Manuel Moix ha presentado este jueves su dimisión como fiscal jefe de Anticorrupción. Ha puesto su cargo a disposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras conocerse su participación como copropietario en una sociedad radicada en Panamá y después de que su labor en el caso Lezo haya sido reprobada por el Congreso hace dos semanas. Ha estado 87 días en el cargo.
En una declaración sin preguntas convocada de forma urgente por la Fiscalía General del Estado, Maza ha explicado que Moix le ha presentado su renuncia “por motivos personales” y que lo ha hecho “de manera absolutamente irrevocable”. “No he podido convencerle de lo contrario (...) tampoco puedo lógicamente obligarle a continuar ejerciendo sus funciones”, ha añadido el fiscal general del Estado.
Aunque comparte la decisión de Moix, José Manuel Maza ha asegurado que “sería de justicia” que continuara en el cargo porque ha constatado “de manera absoluta” que el jefe de Anticorrupción no ha cometido “ilegalidad o irregularidad alguna”. Ni siquiera, ha añadido Maza, incompatibilidad con su cargo al poseer el 25% de una sociedad en Panamá. “Tener algún bien no obliga a comunicar una herencia a los superiores”, ha añadido.
“No existen motivos para el cese”, ha remarcado Maza, quien ni siquiera ha aceptado el argumento de que la actuación de Moix dañe la imagen de la Fiscalía. El fiscal general ha explicado que se ha reunido “durante bastante tiempo” con Moix antes de comparecer ante los medios.
El hasta ahora jefe de Anticorrupción había adelantado la posibilidad de abandonar el cargo durante el miércoles, cuando en una entrevista declaró que no tenía “ningún apego” ni “interés” en mantener el puesto si se consideraba que su permanencia perjudicaba a la institución. Entonces emplazó la decisión a la conversación este jueves con José Manuel Maza.
El Gobierno, que hasta ahora había respaldado su gestión, tomó distancias durante todo el día de ayer. También las asociaciones de fiscales, incluyendo la conservadora Asociación de Fiscales, habían reclamado desde el miércoles su cese por considerar que comprometía “la imagen de imparcialidad de la institución”.
La oposición en bloque había pedido la cabeza de Moix, quien, como Maza y el propio ministro Catalá, ya había sido reprobado en el Congreso por su intervención en el caso Lezo. En ese sumario, Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción.
Sus polémicas decisiones en Lezo abrieron una crisis interna en Anticorrupción, donde una veintena de fiscales -la práctica unanimidad- se posicionaron en contra de su criterio y respaldaron a los dos profesionales que asumieron el caso desde el principio. Las transcripciones de las conversaciones de González provocaron estupor en la carrera.