El tiempo para que las comunidades autónomas o los ayuntamientos regulen la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en sus territorios se agota. La moratoria que el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos concedió en 2019 para tratar de mitigar el conflicto con el sector del taxi llega a su fin el próximo 1 de octubre y los ejecutivos autonómicos están apurando para definirlos. Por el momento, los avances normativos dibujan dos modelos claros: uno más permisivo con estas empresas como Uber, Bolt y Cabify, que representa la Comunidad de Madrid, y otro más restrictivo, que es el de Catalunya y, sobre todo, Barcelona.
Precisamente, el Parlament ha dado este miércoles el visto bueno al decreto que limita la actividad de los VTC en Catalunya, con los votos a favor de ERC, JxCAT, el PSC, En Comú Podem y la CUP. Este mismo martes, una marcha de vehículos de transporte con conductor ocupó las calles de Barcelona contra la medida. Una imagen que contrasta con la que se vio en Madrid hace menos de dos meses, cuando la Asamblea aprobó con los 'síes' del PP y la abstención de Vox la nueva ley de transportes que permitía a empresas como Uber seguir operando en la región con normalidad, a la espera de que se apruebe un reglamento en el que ya está trabajando el Ejecutivo autonómico. Mientras se producía la votación, a las puertas de la Cámara regional protestaban los taxistas, que se ven agraviados por la medida.
La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha ocultado nunca su apoyo al sector del vehículo de transporte con conductor. “No queremos acabar con el VTC”, reconoció en pleno conflicto con el sector del taxi por la aprobación de esa ley, que permite a empresas como Uber, Bolt o Cabify seguir operando en la región como hasta ahora, al menos hasta octubre. En su discurso, Ayuso elevó el tono al plano ideológico y aseguró que impedirles operar sería arremeter “contra los ciudadanos, contra la libertad y contra la libertad de empresa” y cargó incluso contra la alcaldesa de Barcelona: “Aquí no se va a ir en burra, como quiere Colau”, dijo.
Aquella ley de transportes, que la Asamblea de Madrid aprobó el 2 de junio con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y el sector del taxi en contra, permitía a los VTC seguir operando en la Comunidad como venían haciéndolo hasta ese momento, a la espera del desarrollo reglamentario, que se producirá por dos frentes: para el taxi y para los VTC. En el caso de los vehículos con conductor, la Comunidad ha puesto en marcha un procedimiento para que los interesados y las organizaciones más representativas del sector hagan llegar sus opiniones a la administración de cara a la elaboración de ese reglamento.
A la espera de cómo se redacte, los vehículos con conductor no pueden circular vacíos buscando pasajeros por la calle, tienen que precontratarse a través de aplicaciones y no cuentan con paradas específicas. Además, siguen operando dentro de las ciudades, y no solo para servicios interurbanos, para los que estaban definidos en un principio.
El apoyo a los VTC y a empresas como Uber, tanto por parte de la Comunidad como por el Ayuntamiento de Madrid, ha quedado patente a lo largo del tiempo, por la vía de los gestos y de las acciones. En mayo, la compañía estadounidense anunció que Madrid sería la primera ciudad europea en la que lanzarían una nueva plataforma de ocio en el continente. “Es el principal mercado de Uber en España y uno de los destinos turísticos más deseados a nivel internacional”, aseguró la directora general para Europa, Oriente Medio y África, Anabel Díaz.
Las licencias de VTC en la Comunidad de Madrid se han ido incrementando a gran velocidad en los últimos años. Actualmente hay unas 8.000, según datos del sector, frente a las 16.000 del taxi. Son la mitad, pese a la larga trayectoria del taxi tradicional.
1,5 millones para empresas de VTC
En junio, se conoció que la Consejería de Sanidad ponía fin al acuerdo por el que la Federación Profesional del Taxi de Madrid trasladaba a los médicos de Atención Primaria que tenían que desplazarse a atender pacientes en residencias y domicilios. Los taxistas, que durante lo peor de la pandemia de coronavirus trasladaron gratis a pacientes y profesionales, perdían un contrato de 1,5 millones de euros, que pasa a la empresa de VTC Grupo Auro. Esta compañía cuenta con más de 2.300 licencias y trabaja con Cabify, Uber y Bolt.
Cuando a principios de este mes, una filtración reveló las estrategias de Uber para sortear las leyes y presionar a políticos para aterrizar en nuevos mercados, la presidenta Ayuso optó por ponerse de perfil. Pidió “conocer en profundidad” el caso, pero afirmó que su Ejecutivo lo ve “de forma lejana”. “Es una empresa privada que tiene este asunto fuera de nuestras fronteras”, aclaro. Los documentos internos, filtrados a The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus medios colaboradores, El País y La Sexta en España, detallan cómo preparaba la compañía su llegada a nuevos países: primero, intentan sortear las leyes nacionales y después organizan a su red lobista para presionar a políticos de alto rango. “A veces tenemos problemas porque, bueno, es que somos jodidamente ilegales”, reconoce un directivo en un correo.
Los VTC también tienen en el ayuntamiento de Madrid un buen aliado. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha firmado recientemente un acuerdo muy ventajoso para la empresa Moove Cars, propietaria de la mayor flota de vehículos de transporte con conductor de Uber en el sur de Madrid. La compañía ha alquilado durante dos años prorrogables 308 de las 501 plazas del aparcamiento público de San Epifanio, en el distrito de Arganzuela, por unos 150.000 euros al año. O lo que es lo mismo, unos 40 euros al mes. ¿Cuál es el precio para un residente? 100 euros al mes si se renta por un año o 80 si el contrato es por cinco. Como mínimo, el doble que para los Uber.
El último conflicto entre el taxi y Uber en Madrid se remonta a hace apenas unos días. Del 6 al 10 de julio se celebró en la capital el Mad Cool. El festival tiene un acuerdo con la empresa de VTC, por la que esta disfrutó de condiciones ventajosas para recoger y trasladar a los miles de asistentes, unos 80.000, que acudieron al evento. La Federación Profesional del Taxi denunció que la organización ha permitido a Uber estar dentro del recinto, mientras la parada de taxi más próxima se ubicaba a 15 minutos andando, y ha criticado al Ayuntamiento por permitirlo.
El plan de movilidad para volver a casa desde Valdebebas, donde se celebró Mad Cool, tras los conciertos ha despertado las críticas de algunos asistentes, que denunciaban en redes sociales la escasez de transporte público, largas colas para acceder tanto a los taxis como a los VTC y carreras de hasta 100 euros por desplazarse en Uber a causa de la alta demanda. Un portavoz de la compañía aseguró entonces que “el precio medio de los viajes desde el Mad Cool en las últimas dos noches ha sido de 32 y de 37 euros en la hora pico a la salida del festival, entre las 2 y las 3 de la madrugada”, informa Efe.
Barcelona, condiciones cada vez más duras
Catalunya se ha convertido prácticamente en el extremo opuesto a las políticas de Madrid respecto a los vehículos con conductor. En el año 2018, con el llamado 'decreto Ábalos', por el exministro de Transportes, se impuso un marco regulatorio igual para toda España, que sin embargo la administración metropolitana de Barcelona (que engloba a 36 municipios catalanes) endureció, estableciendo una contratación mínima de una hora, es decir, 45 minutos más que la estatal. El Tribunal Superior de Justicia tumbó este reglamento en julio de 2019, pero eso no evitó que Uber mantuviese su decisión de retirarse de la capital catalana, mientras que Cabify optó por reducir su servicio respetando los 15 minutos de precontratación.
La pandemia mantuvo el sector congelado y sin apenas cambios. Hasta que a principios del verano pasado Uber volvió a dar señales de querer volver a Barcelona. Los planes de la plataforma pasaban por ofrecer un servicio de intermediación para conectar a usuarios con taxistas, una idea que no cuajó en el sector, muy movilizado y enfrentado a cualquier cosa que suene a VTC. La idea de Uber no acabó de cuajar, mientras que Cabify mantuvo su estrategia de continuar el con servicios asegurando que se adaptaban al marco regulatorio. Con todo, esta segunda empresa también ha tenido roces con las administraciones catalanas. En septiembre pasado el Govern multó a Cabify con 187.00 por cesión ilegal de trabajadores, tras una inspección.
Ese precario equilibrio, que tanto el taxi como las plataformas de vehículos con conductor habían aceptado como mal menor, tenía fecha de caducidad, porque el 'decreto Ábalos' debía decaer el próximo octubre. Ante eso, el Govern ha aprobado esta semana una nueva regulación propia que endurece claramente las condiciones para el sector de las VTC, hasta el punto que restringe casi por completo su competencia con el taxi.
Ante un escenario en el que la mayoría de licencias de VTC iban a convertirse en papel mojado en octubre, la decisión de Catalunya ha sido prorrogar solo aquellas que cumplen unos requisitos. Las nuevas condiciones son que la licencia ya esté asociada a un vehículo, haber dado servicio de transporte de viajeros con conductor durante el último año y, por último, que los vehículos a partir de ahora tengan unas determinadas dimensiones y etiqueta ecológica, que los convierten o bien en monovolúmenes o bien en vehículos de gran cilindrada.
De las actuales 4.000 licencias concedidas para el territorio catalán, solo 2.700 tienen un vehículo asignado y, de esa cifra, solo unas 1.500 han dado servicio en el último año. Son por tanto únicamente estas las que podrán mantenerse a partir de ahora. Con todo, esta regulación afecta solo a los trayectos considerados urbanos, es decir, por dentro del área metropolitana de Barcelona, pero no a otras zonas de Catalunya, como el transporte privado entre localidades alejadas de la capital.
Pero, además, los requisitos obligan a que los vehículos tengan al menos 4,90 metros de largo, además de disponer de la etiqueta CERO o ECO. Una medida que forzará a una importante renovación del parque móvil de VTC, para convertirlo en un servicio mucho más dirigido a los coches de alta gama o a los vehículos tipo furgoneta de pasajeros, muy utilizados durante los congresos y los transportes por la ciudad asociados al trabajo.
Para Cabify, este nuevo marco normativo provocará “que miles, en de profesionales pierdan sus puestos de trabajo en los próximos meses, con las consecuencias sociales y económicas que esto tendrá en Barcelona en particular y en Catalunya en general”, según se queja la empresa, que entiende que se les está intentando expulsar de la capital catalana. Pese a eso, Cabify asegura que tratará de mantener el servicio, pero no descarta presentar la batalla jurídica contra el nuevo decreto.