El informe de los letrados del Congreso sobre el proyecto de ley de amnistía que presentó el PSOE pone diversas pegas al texto y llega a dudar, incluso, de que tenga encaje en la Constitución. Los técnicos de la cámara baja apuntan a la “indefinición” de los delitos que quedarían amnistiados, critican que pueda abarcar a actos terroristas no sentenciados en firme, que se puedan llegar a suspender órdenes europeas de detención como las que afectan a Carles Puigdemont y que pueda “desbordar la naturaleza de ley singular” y vulnerar la Constitución. Tras conocerse el contenido del informe, el PP ha pedido explicaciones a la presidenta del Congreso.
El documento, adelantado por La Vanguardia, ha sido elaborado por tres letrados de Justicia de la cámara baja: Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo. La primera, letrada de las cortes desde 1981 y hermana de Pío García-Escudero, y la segunda alto cargo de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa. Y llega después de que el pasado mes de noviembre el letrado mayor de la cámara, Fernando Galindo, exalto cargo del Ministerio de Política Territorial que dirigía entonces Isabel Rodríguez, diera el visto bueno a la tramitación de la norma en un examen más superficial y formal del proyecto registrado por el PSOE.
La principal crítica tiene que ver con el andamiaje legal que proponen los socialistas: “Plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional”, dicen los letrados, al entender que desborda “la naturaleza de ley singular”.
Otras críticas tienen que ver con los delitos que se incluyen en la amnistía, su extensión temporal o la suspensión de algunas órdenes europeas de detención. En cuanto a los delitos, el texto entiende que la norma debería ser mucho más clara y precisa: “Se aprecia la falta de determinación tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron”, algo que según está recogido ahora en el proyecto “no se corresponde con el carácter excepcional” de una norma como una amnistía. Esto, dice el informe, “puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica” y dificultar la aplicación de la ley.
Ven un problema también en incluir entre los delitos amnistiables el de malversación, por el que fueron condenados junto con sedición los líderes del procés en el Tribunal Supremo y delito por el que está procesado en la actualidad Carles Puigdemont. La crítica viene porque es un delito que también tiene alcance europeo: “Podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole, perseguidas por el Derecho de la Unión Europea”.
La amnistía de los delitos de terrorismo
Sobre los delitos de terrorismo, quedan excluidos según el proyecto pero solo en caso de que haya recaído sentencia firme en el procedimiento. Esto excluiría, por ejemplo, a los CDR si fueran condenados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Aquí, según el informe de los letrados, también choca con el derecho comunitario: la normativa europea, recuerda el documento, requiere a los Estados miembros a adoptar medidas para que se castigue el terrorismo y también “la complicidad, la inducción y la tentativa”.
Este es uno de los puntos de fricción entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes. En sus enmiendas presentadas ayer, ERC y Junts tienen como principal petición que no se excluya a los condenados por terrorismo para amnistiar a los acusados en el caso de los CDR y del Tsunami Democràtic.
Finalmente, dedican varios párrafos a otro aspecto de la norma de amnistía que afectaría directamente a Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés que siguen fuera de España desde 2017: las suspensión de órdenes europeas de detención. “Podría incidir en el ámbito propio del Derecho de la Unión Europea, especialmente cuando la privación de efectos a la orden de detención europea afecte a los delitos de terrorismo y malversación”, dice el documento. Puigdemont está acusado de malversación por el Tribunal Supremo.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está dispuesto a “dialogar” sobre posibles enmiendas, pero que el olvido penal no alcanzará a delitos de terrorismo sentenciados en firme. “Es un principio en el que estamos muy convencidos”. Ha destacado también que en 2018 los letrados de la cámara baja concluyeron que sería constitucional una ley de amnistía para eliminar las sanciones impuestas a unos guardias civiles que reivindicaron el derecho a crear una asociación profesional.
El PP pide explicaciones a Armengol
Tras conocerse el informe, el PP ha instado este miércoles a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a “aclarar cuál es su posición jurídica” ante los “dos informes distintos y contradictorios” que han publicado los letrados de la Cámara Baja, informa Aitor Riveiro. El primero, el del secretario general, que avaló la admisión a trámite de la ley de amnistía. El segundo, el de los letrados de la Comisión de Justicia, que dudan de la constitucionalidad de la norma. El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha preguntado si “el letrado mayor va a reconsiderar” su análisis de la proposición de ley que presentó el PSOE.
En un encuentro de dirigentes del PP con periodistas para hablar de la reunión interparlamentaria del partido que se celebrará este fin de semana en Ourense, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado también que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia se distribuyera ayer mismo, y después de cerrarse el plazo de enmiendas parciales, según ha dicho. Algo que ha catalogado como propio de la “factoría Armengol”.
Tellado ha concluido que “cualquier socialista de bien tiene que asumir que el Gobierno se ha equivocado”.
“El dilema jurídico está en la posición de los letrados. Si todos los letrados opinan como los de la Comisión de Justicia el secretario general del Congreso tendría que plantearse su continuidad en el cargo”, ha señalado por su parte Pons.