El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, siempre polémico por sus excesos verbales, pudo contenerse durante su interrogatorio como acusado en la primera jornada del juicio por las 'comfort letter' por firmar tres cartas de conformidad en 2008, 2010 y 2011 para avalar distintos créditos para la operación de soterramiento del ferrocarril. Sólo tuvo un atisbo de genio cuando indicó al abogado de la acusación popular, ejercida por el Ayuntamiento de Valladolid, que consultase en el diccionario de la RAE el significado de 'avalar'. Pero una vez que el juicio finalizaba con las dos acusaciones, la pública y la popular, llevando a definitivas las peticiones de penas de entre 3 y 9 años de prisión, estalló.
León de la Riva hizo uso del derecho a decir la última palabra antes de que la causa quede vista para sentencia, y arremetió contra todos. Contra el alcalde actual, Óscar Puente (PSOE), por los tres años de “calvario” que ha hecho pasar a él y a su familia desde que optó por la vía penal y no por la administrativa, y contra la Fiscalía, que le pide 9 años de prisión y 33 de inhabilitación “que por razones de la pura biología son imposibles de cumplir”.
De Puente dijo que ha incumplido un pacto alcanzado por los dos para que el asunto se resolviese en vía administrativa. La conversación se produjo, según su versión, en septiembre de 2015, cuando el nuevo equipo de Gobierno tuvo conocimiento de una de las 'comfort letter' que obligaba al Ayuntamiento a pagar 100 millones del crédito del soterramiento del tren -que no se llevó a cabo-. “Me dijo (Puente) que iba a buscar una solución porque le preocupaba mucho, y que evitaría la vía penal”, recordó León de la Riva. Sin embargo, debido “a los incordios” del Grupo Municipal Popular, siempre según su versión, Puente olvidó el pacto, y después su intención de retirarse de la vía penal, según comunicó “al secretario de Fomento”.
León de la Riva también hizo reproches a la Fiscalía: “Por la firma incorrecta de unas cartas, me piden más prisión que a La Manada o que a los del golpe de Estado de Cataluña, cuando lo que ha pasado es que yo desconocía la trascendencia de unas cartas de conformidad que hasta entonces nunca se habían tramitado en el Ayuntamiento”, criticó.
Junto a León de la Riva, están acusados dos de sus concejales en el momento de los hechos, Manuel Sánchez, de Movilidad y Alfredo Blanco, de Hacienda, si bien ellos se enfrentan a penas de 24 años de inhabilitación, no de cárcel. Según el Ministerio Fiscal, los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación”, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la 'confort letter' “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.