“El Consejo se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria”. En marzo de 2014, apenas cuatro meses después de tomar posesión como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes soliviantó a la carrera con estas declaraciones en una entrevista en El Mundo. Tres de las cuatro asociaciones judiciales pidieron una rectificación y una de ellas su dimisión. Numerosas juntas de jueces también le exigieron una disculpa pública.
Ocho años después —con Lesmes ya fuera de la institución—, sus críticos sostienen que esa metáfora ha marcado parte de su mandato. Y lo ha hecho, en parte, gracias a la reforma que aprobó en solitario el Partido Popular en 2013 y en cuya elaboración colaboró él mismo. Esa norma multiplicó el poder del presidente al tiempo que acabó con la mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros) para el nombramiento de los principales cargos, incluidos los de jueces y presidentes de Sala del Supremo. Se volvió a la mayoría simple (más síes que noes), lo que dio margen al sector conservador para imponer a sus candidatos. Este modelo estuvo vigente hasta finales de 2018, cuando el PSOE promovió otra reforma que recuperó la mayoría reforzada.
En ese período, el CGPJ realizó 32 nombramientos en el Supremo. De ellos, 21 fueron aprobados por mayoría cualificada, pero un tercio (11 en total) salieron por mayoría simple, lo que le sirvió al presidente para acomodar en el Alto Tribunal a perfiles afines. Principalmente, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Tercera), a donde Lesmes volverá “de forma inmediata”, según dijo en su vídeo de despedida. Se trata de una Sala clave, pues resuelve todos los recursos que se presentan contra el Gobierno y los que afectan a las resoluciones del Poder Judicial. Así es como, por ejemplo, fue nombrado en julio de 2015 presidente de esa Sala Luis Díez Picazo, quien tiempo después fue protagonista de la peor crisis de credibilidad del mandato de Lesmes por el cambio de criterio en el impuesto de las hipotecas.
Lesmes tuvo que pedir perdón públicamente después de que Díez Picazo sometiera a revisión una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto “social y económico” que había suscitado la condena. Todos los partidos se situaron del lado de los clientes y el Gobierno socialista llegó a hablar de “jornada negrísima” para la Justicia. Díez Picazo llegó a ese puesto con los votos de los conservadores tras una campaña de presión de Lesmes, según denunciaron algunos vocales. Ambos habían trabajado juntos en la reforma judicial del PP. Díez Picazo se impuso al entonces presidente, un magistrado que le triplicaba en experiencia y le superaba ampliamente en sentencias dictadas. No se llegó a presentar a la reelección y su sustituto fue César Tolosa, actual presidente.
Ese pleno sobre el impuesto hipotecario pasó a la historia como uno de los momentos más tensos de la Sala Tercera, con duros reproches por la gestión del asunto y votos particulares en los que los magistrados discrepantes no ocultaban su enfado. El liderazgo del presidente nombrado con el beneplácito de Lesmes quedó tocado hasta la elección de su sustituto.
Durante los primeros años del mandato de Lesmes recalaron en el Supremo —y con el apoyo por la mínima del pleno— otras figuras muy cercanas a él. Es el caso de Fernando Román, amigo personal desde hace décadas. Fue secretario de Estado de Justicia con el Gobierno de Mariano Rajoy y se le considera un hombre clave en su ascenso al CGPJ. Román se impuso como magistrado de la Sala Tercera en enero de 2018 a candidatos con más años de ejercicio gracias al respaldo de los diez vocales elegidos a propuesta del PP. Lesmes se abstuvo en esa votación por su amistad con él, aunque su voto no era necesario. Román está asociado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que también perteneció Lesmes hasta ser nombrado presidente.
En ese periodo también se incorporó a a la Sala Tercera del Supremo José Luis Requero, considerado muy conservador. Pertenece al Opus Dei y fue el magistrado que comparó el matrimonio homosexual con “la unión de un hombre y un animal”. Su llegada al Alto Tribunal en abril de 2014 abrió una brecha entre los dos sectores del CGPJ, que habían pactado repartirse las dos vacantes que estaban en juego en ese momento. Pero el nombre propuesto por los progresistas (Ángel Arozamena) no gustó a Lesmes, que amenazó con Requero si no respaldaban a otro candidato. Los progresistas no cedieron y el CGPJ acabó eligiendo a este juez por once votos, los de los vocales elegidos a propuesta del PP y el propio Lesmes. Requero también está afiliado a la APM. Arozamena accedió finalmente al Alto Tribunal 15 meses después.
Con un apoyo de sólo nueve de los 21 miembros del pleno consiguió un puesto en la Sala Tercera Dimitry Berberoff. Hasta su nombramiento en julio de 2018 era director del Gabinete Técnico del Supremo, donde lo colocó Lesmes cuando inició su mandato. Su misión era dar asistencia al presidente —es decir, al propio Lesmes— y a las salas. Su nombramiento fue recurrido por otro de los magistrados que concurrió a esa plaza. Por tres votos a dos, magistrados de esa misma Sala Tercera avalaron su nombramiento. En un voto particular discrepante con esa decisión, dos magistrados alertaron de que que los nombramientos discrecionales “deslegitiman” el sistema judicial, según contó infoLibre. Berberoff es en la actualidad vicepresidente de la APM.
De esa misma Sala también forma parte desde enero de 2014 Inés Huerta, considerada muy cercana a Lesmes. En su caso, recibió el respaldo de 16 miembros del pleno. Es conservadora aunque no está adscrita a ninguna asociación. Fue la juez que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid amparó la privatización sanitaria que impulsaba lgnacio González (PP) en la Comunidad de Madrid y que otra sección de ese mismo tribunal había paralizado.
Sala de lo Penal del Supremo
Entre los nombramientos controvertidos de la etapa de Lesmes al frente del CGPJ está el de Ángel Hurtado, que tuvo lugar en septiembre de 2020, cuando el órgano llevaba en funciones más de un año y medio. Fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Hurtado fue el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP pidiendo la absolución del partido. Su nombramiento fue fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista y obtuvo 19 votos.
En una votación mucho más ajustada fue nombrado juez de esa misma Sala de lo Penal en enero de 2018 el exsenador del PP Vicente Magro. Recibió el respaldo de los diez vocales conservadores, mientras que Lesmes votó a Javier Hernández, de Jueces para la Democracia. De hecho, el nombramiento de Lesmes fue propiciado por la ruptura de los progresistas, que dividieron sus votos en dos candidatos. La suma de apoyos en torno a Hernández le habría permitido sortear la mayoría conservadora gracias al voto de Lesmes. Finalmente, Hernández fue ascendido al Supremo en septiembre de 2020.
Fuera del Alto Tribunal el mandato de Lesmes también deja algunas designaciones polémicas. Es el caso de la ahora magistrada del Constitucional Concepción Espejel. En 2017, fue elegida presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también con los votos del rodillo conservador. Es una sala muy relevante porque es la encargada, por ejemplo, de enjuiciar los casos de corrupción que se han investigado en el tribunal especial y de resolver los recursos contra las resoluciones dictadas por sus jueces de instrucción.
Espejel es considerada una magistrada cercana al Partido Popular hasta el punto de que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. Fue en 2014 cuando María Dolores de Cospedal pronunció la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima condecoración del ámbito del Derecho.
La vinculación del PP es incuestionable en el caso de Fernando de Rosa, actual senador del partido y que en 2015 fue nombrado por el CGPJ de Lesmes presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, el tribunal que juzga gran parte de la corrupción del PP valenciano. Obtuvo, en su caso, 16 de los 21 votos del Pleno. Antes había sido secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana (2003-2007) y conseller (2007-2008) bajo los gobiernos de Francisco Camps. De Rosa es uno de los jueces que más veces ha cruzado la frontera entre lo político y lo judicial, en una carrera que siempre ha girado alrededor del PP.