Los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, del PSOE, y Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González, del PP, van a dejar de cobrar muy pronto los 8.500 euros (5.500 netos) que se embolsan mensualmente por pertenecer al Consejo Consultivo de Madrid. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha comenzado ya los trámites para suprimir este órgano consultivo tal y como se comprometió con Ciudadanos durante el pacto de investidura.
El equipo de Cifuentes ha solicitado los pertinentes informes para ver la viabilidad del proyecto de ley con el fin de poder llevarlo a un pleno de la Asamblea de Madrid durante el mes de septiembre.
La dirigente del PP se ha visto obligada a acelerar la medida después de que Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, la llamara “a capítulo” tras comprobar con perplejidad cómo su antecesor en el cargo, Ignacio González, pedía el ingreso pese a conocer el acuerdo. El expresidente regional figura en el organigrama del Consejo desde principios de julio como miembro “vitalicio”.
El portavoz de Ciudadanos no dudó en calificar la decisión del antecesor de Cifuentes de “falta de respeto”, “especialmente en estas fechas de verano en las que la carga de trabajo es muy limitada”. “González demuestra con ello que sigue perteneciendo a la vieja política, donde prima el interés económico y personal por encima del interés general”, afirmó entonces Aguado.
La justificación que da ahora el nuevo Gobierno regional es que hay que “racionalizar la propia estructura de la Comunidad y evitar las duplicidades”, dado que ya existe el Consejo de Estado -en donde también tienen derecho a estar con carácter vitalicio los expresidentes del Gobierno que lo soliciten-. Sus funciones, por tanto, serán asumidas por el Consejo de Estado, manteniendo con ello “las garantías de independencia e imparcialidad”.
El Consejo Consultivo de Madrid tiene un presupuesto anual de 2,3 millones de euros y lo preside el exdiputado del PP y exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa. En él se sientan siete Consejeros Electivos y los expresidentes regionales, que son Consejeros Permanentes: el socialista Joaquín Leguina, el exministro Alberto Ruíz Gallardón, y ahora Ignacio González, los dos del PP. Esperanza Aguirre renunció al puesto.
Cuando se suprima el órgano, los tres exmandatarios regionales se quedarán sin sus sustanciosos sueldos y sin sus prebendas, como disfrute de coche oficial y asistente.
Los letrados de este organismo pasarán a depender de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y los funcionarios quedarán adscritos provisionalmente a la Consejería de Presidencia y Justicia para ser poco a poco reubicados en otros departamentos, según ha explicado Cifuentes.
¿Qué pasará con Leguina, Gallardón y González?. La presidenta regional no ha dado muchos detalles sobre este punto y aunque ha avanzado que lo estudiará con los demás grupos de la Asamblea, se ha limitado a señalar que “la regulación del estatus de los expresidentes es un asunto que hay que abordar y hacerlo en términos muy similares a cómo se está haciendo en otras comunidades y países europeos”.
Para dejar todo “bien atado”, Cifuentes ha cerrado una entrevista con Leguina y Gallardón esta semana, a petición de ambos, para tratar sobre su futuro.