La Ley de Vivienda se enfrenta a su primera votación en el Congreso con los socios del Gobierno divididos

La Ley de Vivienda, una de las principales normas de la legislatura del Gobierno de coalición que, sin embargo, en los últimos meses ha producido numerosos choques entre PSOE y Unidas Podemos, se enfrenta este jueves a su primera votación en el Congreso con el bloque de la investidura completamente dividido. Los socios del Ejecutivo con más fuerza parlamentaria, ERC y PNV, intentan tumbar el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero con sendas enmiendas a la totalidad que se votarán en el Pleno a no ser que en las próximas horas fructifiquen las negociaciones que mantienen desde la coalición con esas dos fuerzas políticas.

También han solicitado la devolución de la normativa PP, Ciudadanos, PDeCAT y Junts, por lo que las fuerzas que componen el Gobierno reconocen su inquietud ante un debate de totalidad que este martes, a 48 horas de la votación de esas enmiendas, aún no daban por ganado.

Las negociaciones del Ejecutivo se centran especialmente en ERC que, como el PNV, ciñó su enmienda al ámbito competencial ya que, según recuerda su texto alternativo, “todas las comunidades autónomas tienen asumida en sus estatutos de autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda”. Las fuentes del Gobierno consultadas confían en que estas conversaciones puedan hacer que los republicanos retiren su iniciativa o que, al menos, garanticen que no vayan a apoyar las otras enmiendas registradas. Esos 13 escaños de ERC podrían ser decisivos para tumbar la ley del Ejecutivo en una votación que Moncloa prevé ajustada.

Este martes otros socios del Gobierno como EH Bildu, Compromís y Más País daban algo de oxígeno al equipo de Pedro Sánchez al anunciar que su intención es votar en contra de esas enmiendas a la totalidad. Pero desde los partidos del Ejecutivo temen que esos apoyos no sean suficientes y que el jueves pueda evidenciarse una nueva situación de debilidad parlamentaria como la que se vio en la votación de la reforma laboral, que fue aprobada por un solo voto, tras el error del diputado del PP Alberto Casero.

Los problemas con el informe del CGPJ

Esta ley estatal “por el derecho a la vivienda” al que el Gobierno dio luz verde hace apenas un mes ya tuvo que retrasarse varias semanas por las discrepancias que se dieron en el seno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) a la hora de elaborar el informe sobre la norma, que es preceptivo aunque no vinculante. Inicialmente el máximo órgano de los jueces elaboró un borrador favorable, pero que no contó con el apoyo mayoritario de los magistrados. Después se elaboró un segundo informe, que sí fue aprobado y que se mostró en contra de la ley del Ejecutivo.

Pese a este rechazo, el Gobierno sacó adelante la ley, la primera que regula esta materia en los más de cuarenta años de democracia. La regulación de la vivienda, las medidas para frenar los precios del alquiler y poner freno a las prácticas de los grandes tenedores (propietarios) estaban entre los objetivos del acuerdo del Gobierno de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos en 2019.

En el texto del pacto ya se recogían puntos que aparecen en la ley que ahora llega al Congreso como la existencia de zonas tensionadas con los alquileres disparados, la necesidad de poner en marcha un índice de precios para mitigar esas subidas, o medidas para regular los desahucios. Sin embargo, las negociaciones entre ambas formaciones han sido largas, principalmente entre los dos ministerios que firman el texto: el de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Raquel Sánchez; y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por la líder de Podemos, Ione Belarra.

La formación confederal, al igual que socios del Gobierno como ERC y EH Bildu, siempre quiso que el texto fuera más ambicioso y que limitara de forma explícita los precios de los alquileres, tal y como reclaman los colectivos que luchan por el derecho a la vivienda y en contra de los desahucios. Finalmente la ley si contempla el control de precios aunque se ciñe a grandes tenedores y en zonas tensionadas, aquellas áreas donde los precios han crecido de forma excesiva en los últimos años. También contempla ampliar la oferta de viviendas poniendo en el mercado pisos vacíos, recoge medidas relativas a los desahucios e insta a promover la vivienda asequible.

Las reivindicaciones de los socios

Aunque finalmente el Ejecutivo consiga superar el debate de totalidad y la ley continúe su tramitación parlamentaria, sus socios ya han reivindicado la necesidad de introducir cambios para llevar más lejos la regulación de la vivienda, con propuestas planteadas por distintas organizaciones sociales y los principales sindicatos.

“Las propias plataformas no nos plantean que devolvamos la ley, sino trabajar en el recorrido legislativo para que incluyamos sus propuestas”, señaló este martes Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, en rueda de prensa. A su juicio, en esa tramitación se debe “corregir cualquier elemento de invasión competencial”, argumento en el que basan sus enmiendas el PNV y ERC. Pero para la formación independentista vasca también es necesario dar “un paraguas jurídico” a la regulación antidesahucios.

Desde Compromís y Más País realizan reivindicaciones similares. “No es la ley que nos gustaría”, señalaba este martes el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que espera registrar enmiendas parciales para “regular bien los alquileres”, garantizar un suministro básico de energía y agua, que se paralicen los desahucios y se garantice una segunda oportunidad hipotecaria. “Vamos a ser muy exigentes”, vaticinó.

También para Íñigo Errejón, de Más País, la propuesta del Gobierno es “tan descafeinada que es un vaso de agua”. En su caso, denuncia que la nueva ley “deja en manos de las comunidades autónomas” la regulación de precios de los alquileres y retrasa año y medio su puesta en marcha. “Vienen situaciones duras y no queremos que la sufran los más vulnerables”, concluyó en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja antes de la Junta de Portavoces.