El secretario general del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor de la Cámara, Carlos Gutiérrez Vicén, provocó que el atestado policial contra los activistas que lanzaron agua de remolacha contra la fachada del Parlamento incluyera una acusación por delito contra las instituciones del Estado. Para que se produzca este delito es necesario “alterar el normal funcionamiento de las Cortes”, justo lo que recogió Gutiérrez Vicén en el escrito que dirigió a la Comisaría del Congreso, pese a que los diputados se enteraron de lo que había ocurrido en tiempo real, pero a través de las noticias en los medios de comunicación.
En el atestado policial 1393/2022, la Brigada de Información reproduce las valoraciones que el letrado de las Cortes Carlos Gutiérrez Vicén hace de lo ocurrido a las 9:40 horas, durante el pleno del 6 de abril. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, Gutiérrez Vicén concluye: “Pese a no producirse una interrupción formal, hubo una alteración notoria en la sesión porque hubo que alertar a la presidenta de la Cámara y al ministro del Interior, a quienes se informó sobre los hechos y las medidas adoptadas”.
Y añade como refuerzo de su argumento: “Al hacerse públicas las imágenes entre los diputados se produjo una cierta reacción en el hemiciclo dando lugar a distintas manifestaciones por parte de los intervinientes desde la tribuna de oradores”. El escrito de Gutiérrez Vicén lleva fecha del 24 de mayo y responde a una petición de la Brigada Provincial de Información, formulada a través de la Comisaría especial del Congreso de los Diputados.
Con esta afirmación de Gutiérrez Vicén, la Brigada Provincial de Información concluyó que los activistas de Extinction Rebelion y otras organizaciones contra el cambio climático habían cometido, entre otros, un delito contra las instituciones del Estado. El 6 de junio, la unidad especializada en extremismos de la Policía detuvo a 14 activistas, entre ellos varios científicos.
Estas conclusiones provisionales se han topado con la desconfianza del fiscal de Medio Ambiente asignado a la causa, Guillermo de Ávila, quien considera que “lo que realmente más se vio alterado en su normal funcionamiento no fue tanto el órgano legislativo como el normal funcionamiento de la unidad policial especial adscrita al órgano constitucional”.
Según el escrito del fiscal incorporado a la causa, los policías del Congreso tuvieron que dejar su rutina para pedir “refuerzos” al Ministerio del Interior y no pudieron “atender debidamente las complejas funciones ordinarias que les incumben”.
El fiscal, ante las dudas que le produce el atestado policial, solicitó que se oficiara a la Presidencia del Congreso si la protesta “supuso realmente una perturbación grave de la sesión plenaria (…), si motivó alguna suspensión, interrupción o retardo respecto a los asuntos que estaban señalados en el orden del día, si motivó alguna incomparecencia de algún diputado que posteriormente justificara su inasistencia por no haber podido acceder a la cámara o cualquier otra alteración relevante que en la actuación de los diputados pudieran haber causado dichos hechos que se investigan en este procedimiento”.
La respuesta de Batet indica que la acusación de delito contra las instituciones del Estado decaerá. Según fuentes parlamentarias, la presidenta del Congreso desconocía el escrito del secretario general del Congreso y recientemente ha atendido al requerimiento que el juzgado ha hecho a la Presidencia de la Cámara. En su escrito, Batet asegura que el pleno no se suspendió ni se interrumpió por la protesta que hubo fuera. Tampoco hubo comunicación de diputado alguno expresando que los manifestantes le hubieran dificultado el acceso a la Cámara. Las mismas fuentes señalan a elDiario.es que se ha adjuntado a la respuesta el diario de sesiones y el vídeo correspondiente al pleno.
En el libro de sesiones está recogido cómo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se refirió a la protesta. Comenzó agradeciendo a la comunidad científica su “esfuerzo y compromiso” e instó a atender a “sus recomendaciones”. “Sin embargo, lamento decir que no comparto la idea de que lanzar pintura contra la fachada de las Cortes Generales sea la mejor manera de lograr nuestros objetivos”, añadió.
La Secretaría General del Congreso, que encabeza Gutiérrez Vicén, es un órgano asesor en materia técnica y jurídica a los diputados “bajo la superior autoridad” de la Mesa del Parlamento y la presidenta del Congreso. El cargo está ocupado por un letrado de las Cortes que es elegido por el presidente de la Cámara, a propuesta de la Mesa, entre los letrados del Congreso con más de cinco años de antigüedad. Gutiérrez Vicén llegó al cargo en marzo de 2014, con Jesús Posada como presidente de la Cámara, continuó con Patxi López y Ana Pastor, quienes, al igual que Batet, decidieron no removerlo del puesto.
Una protesta “urgente”
Dos centenares de activistas contra el cambio climático se concentraron frente al Congreso el 6 de abril pasado. Se trataba de una acción enmarcada dentro de protestas mundiales a raíz de la publicación de un informe del Panel Científico de la ONU advirtiendo de la irreversibilidad del calentamiento global y de las consecuencias que provocará en todo el Planeta si no se toman medidas drásticas y urgentes.
De entre los manifestantes, un grupo de ellos lanzó en un momento de la protesta lo que parecía pintura contra la fachada del Congreso, la escalinata y los leones. A continuación protagonizaron un sentada pacífica. La pintura no resultó tal sino agua teñida de remolacha para no causar daños al edificio público.
Las detenciones se produjeron el 15 y 16 de junio. Portavoces policiales negaron que la acusación contra una institución del Estado fuera uno de los motivos de los arrestos, según había adelantado en elDiario.es y como así constaba en las actas de detención y el atestado policial. La mayoría de los activistas fueron arrestados al responder a la citación que habían recibido para acudir a la sede de la Brigada Provincial de Información.
El artículo 494 del Código Penal castiga con entre seis meses y un año de cárcel a los que “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” ante las sedes de parlamentos nacionales o autonómicos, siempre que las cámaras estén reunidas y se “altere su normal funcionamiento”.
El fiscal recupera las partes del atestado policial que hacen referencia al informe de una empresa especialista contratada, la cual determinó que, además del agua a presión, fueron necesarias “tareas de restauración” sobre “elementos de piedra” que resultaron “fragmentados” durante la citada limpieza. También decía el peritaje que los trabajos estuvieron destinados a “evitar procesos biológicos de proliferación de microorganismos o formación de verdín”.
Si a esto se le añade que el Plan General de Ordenación Urbana concede al Congreso la categoría de monumento, los hechos protagonizados por los activistas pasarían de “un mero deslucimiento a un delito de daños con regulación especial en el Código Penal” por tratarse de daños al patrimonio histórico. La Policía también dejó constancia de un posible delito de desórdenes públicos y otro de resistencia a la autoridad por parte de los activistas, que realizaron una sentada pacífica.
No es la primera vez que la Policía, y concretamente la Brigada de Información de Madrid, intenta que la Audiencia Nacional, competente en los delitos contra las instituciones del Estado, investigue una protesta frente al Congreso. En 2012, el juez Santiago Pedraz frenó la pretensión de atribuir a los convocantes de Rodea el Congreso un delito contra las altas instituciones del Estado a partir de un atestado policial en el que se les culpaba de los disturbios que al término de la protesta, con incidentes que no llegaron a sobrepasar en ningún momento el cordón policial que separaba a los manifestantes del Congreso. En un duro auto, Pedraz reprochaba a la Policía que se empeñase en criminalizar la protesta más si cabe en un momento, escribió, de “decadencia de la clase política”.