La ley de transparencia en la que trabaja el Gobierno abrirá las entretelas de la Casa Real pero se quedará a medias en lo que respecta a la Iglesia Católica. El ejecutivo planea dividir en dos grupos a las entidades afectadas por el texto legal: en el primer grupo se sitúan a todas las administraciones públicas; en el segundo, a las entidades con una esencial financiación pública en el conjunto de sus cuentas.
La diferencia de figurar en la lista 1 o en la lista 2 es sustancial. Mientras el primer grupo deberá hacer públicas sus cuentas, además estarán obligados a permitir el acceso a la información por parte de los ciudadanos. El segundo grupo, en el que se incorpora la Iglesia, tan solo estará obligado a publicar sus cuentas y explicar en qué se gastan el dinero, siempre que las subvenciones públicas se sitúen alrededor del 50% de toda su financiación. Para este segundo grupo, “la obligación es respecto a todos sus gastos y respecto a todos sus ingresos”.
De este modo, a la institución religiosa no se le podrá exigir tener una página web con información ni a responder activamente las consultas de los ciudadanos. Así lo señalan fuentes del Gobierno consultadas por eldiario.es. Según estas fuentes “a la Iglesia no le podemos obligar a crear cauces de acceso a la información para los ciudadanos”.
El trato que recibirá la Iglesia es parejo al que el Gobierno reserva para partidos políticos o sindicatos. Según el ejecutivo, aunque el Gobierno no obligue, la institución religiosa podría decidir abrir sus archivos a quien los quiera ver, aunque parece poco probable.
¿Ha consultado el Ejecutivo con las autoridades eclesiásticas los detalles de su inclusión en la Ley? A la sencilla pregunta, fuentes del grupo parlamentario popular responden con un lacónico “no me consta”.
El Congreso de los Diputados ha sido este lunes el escenario de un encuentro a puerta cerrada en donde el Gobierno ha dialogado con los grupos parlamentarios sobre sus planes para hacer de la transparencia un derecho efectivo. Mientras IU se opone prácticamente al contenido global de los planes del Gobierno en esta materia, el PSOE plantea sus quejas en el aspecto más concreto referido a la institución eclesiástica. Los socialistas han pedido que la Iglesia figure en la primera lista con todos los deberes en base a la importante cantidad de fondos públicos que recibe.
En este punto las fuentes del Gobierno consultadas por esta redacción no saben precisar qué porcentaje del dinero de la Iglesia es aportado por el Gobierno. Según estas fuentes, “es muy complicado de calcular”. “La Iglesia hace cosas que le ahorran dinero al Estado. Con toda seguridad el Estado financia a la Iglesia por encima del 50% de sus gastos, pero es difícil precisarlo”.
El Gobierno no quería incluir a la Casa Real
Con respecto a la sorpresiva inclusión de la Casa Real en la Ley, fuentes de Moncloa confirman a eldiario.es que “el criterio del Gobierno era no incluirla, pero no hasta el punto de que esa ley pierda apoyos”. Dicho de otro modo, el equipo de Rajoy comprendió que sin la Casa Real dentro, la ley quedaría vacía de sentido. La monarquía podrá apoyarse en la letra pequeña del texto que planteará que cuando medien asuntos de seguridad nacional el detalle de los datos aportados al común conocimiento será limitado.