El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene en su mano apretar el botón del adelanto electoral que trasciende a las fronteras de su comunidad y amenaza con precipitar un nuevo ciclo electoral que su partido considera propicio para recuperar La Moncloa con las encuestas a favor tras el apabullante triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Por calendario, la legislatura andaluza debería acabar en noviembre de 2022, pero el portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, ya dijo este verano que la celebración en octubre o incluso en junio del año próximo sería un mero “adelanto técnico”.
Pendiente de todo lo que pase en el Palacio de San Telmo, pero más apurado, está el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también del PP y al frente de un Gobierno con Ciudadanos. En este caso con la coalición rota y la amenaza latente de una moción de censura, la segunda de su mandato, debería esperar a marzo cuando pase el año desde la que presentó sin éxito el PSOE.
Mañueco baraja desde hace un tiempo la posibilidad de un adelanto que le salve de una operación de Ciudadanos para descabalgarlo del poder. El error de los socialistas en la región, que presentaron su moción de censura con la firma de todos sus procuradores (35) cuando solo necesitaban 13, les obliga a dejar pasar un año para repetir la jugada. No obstante, en el PSOE no se plantean por ahora repetir la operación. En marzo vence el plazo que se cierne como una espada de Damocles sobre un bipartito sumido en mil guerras internas.
La batalla incruenta se desató con todo su estruendo esta semana. El pasado lunes, Mañueco consumó el primer intento para librarse de su socio, alineándose con el PSOE para retirar el plan de reforma de la atención primaria que pretendía la consejera de Sanidad de su propio Gobierno, Verónica Casado, de Ciudadanos. El vicepresidente, Francisco Igea, lo supo en el mismo momento en el que el presidente lo anunció en el Pleno de las Cortes. Entonces acabó de partirse un gobierno que siempre vivió tensiones internas. La novedad de la legislatura es que hasta ahora era Ciudadanos quien ejercía presión para imponer su agenda bajo la amenaza de romper el pacto. Ahora, con las encuestas de su lado y Ciudadanos en caída libre, es Mañueco quien planea deshacerse de su socio de Gobierno, con una maniobra que ya sirvió para encumbrar a Díaz Ayuso en Madrid y borrar al partido de Arrimadas de la Asamblea regional.
El pulso entre PP y Ciudadanos es intenso en Castilla y León a pesar de que este jueves el vicepresidente de la Junta aseguraba que en el Consejo de Gobierno el clima había sido cordial, hasta tal punto que acabó entre aplausos y abrazos del presidente Mañueco a la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Nada es lo que parece. Casado, obligada por Mañueco, ha tenido que convocar al líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, a una reunión para abordar el futuro de la Atención Primaria en la Comunidad. El plan de Casado, ahora abortado, era cerrar consultorios rurales para ofrecer atención “solo a demanda” y crear centros de salud agrupados que no distasen a más de 30 minutos y diesen servicio a varios pueblos. La propuesta levantó ampollas: con una población envejecida y en núcleos de población dispersos, ni siquiera se sabía cómo desplazar a los usuarios a esos “minicentros de salud”. Tampoco parece factible que ancianos peleen con un contestador automático para pedir esa atención a demanda en su consultorio, y mucho menos, hacerlo con una app. En algunos pueblos no hay cobertura de móvil y mucho menos banda ancha. Para probar la idea, se puso en marcha el Plan Aliste, en la comarca zamorana del mismo nombre. El resultado es de descontento general.
Después de que Mañueco desautorizase a Casado, se apuntaba a una posible dimisión, pero la consejera no se va a ir y Mañueco no la puede cesar porque el acuerdo de Gobierno contempla que cada partido decide quienes son sus consejeros. Eso es lo que dice Igea, mientras que desde las filas del PP apuntan a que es cuestión de tiempo. La supuesta calma que se vive no es tal. Fuentes del Partido Popular en el Gobierno autonómico desechan que todo quede en “un malentendido del presidente” como ha dicho Igea. “Nada de eso, hemos pegado este gobierno con celo y no va a aguantar”, indican a elDiario.es.
Desde Castilla y León se mira de reojo a Moreno Bonilla, si bien las circunstancias y las prisas de ambos barones del PP son muy distintas. Mientras Andalucía tiene un calendario electoral propio que debería llevar la legislatura hasta noviembre de 2022, Castilla y León las celebraría de manera ordinaria con el resto de comunidades y ayuntamientos en mayo de 2023. Además, Moreno Bonilla no está discutido a nivel interno, algo que sí sucede a Mañueco en la dirección nacional del PP, y la relación del dirigente andaluz con Ciudadanos y su socio, Juan Marín, es mucho más pacífica que la de Castilla y León, sin grandes broncas públicas.
A sabiendas que todo depende de él y se reserva la carta del adelanto, de momento Moreno Bonilla deja correr el tiempo. Los tambores de adelanto suenan desde el principio de legislatura cuando el PSOE aseguraba que se trataba de un Gobierno que iba a durar poco y Vox comenzaba su despliegue de amenazas a cada rato, aunque sin que llegase la sangre al río. Pero PP y Ciudadanos no dejan de escenificar su idilio al margen de lo que pasa entre ambos en el resto de España.
Con el último tramo de la legislatura en marcha, el ruido gana en intensidad. Vox aporrea más fuerte y el PSOE intenta ganar tiempo incluso ofreciéndose a negociar los próximos presupuestos, aunque en las filas socialistas trabajan con el escenario de que los comicios sean en primavera. Lo que está claro es que el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos se puede permitir el lujo de desviar el debate. El presidente andaluz tiene el botón de unas elecciones que lleva semanas y meses descartando aunque no dudará en activarlo -dice- si, debido a su Gobierno en minoría, la Cámara andaluza bloquea sus propuestas legislativas. Es el as en la manga que se guarda el ejecutivo andaluz para convocar de aquí a diciembre cuando quiera.
Solo la falta de apoyos precipitaría un adelanto que ahora mismo se antoja complicado y, sobre todo, que no parece interesar de momento a ninguno de los dos partidos que componen el Gobierno. Uno porque no deja de subir en las encuestas (PP) y otro porque necesita mejorar esos datos (Ciudadanos).
Este curso político se inicia con una cargada agenda legislativa. Moreno busca la convalidación de dos de sus proyectos “clave”: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), conocida como la Ley del Suelo, y la nueva Ley de Tributos Cedidos que traerá “la mayor bajada de impuestos en la historia reciente de Andalucía”.
El Gobierno andaluz necesita del respaldo de Vox para ambas iniciativas y está casi garantizado salvo que escenifiquen una ruptura definitiva e insalvable. Con los de Santiago Abascal alineados en materia económica, el escollo podría ser la LISTA que Vox ya tumbó en un principio. Si el texto final recoge la “impronta” de la extrema derecha, su aprobación será otro paseo para Moreno y su Gobierno.
Desde Castilla y León el ala popular del Gobierno permanece atenta a todos esos movimientos con el reloj corriendo en su contra. Los populares allí temen las consecuencias de no adelantar y seguir adelante con la legislatura para que en cuestión de meses una moción de censura arrebate la presidencia a Mañueco, y posibilidades hay, porque en Ciudadanos, al borde de la desaparición, muchos parlamentarios ven la última posibilidad de alargar su carrera política en el escaño o en cargos de un Gobierno, sea del color que sea.