El Partido Popular ha tenido que dar marcha atrás en varias ocasiones por sus posiciones respecto al extesorero Luis Bárcenas desde que, en marzo de 2009, la Justicia viera por primera vez indicios de delito en la actuación del exjefe de las cuentas del PP. A pesar de su imputación por cohecho y fraude en el caso Gürtel, la dirección del partido optó al principio por defenderle e incluso, incialmente, se encargó de su defensa letrada. El propio Mariano Rajoy, aseguró entonces, en relación a Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote: “Ellos afirman su inocencia y estoy seguro de que nadie podrá probar que no son inocentes”.
La convicción en la inocencia del extesorero se prolongó más allá de julio de 2009, fecha en la que presentó su dimisión. Todavía en ese momento la organización respaldaba plenamente en Luis Bárcenas. En el comunicado emitido tras el anuncio de dimisión, el PP aseguraba que Bárcenas demostraría su inocencia en los tribunales, le agradecía la labor que había realizado durante 28 años con las cuentas del partido y le guardaba el puesto, ya que consideraba que la decisión era transitoria: “No se procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional”, rezaba el comunicado. Meses más tarde, el 8 de abril de 2010, el PP colocaba al frente de la contabilidad a uno de sus pesos fuertes: el exministro José Manuel Romay Beccaría.
El proceso judicial seguía adelante, Garzón fue inhibido de la instrucción y el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo pasó al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de Bárcenas, que todavía era senador.
El 8 de abril de 2010 es una fecha clave para la relación de Bárcenas con el PP. Ese día, dos días después de hacerse público parte del sumario del caso Gürtel, el extesorero se reunió con el presidente del partido, Mariano Rajoy. Este le forzó a abandonar su escaño en el Senado y le dio de baja como militante. Cabe recordar que ese mismo día incumplen su afirmación de no sustituir a Bárcenas: el PP nombró a Romay Beccaría tesorero.
A Bárcenas le venía bien abandonar su escaño. Al perder su condición de aforado, los trámites judiciales volverían a manos del juez Pedreira. Pero, además, Bárcenas impuso condiciones al líder popular: el extesorero dimitía si el PP seguía pagando los abogados que llevaban su defensa. Igualmente, pidió a Rajoy que alabara públicamente su labor.
El revuelo mediático ante el pago de los 350 euros/hora al abogado del imputado hizo que el PP asegurara que no estaba pagando la defensa de Bárcenas. No obstante, Bárcenas reclamó 200.000 euros por los honorarios anteriores. La número 2 de Rajoy, María Dolores de Cospedal, había afirmado en febrero que era razonable pagar su defensa por la labor que había desempeñado durante 30 años.
En septiembre de 2011, el juez Pedreira archivó la causa contra Bárcenas argumentando que los delitos fiscales que se le atribuían habrían prescrito. La calma duró hasta marzo de 2012, cuando la Audiencia Nacional anuló esta decisión y retomó la imputación de Bárcenas.
El PP reniega de Bárcenas
El escándalo Bárcenas vuelve a explotar el 17 de enero de 2013. En esa fecha, las investigaciones de la Audiencia Nacional confirman que Bárcenas tenía cuentas en Suiza donde guardaba 22 millones de euros. La secretaria general del PP rechazó con celeridad que esas cuentas tuvieran algo que ver con el partido. Por otro lado, El Mundo publicó una información en la que aseguraba que en el Partido Popular se había cobrado sobresueldos. “No me consta” fue la estrategia elegida por los populares para desmarcarse de las acusaciones de una presunta financiación irregular. “El PP nunca ha pagado dinero en negro ni ha tenido una contabilidad en B. Otra cosa es que haya habido alguna persona que lo haya hecho”, justificó Cospedal en una entrevista.
Desde entonces, la dirección popular se ha empeñado en reiterar que Bárcenas está fuera del partido desde 2009 -a pesar de que su salida pública se produjo en 2010-. Cuando el diario El País publicó el grueso de los apuntes contables atribuidos a Bárcenas, además de negarle, anunciaron que irían contra él. Por el momento, un mes más tarde, el PP no se ha lanzado a la batalla judicial y no ha demandado a su extesorero.
Bárcenas sí mantenía lazos con la organización
A pesar de que, tras su marcha pública en 2010, Cospedal dijo que no era ya necesario que mantuviera un despacho en la sede de Génova, eldiario.es confirmó que Bárcenas tenía despacho, secretaria y coche pagado por el PP. La respuesta de los populares fue reducir el concepto despacho a una sala en la que guardaba documentación personal. Según Cospedal, la secretaria está asignada a la actual tesorera, aunque no puede decir “cuál es la relación personal entre ellos”. Lo cierto es que la secretaria, Estrella, respondía a las llamadas dirigidas a Bárcenas y ajustaba su agenda. En cuanto al coche oficial, Cospedal reconoció que Bárcenas “lo pidió, lo utilizó ocasionalmente para ir a un procedimiento judicial”.
Los acontecimientos posteriores demostraron que la relación va más allá: Bárcenas siguió en la nómina del PP hasta 2012. Según publicó El País este miércoles, el PP pagó 400.000 euros fraccionados mensualmente y la Seguridad Social de Bárcenas entre 2010 y 2012. La formación política reconoció esos pagos y, en un comunicado, justificó que se trataba de “una indemnización por la resolución del contrato de trabajo”. “Ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonara en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el período de abono del citado finiquito”, explicaba el texto.
Sin embargo, según les ha contado eldiario.es, Bárcenas ha continuado cobrando del partido durante los últimos tres años y no recibió un finiquito fraccionado hasta diciembre de 2012 que pusiera fin a su relación laboral, sino que seguía recibiendo el mismo salario y su contratante cotizando a la Seguridad Social exactamente igual que antes de su supuesta salida del PP.
En esta ocasión, el PP, por el momento, no ha dado marcha atrás: no desmienten la información y se niegan a aportar algún documento que demuestre cuándo y de qué manera se produjo el presunto despido.