El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha declarado esta mañana en la Audiencia Provincial en el juicio que se sigue contra él y dos de sus concejales por el caso 'comfort letter', que convirtió al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad, encargada de tramitar el fallido soterramiento del tren. Las cartas de conformidad, tres documentos firmados por el exregidor no pasaron por el Pleno ni por la intervención municipal como era preceptivo.
León de la Riva ha entrado en la Audiencia Provincial de Valladolid bajo un fuerte dispositivo policial, y con medidas que han incluido la retirada de teléfonos móviles al escaso público asistente.
El juicio ha sido suspendido brevemente mientras el tribunal dilucidaba la cuestión previa planteada por el letrado de uno de los concejales, que entendía que el Ayuntamiento no estaba legitimado para ser acusación popular por cambios legales en la figura de perjudicado y atendiendo a declaraciones del actual alcalde, Óscar Puente, que declaró hace unos días que el perjuicio económico se había subsanado gracias a un acuerdo con Adif. Finalmente, se desestimó la petición.
De la Riva ha asegurado que desconocía el significado real del término 'comfort letter', “algo de lo que parece que ahora todo el mundo sabe”, pero que en el momento de las firmas (2008, 2010 y 2011) eran para él “cartas de cortesía” y no un documento financiero. Aún así, ha remarcado que si los documentos hubiesen pasado por el Pleno, la intervención municipal y la secretaría general, el resultado hubiera sido el mismo, puesto que “el alcalde tenía la mayoría absoluta en ese momento”.
León de la Riva recordó, además, que supo de la trascendencia de los documentos cuando el alcalde actual, Óscar Puente (PSOE), le llamó poco después de tomar posesión para comentarle que había aparecido una 'comfort letter' firmada en 2011. La primera de las cartas, que rubricó en julio de 2008, llegó a él de manos de una empleada de Sociedad Alta Velocidad que posteriormente la llevó al Ministerio de Fomento.
Para explicar el desconocimiento de su alcance, León de la Riva ha señalado que en las cartas había espacios en blanco que no se rellenaron, y que así quedaron, sin que las entidades financieras pusiesen reparos. Además, ha insistido en que nadie sabía que las cartas eran avales puesto que en uno de los consejos de administración, el director de carreteras de la Junta de Castilla y León preguntó si se iban a firmar avales para el crédito de la sociedad, que llegó a alcanzar los 400 millones, y el secretario de Estado de Infraestructuras respondió que no.
El exalcalde ha prometido además que firmaba “miles de cartas cada mes” pero que cuando se trataba de “documentos” siempre iban acompañados de informes del interventor y del secretario. El abogado del Ayuntamiento quiso que León de la Riva explicase cuatro noticias aparecidas en prensa en las que se hablaba de los avales para los créditos de la Sociedad Alta Velocidad, pero el presidente del tribunal evitó que respondiese, restando importancia a lo que aparece en prensa y recordando al letrado que forman parte de la documental del procedimiento. A pesar de ello, León de la Riva, empezó a contestar remitiendo al abogado “al diccionario de la Real Academia de la Lengua y a su definición de aval”, respuesta que fue frenada también por el juez.
La Sociedad del Soterramiento, de la que el Ayuntamiento tenía el 25% necesitaba ampliar el crédito de 400 millones de euros. El pago, recordó León de la Riva, se podía afrontar con la venta de 100 hectáreas de suelo que se iban a liberar. Esos eran los planes en 2003. Y para apoyar la viabilidad de esas previsiones, se refirió a que el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, hizo constar en un documento que si se producían beneficios mayores, había que repartirlos entre las administraciones que conformaban la sociedad.
La declaración del entonces concejal de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Sánchez, ha sido más breve: no recordaba que el asunto de la 'comfort letter' se hubiese tratado en ningún consejo, ni tuvo ninguna reunión en la que se le informase. “Yo sólo me preocupaba de lo que es movilidad e infraestructuras, lo demás lo desconocía, a mí nunca me mandaron nada por mail ni me dijeron nada por teléfono. Yo pensaba que estaba todo bien hecho, era un profano en temas económicos”, ha asegurado.
Sánchez ha reconocido que votaba como consejero de la Sociedad Alta Velocidad, pero que todos “votaban lo mismo”. “Si a mí me hubiesen pasado esos documentos, habría hecho como siempre, llevarlos al interventor y al secretario para saber qué eran. Yo me iba enterando de lo que se debatía en los consejos, pero lo mío era el planeamiento”.
El que fue concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, que no comparte abogado con León de la Riva y Sánchez y que declaró en la instrucción de la causa que antes de cada consejo les remitían “documentación muy voluminosa”, negó haber recibido un mail en el que aparece su dirección con la 'comfort letter'. “Había días que ni abría el correo y se llenaba el buzón”, dijo. Además, quiso matizar su declaración de que a los consejos llegaba todo “cocinado”, y explicó que quiso decir que había un acuerdo previo entre las administraciones.
Sobre la trascendencia de las cartas de conformidad, declaró que en ese momento desconocía qué implicaban e ironizó diciendo que “ahora todo el mundo es catedrático en 'comfort letter”. Aún así, mantuvo que no podían tratarse de un aval puesto que la sociedad era independiente del Ayuntamiento, y que, por lo tanto, es imposible que pueda avalarla. Además, añadió que él no tenía que estar al tanto, que su Concejalía no tenía nada que ver y prueba de ellos es que el Ayuntamiento ha firmado recientemente una comfort letter para el consorcio ferial, y que la asume la concejalía competente en la materia, en este caso Comercio y Turismo, y no Hacienda.
La Fiscalía de Valladolid solicita una pena de 9 años de prisión, 33 de inhabilitación y multa de 7.200 euros para el exalcalde Javier León de la Riva (PP) por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental. Alfredo Blanco, que renunció a su acta de concejal hace unos meses, se enfrenta a una pena de 24 años de inhabilitación por tres delitos de prevaricación, al igual que el exconcejal de Movilidad, Manuel Sánchez, ya retirado de la vida política.
Según el Ministerio Fiscal, los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación”, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la 'confort letter' “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.
El juicio continuará mañana miércoles con la declaración de los testigos, entre los que se encuentra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.