entregar esas actas a la oposición, pero no lo hizo. Cuando eldiario.es lo publicó, el Ejecutivo de Cifuentes alegó que el documento judicial se había traspapelado. Poco después, el nuevo juez del caso revocó ese permiso.
Cifuentes también ha tenido que afrontar casos de corrupción entre sus filas que no ha afrontado con la diligencia que prometía. Además de a González Taboada, Cifuentes mantuvo en su grupo parlamentario sin exigirle la dimisión a María Josefa Aguado, a quien la Audiencia Nacional ofreció declarar como imputada en Gürtel. Solo abandonó la bancada popular cuando meses más tarde el juez del caso pidió al Tribunal Superior de Justicia que la imputase.
Dos filas detrás del escaño que ocupaba Cifuentes mantiene su acta Bartolomé González. Según la Guardia Civil, el exalcalde de Alcalá de Henares recibió 60.000 euros de una empresa de Púnica para que amañase un contrato. Otro exalcade con asiento en la Asamblea tiene problemas similares. La Policía acusa a Juan Soler, exregidor de Getafe, de amañar el contrato para la construcción de un teatro. Los agentes tienen conversaciones en las que Soler pide a su equipo que borren toda la información de los ordenadores del Ayuntamiento. Los dos siguen sentados en la Asamblea y aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El último movimiento de Cifuentes para tratar de mantener su imagen de regeneradora tuvo lugar la semana pasada. En medio del escándalo del máster, su Gobierno anunció que había denunciado a la Fiscalía las irregularidades del Campus de la Justicia, el macroproyecto de Aguirre para reunir las sedes judiciales. Inmediatamente después, la oposición en tromba criticó al Ejecutivo de Cifuentes, que un mes antes había rechazado ir con ellos a Anticorrupción para trasladar las conclusiones de la investigación parlamentaria.
El informe que ha llevado ante la Fiscalía el gobierno de Cifuentes es el que elaboró la Cámara de Cuentas. En él se incluyen las trabas que tuvieron que afrontar los consejeros de este organismo para recabar información: faltaban contratos y facturas, y la solución que les dieron los empleados de la sociedad pública dependiente del Ejecutivo regional es que accedieran ellos mismos a los documentos. La Cámara, de hecho, advierte de que el agujero puede superar los 100 millones de euros. El Gobierno de Cifuentes ha tenido que admitir que la denuncia que presentó con publicidad no añadía nueva información a lo que ya había desvelado el órgano fiscalizador.