Una jueza de instrucción insiste en imputar a una diputada de Unidas Podemos pese a no ser competente para hacerlo
La jueza de instrucción madrileña que investiga los hechos ocurridos el pasado mes de marzo en las inmediaciones del Congreso durante una manifestación de los trabajadores de Alcoa en la que se produjo una carga policial ha vuelto a citar como como imputada a la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, pese a estar aforada ante el Tribunal Supremo. La magistrada Raquel Robles ya tuvo que revocar una notificación al también diputado Rafael Mayoral. A todos les imputa un supuesto delito de “atentado contra la autoridad”.
El juzgado de instrucción número 25 de Madrid remitió la semana pasada a la portavoz de Galicia en Común y a la exdiputada Ángela Rodríguez una notificación para tomarles declaración como imputadas el próximo 4 de noviembre. Raquel Robles dice en el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, que le “consta” que ya no son diputadas y, por lo tanto, que han perdido su condición de aforadas, es decir que solo el Supremo tiene capacidad para investigarlas.
Rodríguez perdió su condición de diputada al no conseguir revalidar su escaño el pasado 28 de abril. Pero Yolanda Díaz todavía lo es ya que, aunque la repetición electoral del 10 de noviembre ha supuesto la disolución de las Cortes, la representante de Galicia en Común forma parte de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que regula la actividad parlamentaria durante los períodos inhábiles. Por tanto, Díaz mantiene todas las obligaciones y derechos que otorga el acto de diputado.
La jueza investiga los enfrentamientos que se produjeron en los aledaños del Congreso de los Diputados el pasado 28 de marzo, cuando cientos de trabajadores de Alcoa protestaban por el inminente cierre de las plantas de la multinacional en Galicia y Asturias. A la protesta acudieron para mostrar su apoyo algunos diputados de Unidas Podemos. Además de los mencionados, estuvieron presentes Alberto Garzón y Enrique Santiago (IU).
En un momento determinado, los manifestantes atravesaron la línea de seguridad que formaban agentes de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional para acercarse al Congreso. Los agentes cargaron contra los manifestantes. En la refriega se vieron implicados los diputados, algunos de los cuales cayó al suelo, como se aprecia en las imágenes captadas el día por los medios presentes y que figuran en el sumario.
Robles ya tuvo que dar marcha atrás a la imputación del exdiputado Rafael Mayoral, al que había citado para declarar como investigado y pese a que en los atestados policiales que sirvieron para abrir la instrucción se identifica sin lugar a dudas a todos los representantes de Unidas Podemos. Ahora vuelve a repetir el error.
La causa, pese a estos problemas procesales, sigue viva. La semana pasada declararon los trabajadores que están siendo también investigados. En su testimonio, todos señalaron el carácter “pacífico” de la concentración de marzo. Víctor Ledo, secretario de la Federación de Industria de CCOO en Galicia, aseguró en su declaración por videoconferencia desde Ferrol que en ningún momento intentó resistirse a la autoridad y que que el incidente con la policía, que duró “dos minutos” en una movilización de varias horas, se produjo al tener lugar una “pequeña avalancha” al moverse los concentrados porque el grupo era muy numeroso y no cabían en el espacio asignado.
Ledo no fue ni siquiera detenido en ese momento, sino cuando acudió al complejo policial de Moratalaz a recoger a otro trabajador que sí resultó detenido durante la protesta.
