La jueza Pilar de Lara, que investiga la Operación Pokemon, ha reclamado a diferentes empresas las facturas emitidas a cargos del PP de Ourense para averiguar si se ha estado “burlando” la legislación electoral y de financiación de partidos políticos, tal y como consta en un auto del pasado día 9 al que Efe ha tenido acceso.
Se interesa la magistrada en si ha existido un delito de falsedad documental, todo ello en base a las declaraciones de Emilio Pascual, gerente de este partido en la provincia hasta 2010, por ser él quien describió a la jueza “detalles muy concretos” de un presunto sistema de “recepción y de destino” de un dinero que podría dar forma a “una financiación ilícita mediante ”facturación falsa“.
De Lara cree que el presunto método consistente en facturar en falso para encubrir donaciones habría sido utilizado también por el PSOE de Santiago, recurriendo en este caso a una imprenta y a un grupo publicitario, que habrían facturado “falsamente” a dos empresas para sufragar gastos relacionados con campañas electorales.
La instructora menciona que del análisis de la documentación que se recabó hasta la fecha se desprende que existen divergencias, en concreto en el caso de un negocio de publicidad, así como que hubo una facturación mayor a la indicada.
La jueza ha demandado ahora más datos, desde el año 2003 hasta la actualidad, de facturas emitidas, entre otros, al grupo municipal del Partido Popular en Ourense, a filiales del Grupo Vendex y también a Aquagest.
De Lara solicita que se especifiquen de forma detallada los encargos realizados, la identificación de quienes los han hecho, los pedidos por la vía correspondiente -correos electrónicos o albaranes-; así como el detalle de las campañas y una copia de las impresiones o trabajos efectuados.
También los libros contables, haciendo constar la forma de pago, en metálico o por transferencia bancaria, y aportando justificantes documentales de los abonos.
Emilio Pascual dejó de ocupar su puesto de gerente cuando se hizo con las riendas del partido el actual presidente de la Diputación de Ourense Manuel Baltar, que decidió prescindir de sus servicios por el concepto que tenía de su profesionalidad y la falta de confianza.