El primer Pleno del periodo de sesiones celebrado este martes en el Congreso de los Diputados ha dibujado un escenario más que cómodo para el recién estrenado Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo progresista ha visto refrendada la mayoría que logró en la investidura de Pedro Sánchez el pasado 7 de enero –cuando obtuvo 167 votos a favor frente a 165 en contra y 18 abstenciones– e incluso ha contado con el voto a favor de PP y Ciudadanos para los dos primeros decretos que aprobó el Consejo de Ministros: la revalorización de las pensiones –289 'síes' y 49 abstenciones– y la subida del sueldo de los trabajadores públicos –291 votos a favor y 52 abstenciones–.
En una tarde inusualmente ordinaria en el hemiciclo, después de meses de bloqueo político y tras un largo periodo electoral, este martes se ha vislumbrado una clara mayoría de izquierdas para sacar adelante iniciativas sociales durante toda la legislatura, mientras volvían a quedar en evidencia las diferencias entre las fuerzas estatales y las nacionalistas en materia territorial.
Además, el Ejecutivo lograba el aval de dos de las tres derechas –PP y Ciudadanos– a sus primeras medidas, pese a la dura estrategia de oposición que se han fijado ambas para la XIV Legislatura, durante la cual pretenden no dar tregua al Gobierno, llevando a los tribunales cualquier decisión que no les guste y planteándose incluso salir a las calles como en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. “Felicidades a esas dos derechas han entrado en el juego y que no se han tirado al monte”, celebraba al final del Pleno el diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro.
Mientras en el lado derecho era Vox el que evitaba dar aire al Ejecutivo, las disonancias en la bancada de izquierdas las protagonizaban BNG y la CUP, que optaban por la abstención en las votaciones para convalidar los decretos sobre pensiones y salarios de los funcionarios al considerar que ambas iniciativas son “insuficientes” para las necesidades de la ciudadanía.
“Moneda de cambio”
Durante el debate sobre el decreto de la revalorización de las pensiones, el primero de la jornada, ERC trataba de dejar claro ese apoyo al Gobierno de izquierdas aunque solo en lo referido a la política social. “Nunca utilizaremos esto como moneda de cambio político”, recalcaba el diputado republicano, Jordi Salvador, al hablar del incremento del poder adquisitivo de los jubilados.
Él recordaba que el acuerdo suscrito con PSOE y Unidas Podemos para facilitar la investidura de Sánchez se sustenta sobre “dos pilares”. El primero, el que genera fricciones, es el de la “solución del conflicto político” en Catalunya. El segundo, el que permite el acercamiento entre los independentistas y el nuevo Ejecutivo, implica el “rescate de los derechos sociales, laborales y civiles para dar oxígeno a la clase trabajadora maltratada durante años”.
Además del apoyo de todas las fuerzas nacionalistas e independentistas que facilitaron la reelección de Sánchez, el Gobierno ha contado este martes, además, con el apoyo del principal partido de la oposición, el PP, así como su socio Ciudadanos. Con distintos matices, ambos partidos han apoyado tanto la revalorización de las pensiones como el incremento del sueldo de los funcionarios. Vox, tercera fuerza de la Cámara, ha optado en cambio por quedarse solo y romper el bloque de las derechas absteniéndose en la convalidación de ambos decretos.
Pese a ese voto favorable, PP y Ciudadanos aprovechaban sus turnos de intervención para cargar contra el Gobierno. El portavoz popular, José Ignacio Echániz, acusaba a Sánchez de utilizar las pensiones como “moneda de cambio y de coacción” frente a sus socios, y recordaba asimismo que el hoy líder socialista votó a favor de la congelación de las pensiones en plena crisis económica, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Sánchez usó con entusiasmo el botón verde. Esta iniciativa buscapurgar ese pecado, del día que ayudó a congelar las pensiones”, denunciaba Echániz.
Críticas al “uso compulsivo” del decreto
Por parte de Ciudadanos, también cargaban contra el Ejecutivo pese a su apoyo a la subida salarial de los funcionarios y a la revalorización de las pensiones: “Votaremos a favor, pero vamos a mostrar discrepancias al uso compulsivo del Real Decreto y al aumento salvaje del gasto público que vamos a pagar todos los españoles”, aseguraba el portavoz del partido que se dice liberal durante el debate, Pablo Cambronero.
Desde Vox, en cambio, decidían mostrar su perfil más radical evitando apoyar los decretos del Gobierno. El diputado Víctor González, que comenzaba su intervención pidiendo “a dios” una “ayuda para todos” los parlamentarios, consideraba que las iniciativas del Ejecutivo son “contrarias al interés de los españoles”. Y optaba por hablar de inmigración porque, a su juicio, el Gobierno “promueve la inmigración masiva” como respuesta al “invierno demográfico” y “para garantizar las pensiones”. González ha anunciado, así, “iniciativas para ordenar la inmigración” así como para “priorizar” la que comparte “nuestras costumbres, nuestros valores y especialmente la latinoamericana”.
Rifirrafes entre PP y Vox
Vox llegaba a protagonizar un enfrentamiento con el PP por una enmienda presentada por la extrema derecha a la modificación del Reglamento del Congreso para adaptar la Cámara a las nuevas comisiones de la Legislatura. En su propuesta, Vox planteaba que se redujera el número de comisiones, suprimiendo algunas de ellas como las de Cooperación, Derechos Sociales o Igualdad.
“Ese discurso no ayuda nada a la labor parlamentaria”, le reprochaba después al al defensor de la enmienda, Iván Espinosa de los Monteros, el diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro. Sobre la supresión de la comisión de Igualdad, el parlamentario popular advertía: “En eso somos distintos. Queda mucho camino por recorrer en la igualdad de trato de todos los españoles”. Estas alusiones de Bermúdez de Castro llevaban después al portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, a considerar que el PP había pasado de ser “derechita cobarde” a “derechita institucional”.
¿Qué dicen los decretos convalidados?
Con efectos de 1 de enero de 2020, el real decreto-ley sobre las pensiones convalidado este martes establece una revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva, del 0,9%. Por otro lado, contempla la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en caso de que la inflación en 2020 sea superior al incremento previsto de ese 0,9%.
En cuanto al Real Decreto-ley 2/2020, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, la convalidación permite que se establezca un incremento retributivo para cada uno de los diferentes colectivos que forman parte del sector público, con una subida fija del 2%, y de un 0,3% de fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia. También regula un incremento variable.
En último lugar, el Congreso ha dado su visto bueno a un tercer decreto –en este caso, con la abstención Ciudadanos y el voto en contra de PP y Vox– por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Esta norma, aprobada a finales de 2019, prorroga diferentes medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social cuya vigencia iba a finalizar con la entrada del nuevo año y que no se había podido tramitar por vía ordinaria al encontrarse el Gobierno en funciones.