Surgió como una respuesta a la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, una iniciativa de oposición política disfrazada de pacto económico. Madrid, Valencia y Baleares lideraron el “Eje de la prosperidad”, un intento de luchar contra el dominio socialista en La Moncloa y la Generalitat que pronto sumó a más comunidades gobernadas por el PP. La alianza perdió poder a los pocos años por las luchas internas de sus impulsores y se desintegró con los primeros escándalos de corrupción, que estallaron prácticamente al unísono en los tres territorios. Ahora, los tribunales terminan de derribar las ruinas de esa entente que pretendía ser el ejemplo de buena gestión en el que Mariano Rajoy apoyara su candidatura a presidente del Gobierno.
El “Eje de la prosperidad” fue un término acuñado por Francisco Camps en 2004, cuando cumplió dos años como presidente de la Comunitat Valenciana. La primera socia de esa alianza fue Esperanza Aguirre, al frente de la Comunidad de Madrid, lo que confería a esa iniciativa más tintes políticos que económicos. Los dos bastiones electorales del PP se aliaron poco después de que el PSOE ganase las elecciones generales, en una reivindicación del enorme poder territorial que conservaba el nuevo partido de la oposición.
Con Zapatero en el Gobierno central y Pascal Maragall en Catalunya, Camps y Aguirre fundaron esta sociedad de intereses comunes que pretendía organizarse contra el Ejecutivo del PSOE al que, después de unos pocos meses en el poder, acusaban ya de ningunear a las comunidades gobernadas por el PP. En 2004, mientras los cabecillas de Gürtel desplazaban su centro de operaciones de Madrid a Valencia, Aguirre y Camps celebraron la primera reunión. El 13 de julio se firmó en Palma la fundación definitiva ya con el presidente de Baleares, Jaume Matas, como tercer vértice.
Bienestar y riqueza
Se habló entonces de un pacto resultado de “unas intensas relaciones económicas y comerciales, generadoras de bienestar y riqueza”. En las primeras negaciones afloraba su verdadero objetivo. No se trataba de “hacer oposición a nadie”, no era un grupo de presión contra el Gobierno central, dijeron los tres presidentes autonómicos. En la firma de ese pacto acordaron sus primeros objetivos: defender la ley educativa de Aznar, conseguir el AVE entre Madrid y Valencia e impulsar a la capital como sede de los juegos olímpicos de 2012.
La línea imaginaria que unía las tres ciudades pronto se ramificó hacia otras comunidades gobernadas por el PP. Castilla León, Murcia y Galicia participaron en las primeras reuniones que se plantearon siempre, insistían, desde la “lealtad institucional” al Gobierno de Zapatero. Sus impulsores hasta anunciaban futuros fichajes, como el de Castilla La Mancha, donde María Dolores de Cospedal se iba a enfrentar al dominio socialista.
Esa liga por el crecimiento económico se truncó cuando sus dos fundadores se situaron en bandos contrarios en la lucha por el poder en el PP. El Congreso del partido en 2008 celebrado en Valencia ratificó el liderazgo de Mariano Rajoy y selló la fractura entre Aguirre, que se enfrentó a él, y Camps, que le dio su apoyo. Unos meses más tarde, el estallido del caso Gürtel, con sede en los territorios gobernados por los creadores del eje, enterró el pacto, convertido desde entonces en un arma para los partidos de oposición que pronto lo rebautizaron como “Eje de la corrupción”.
Durante los años del Eje, Rajoy usó la alianza formada por sus presidentes autonómicos para presumir de su gestión económica e insistir en su deseo de trasladarla al Gobierno central. Madrid, Valencia y Baleares eran ejemplo de crecimiento y creación de empleo, con unos datos económicos a la altura del aplastante dominio electoral. El entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno no escondía la estrategia política. La frase “vamos a hacer en España lo que Matas en Baleares” ha perseguido a Rajoy durante los últimos años, así como sus variantes con Aguirre o Camps como protagonistas. A partir de 2009, sus referencias públicas a los líderes de Eje pasaron del alarde de la gestión económica a la defensa de su honradez.
A pesar de ello, Rajoy ha seguido durante estos años destacando la prosperidad económica de esas comunidades mientras las investigaciones judiciales destapaban la corrupción asociada a algunos de esos logros y acababa con los fundadores del Eje. Matas pasó por prisión, Camps fue forzado a dimitir y Aguirre aguantó el pulso algo más de tiempo, hasta que se fue batiendo en una retirada en varios actos.
Financiación ilegal y desvío de fondos
Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años han destapado que el Eje no solo compartía objetivos económicos, sino también prácticas corruptas. En los tres territorios se investiga el uso de fondos ilegales para concurrir con ventaja a las elecciones y se indaga sobre el desvío de fondos ligado a proyectos fastuosos, convertidos en bandera de cada gobierno. Los regalos para comprar voluntades y el uso de dinero público para defender el relato político en medios y redes sociales también fueron transversales.
El expresidente Balear es el que ha tenido un camino judicial más tortuoso. Pasó nueve meses en la cárcel por una pieza del caso Palma Arena, una macrocausa que aún puede augurarle nuevos ingresos en prisión. El caso se inició después de una denuncia de Anticorrupción por el desvío de más de 40 millones de euros en la construcción del complejo deportivo Palma Arena.
El hilo del que tiró la Fiscalía destapó multitud de nuevas vías de investigación que han desembocado en más de veinte piezas separadas. Prevaricación en favor de empresas amigas, contratación de periodistas para loar su gestión, financiación irregular para su campaña y multitud de amaños en contratos públicos. El caso Palma Arena es todo un retrato de la corrupción en el que no falta un delito. Todos cometidos mientras Matas, exministro con Aznar, se posicionaba como tercera pata del “Eje de la prosperidad” y se convertía en ejemplo para Rajoy.
Los otros dos integrantes de ese tridente compartieron trama corrupta. La Gürtel se inició en Madrid, pero cuando se secó el grifo del dinero público se mudó a Valencia. La capital también ha sido sede de otra red corrupta, la Púnica, un caso en el que se investiga si el PP de Madrid se ayudó en las elecciones de los ingresos en efectivo de empresarios amigos, que también pagaban directamente actos de campaña. Esa es tan solo una de las vías de financiación ilegal que investiga el juez de Púnica.
Los investigadores de la trama también ha rastreado la corrupción detrás de cada gran proyecto de Aguirre. Así, han descubierto vínculos de empresarios de la trama con los contratos de publicidad para promocionar los hospitales privatizados y el Campus de la Justicia, donde se coló un conocido de Matas. Hace tan solo unos días, en la Audiencia Nacional, el constructor David Marjaliza entregaba un escrito detallando las comisiones que se repartió con Francisco Granados por las ampliaciones de Metro.
Aguirre aguantó durante un tiempo las embestidas de cada titular de prensa que destapaba un nuevo caso de corrupción. Se desligó de sus más estrechos colaboradores, muchos de ellos imputados, hasta que le tocó al más cercano. Ignacio González, detenido por el caso Lezo -que investiga si usó la empresa pública Canal de Isabel II para enriquecerse- se llevó por delante a Aguirre, que tuvo que dimitir unos días después del estallido del caso.
La expresidenta madrileña ha bordeado el banquillo de los imputados pero siempre ha salido indemne. Sin embargo, el avance de las investigaciones sobre los trabajos de Alejandro de Pedro para mejorar su imagen, los presuntos amaños de González para beneficiar a su familia y la agenda de Granados con la financiación en B del partido amenazan con convertirla en la tercera presidenta del “Eje de la prosperidad” imputada por corrupción.
Camps, señalado por su número 2
Camps ya se enfrentó a un juicio, pero salió absuelto. Un tribunal popular acordó, por cinco votos a cuatro, que no había delito de cohecho en los 12 trajes que le había regado la Gürtel. El expresident valenciano, que sustentó la prosperidad de su territorio en el despilfarro de dinero público en proyectos megalómanos, se había apartado forzosamente de la política, pero no ha conseguido desligarse por completo de los tribunales.
El juicio sobre la financiación ilegal del PP valenciano, que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, le ha resucitado en los titulares. Él solo está citado como testigo, pero los cabecillas de la trama ya le han señalado. Pablo Crespo deslizó que era uno de los políticos con los que trataba la Gürtel para pagar en B los actos de campaña y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ aseguró que el expresident fue el responsable de “crear y ordenar” los pagos a la trama a través de empresarios.
Pero la puntilla para Camps ha llegado de quien fuera su número dos, Ricardo Costa, que ha asegurado que, ante la falta de fondos, el partido optó por financiarse ilegalmente: “Las decisiones las tomaba Camps”. Fue él quien optó porque los actos que no podía asumir el partido se pagaran “con dinero de la asignación del grupo parlamentario y por empresarios que contrataban con la Generalitat”.
Camps está también pendiente de otras causas, relacionadas con algunos de los logros y proyectos durante su gobierno. Por ejemplo, la visita del Papa o la organización del Gran Premio de Fórmula 1, donde un reciente informe de la UDEF le sitúa en la cúspide de un fraude que provocó unas perdidas de al menos 24 millones de euros a las arcas públicas.
Así, los juicios ya celebrados y los pendientes han terminado de enterrar el “Eje de la prosperidad” del que tanto presumieron sus impulsores y el actual presidente del Gobierno. Han acabado con el retrato de “bienestar y riqueza” que ocultaba una corrupción generalizada. En los últimos años ha habido algún tímido intento de recuperarlo, como cuando Ignacio González se lo propuso a Alberto Fabra en 2013. Los periodistas que asistieron al encuentro recibieron la propuesta con una “leve sonrisa”, dice una crónica de ese día.