La Ley de Fondos Reservados y Juan Carlos I centran las discrepancias de PSOE y Unidas Podemos en Kitchen

Las diferencias que intentan superar en sus conclusiones de la comisión Kitchen el Grupo Socialista, de una parte, y los de Unidas Podemos y los independentistas, de otra, les devuelven a dos campos que les separan, cuando no enfrentan, recurrentemente: el Gobierno de Felipe González y la monarquía. Son las distintas referencias a la Ley de Fondos Reservados que ambos recogen en sus escritos y una alusión a Juan Carlos I de Unidas Podemos las discrepancias que intentan salvar para presentar un texto conjunto que sí coincidiría en señalar que el espionaje a Bárcenas fue conocido, cuando no consentido o autorizado, por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. 

Unidas Podemos negoció previamente un acuerdo con ERC, EH Bildu, Junts y la CUP en el que concluían que la operación Kitchen tuvo que tener necesariamente el “conocimiento” y la “aquiescencia” de Rajoy y Cospedal, por encima de las responsabilidades de los máximos responsables del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Los socialistas, por su parte, consideraron que la operación fue dirigida desde tres sedes: Interior, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y la cúpula del PP, y que desde esta última, Cospedal informaba a Rajoy.

Un aspecto clave en la investigación judicial es que la operación “parapolicial” se cargó a los fondos reservados. Y es aquí donde socialistas y Unidas Podemos discrepan. Para los primeros, los responsables de la operación burlaron los mecanismos de control previstos en la Ley de Fondos Reservados, aprobada en 1995 por el Gobierno de González tras destaparse el uso de esas partidas públicas en el terrorismo de Estado de los GAL. Para los segundos y también para los independentistas, es precisamente esa Ley, aprobada durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior –con Margarita Robles de número dos–, la que ha propiciado y auspiciado ese uso desviado de los fondos reservados.

El grupo de Unidas Podemos y los independentistas catalanes y vascos concluyen que la “mala praxis” en el seno del Ministerio del Interior se ha podido dar gracias a “una cultura de la impunidad y unas concepciones particulares de lo que es el significado de patriotismo heredadas de regímenes anteriores”. Y ya en concreta alusión a cómo se sufragó la operación Kitchen suman “una legislación deficiente y obsoleta”, en referencia a la Ley de Fondos Reservados, la Ley de Secretos de Estado y la “Ley de Medallas”, de las que aseguran “han servido de base legal para perpetuación de las malas praxis”. Para los socialistas, sin embargo, lo que ha ocurrido es un “descontrol absoluto de los fondos” pero, según su visión, eso no está propiciado por el texto vigente donde se establece “un especial sistema de justificación y control” y que incluye que solo se dediquen a “financiar las actividades para la defensa y la seguridad del Estado”.

Por otra parte, Unidas Podemos y sus aliados en las conclusiones acordaron introducir un párrafo sobre afirmaciones de Villarejo respecto a la documentación en poder de Bárcenas que buscaba la brigada política y que no se ceñía a la caja B del PP y sus responsables. El comisario aludió a otra información referente a cuentas en Suiza de “personas relevantes del Estado español y que entre ellas podría haber información del rey emérito”, recoge el escrito. “Fue esta información para beneficio propio de Villarejo lo que supuso su enfrentamiento con el CNI y su posterior caída”, añaden. El PSOE no alude en ningún momento a que la documentación que querían recuperar los policías en Kitchen tuviera que ver con algo diferente a la financiación irregular del Partido Popular. 

El CNI y el que fue su máximo responsable con gobiernos socialistas y del PP, Félix Sanz Roldán, también aparece en otro punto de discordia entre ambas partes. Para Unidas Podemos y los independentistas, la “caída de la estructura de la policía patriótica” que había actuado eficientemente durante un tiempo, se debió a la denominada “guerra de comisarios”, un enfrentamiento hostil entre Villarejo y Martín-Blas, máximo responsable de la UAI [Unidad de Asuntos Internos de la Policía] y Sanz Roldán, máximo responsable del CNI“. 

Los socialistas, como el resto de grupos, recuperan la conclusión de la comisión referente al uso partidista de los medios del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, que aludía a la Operación Catalunya o el informe PISA contra Podemos, pero deja fuera cualquier posible participación del Centro Nacional de Inteligencia en Kitchen, a diferencia de lo que traslucen testimonios de investigados, anotaciones de Villarejo y Francisco Martínez, y alusiones a la participación de otros servicios de información, distintos de la Policía, que hace Anticorrupción y que el juez Manuel García Castellón ha ignorado.

El PSOE considera su negativa a aludir al CNI, una “línea roja” en la negociación, según fuentes de la misma. Al cierre de esta edición, fuentes de los grupos señalados admitían una negociación para presentar un texto de conclusiones conjuntas.