El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso Lezo, ha acordado el archivo de la parte de la investigación contra Francisco Marhuenda, presidente de La Razón, y Mauricio Casal, consejero de este periódico, por las presuntas presiones a Cristina Cifuentes para proteger la reputación a Edmundo Rodríguez, el enlace de Ignacio González para los negocios del Canal en latinoamérica.
El juez les tomó declaración el pasado jueves. Dichas presiones por parte de los directivos de La Razón se habrían producido, según fuentes de la investigación, después de que el Gobierno de Cifuentes decidiese llevar a la Fiscalía Anticorrupción la gestión de sus antecesores en el Canal de Isabel II, sobre todo las operaciones en latinoamérica.
Ese escrito presentaba pruebas de supuestas irregularidades en la ruinosa compra por parte del Canal de la filial en Brasil, Emissao, por 21 millones de euros. En esa operación, Edmundo Rodríguez, detenido por la Guardia Civil, fue clave.
Velasco acuerda ahora “desinvestigar, sobreseer provisionalmente y archivar las actuaciones” a Marhuenda y Casals. Cita, entre otros motivos, la declaración de la propia Cifuentes, que dijo no sentirse presionada por ellos, y añadió en su escrito al juez que si así hubiera sido, no habrían conseguido su objetivo.
Mentiras piadosas a Edmundo Rodríguez
Además, el juez indica que en las escuchas telefónicas “tomadas aisladamente” los hechos parecían “más agravados”, y que tanto Casals como Marhuenda dieron una versión verosímil sobre ellos. “Es la actuación de dos amigos que tratan mediante 'mentiras piadosas y paliativas'” de convencer a Rodríguez de que están actuando para frenar la investigación contra él, dice el juez.
“El periódico que dirigía (Marhuenda) no hizo una campaña especial o muy distinta contra el Gobierno de la Sra. Cifuentes (...) Son hechos que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones”, señala Velasco en su auto.
En ese mismo escrito, el juez hace referencia a la declaración de Rodríguez, en prisión incondicional desde el pasado viernes. Este habría enmarcado sus conversaciones con los directivos de La Razón como una ayuda emocional y no bajo la voluntad de “torcer la actuación” de la Comunidad de Madrid.