El 15 de enero de 2020, sólo dos días después de que los ministros del Gobierno de coalición prometieran sus cargos, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos recibió la primera reprimenda del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano, dominado por una amplia mayoría conservadora y que ya tenía un mandato caducado que ahora supera los tres años, lanzó un primer aviso a Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces a propósito de sus palabras sobre el procés en una entrevista. Aquel encontronazo, que llevó a la Moncloa a cerrar filas con el entonces vicepresidente, fue el primero de una serie de desencuentros entre ambos poderes del Estado que ha tenido en la ley de vivienda su último episodio.
El pasado jueves, el pleno del CGPJ sacó adelante un informe crítico con esta norma, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición. Los mismos 15 vocales que hace dos semanas habían tumbado una propuesta de dictamen que avalaba la ley suscribieron un texto que, entre otras cuestiones, pone objeciones a medidas clave como la limitación del precio del alquiler en las llamadas áreas tensionadas. Cinco de los seis vocales del minoritario sector progresista que votaron en contra del informe definitivo suscribieron este viernes un contundente voto particular en el que califican de “coherente y coordinada” la nueva ley y acusan a la mayoría de extralimitarse en sus funciones.
Aunque es preceptivo, las conclusiones de ese dictamen no son vinculantes para el Ejecutivo, que está decidido a llevar su texto al Consejo de Ministros del próximo martes sin modificar ningún aspecto esencial. De esta manera, se podrá iniciar la tramitación parlamentaria de una norma a la que los socios se comprometieron hace un año tras una tensa negociación. Pese a ello, nadie en el Gobierno oculta el “malestar” con el órgano de gobierno de los jueces por un dictamen que, sostienen, hace demasiadas consideraciones políticas.
Fue muy explícita la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que en un mensaje en su cuenta de Twitter afirmó a propósito del dictamen que “la parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas” y puso como ejemplo las leyes del aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia o la violencia de género antes de advertir de que “habrá ley de vivienda”.
“Acabarán dándonos la razón”, apuntó, por su parte, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que también hizo alusión a otras normas que han supuesto avances sociales. Durante este mismo mandato, el CGPJ respaldó, aunque dividido, la polémica reforma del PP de la ley del aborto que proponía derogar el vigente sistema de plazos para regresar al de supuestos de 1985. Esa contrarreforma generó una gran contestación en la calle. También aprobó en febrero del año pasado, aunque esta vez por unanimidad, un informe muy crítico con los aspectos clave del anteproyecto de ley de libertad sexual, conocida como “ley del sólo sí es sí”.
Antes de este último choque por la ley de vivienda, la tensión entre el CGPJ y el Gobierno se había elevado como consecuencia de los 74 nombramientos en la cúpula judicial realizados con el mandato caducado y que determinan buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Especialmente, los 21 del Tribunal Supremo, que se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.
En el Ejecutivo siempre han estimado que, al estar en funciones, el órgano de gobierno de los jueces debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión y no abordar temas clave como los nombramientos discrecionales. Tanto es así, que las dos formaciones que lo sustentan acabaron proponiendo una reforma legal para limitar sus atribuciones e impedir nuevas designaciones en un contexto de interinidad y en que el Partido Popular —cuyos votos son necesarios para que haya un relevo— ha desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar la renovación.
El choque con los partidos que sostienen el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Esta reforma quedó finalmente aprobada el pasado marzo. Y aunque el ala más dura intentó impugnarla ante el Constitucional, finalmente sus postulados no recabaron el apoyo mayoritario del pleno. Según el CGPJ, esta reforma ha provocado que 2021 acabara con 57 vacantes sin cubrir.
Previamente, PSOE y Unidas Podemos habían registrado otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ y así forzar su renovación sin el concurso del PP. Pero ese texto fue cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado por el Gobierno poco más de una semana después. Esa proposición tampoco gustaba a la mayoría de vocales del CGPJ aunque, por una cuestión de plazos, se acabó debatiendo una vez aparcado. En todo caso, el órgano advirtió de que cualquier reforma debía ser “conforme con la Constitución y el derecho de la UE”.
De la designación de Delgado a los indultos
Los relativos a los nombramientos o el sistema de elección no han sido los únicos encontronazos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En enero de 2020 tuvo lugar otro momento de tensión entre ambas instituciones a raíz de la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A propuesta del presidente Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, el CGPJ evitó pronunciarse sobre la idoneidad de Delgado para el cargo —tal y como se había hecho en las cuatro ocasiones anteriores— y se limitó a aceptar que reunía los requisitos “exigidos por la legislación”. Siete vocales del ala conservadora firmaron un voto particular en el que expresaban que no era idónea porque su “apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo” no contribuía “a la percepción de la independencia de la Fiscalía”.
Meses después, en abril de 2020, en pleno confinamiento, el órgano de gobierno de los jueces reprobó de nuevo a Iglesias después de que éste asegurara en un tuit que le invadía “una enorme sensación de injusticia” tras la condena por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a la portavoz de Podemos Isabel Serra. El CGPJ acusó a Iglesias de generar “una sospecha inaceptable” sobre la independencia de los jueces. Esa condena fue ratificada por el Tribunal Supremo semanas un mes después de que Serra dejara su cargo en la Asamblea de Madrid.
La maltrecha relación del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial tuvo otro episodio con la entrega de despachos a la promoción de jueces de 2020, en septiembre de ese año. La Moncloa vetó la asistencia de Felipe VI a ese acto, celebrado en Barcelona, tras saber que iba a coincidir con la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra. En el Ejecutivo, aunque no lo comunicaron a la opinión pública, entendieron que había que blindar al monarca ante posibles incidentes e intentaron aplazarlo y alejarlo lo más posible de la tensión política que podría provocar el fallo, a lo que Lesmes se negó. De hecho, llegó incluso a desvelar una llamada de cortesía de Felipe VI, un movimiento que en la Moncloa se interpretó como una utilización de la Corona como ariete contra el Ejecutivo.
De forma más reciente, el presidente Lesmes también cuestionó en público otra de las actuaciones del Ejecutivo: los indultos a los líderes del procés y el hecho de que el Gobierno justificara la medida de gracia por constituir “la concordia frente al resentimiento”. “Nada más alejado de la realidad”, afirmó el pasado septiembre en su discurso de Apertura del Año Judicial, donde reiteró que “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”.
Entonces, con el CGPJ caminando a su tercer año de bloqueo —culminado en diciembre— el presidente no aludió a la posibilidad de presentar su dimisión como manera de forzar la renovación, tal y como vienen reclamando partidos como Unidas Podemos y sectores de la judicatura. Tampoco es algo que, a día de hoy, se planteen los vocales que, por ley, deben limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento del órgano pero que no impliquen una “injerencia” en las atribuciones del mandato entrante. Entre ellas, sí está realizar informes como el citado de la ley de vivienda o el de la ‘ley trans’, para el que ya se han designado ponentes y que también augura un intenso debate.