El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera que la sentencia del procés es un “elemento de refuerzo” de la “responsabilidad” en el 1-O de Carles Puigdemont, para el que ha pedido que se reactive la orden europea de detención por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. El magistrado accedió este lunes a la petición de la Fiscalía, que consideró que la aclaración de hechos que hace la sentencia acaba con las dudas en el plano internacional.
El expresident de la Generalitat se encuentra huido en Bélgica desde el 31 de octubre de 2017, cuatro días después de la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Puigdemont se encuentra en situación de procesado “en rebeldía” pero no ha sido juzgado porque la ley española no permite hacerlo “en ausencia” del acusado cuando las penas que se piden son superiores a dos años.
Según el magistrado, los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron el auto de procesamiento, no solo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad de los fugados. Llarena subraya, además, la “cercanía” entre los hechos que el auto de procesamiento atribuía al ahora condenado a 13 años de cárcel Oriol Junqueras y Puigdemont.
El auto recuerda, asimismo, que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados por el 1-O este mismo lunes no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.