El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, que fue número dos de Albert Rivera en las últimas elecciones generales por Madrid, se ha jactado en las redes sociales de las botellas de vino que le regalan y un diputado de Galicia en Común le ha replicado hablando de “sobornos” y de “prevaricación”.
“Muy agradecido a Quinta do Vale Meao por enviarme una botella de cada una de las últimas añadas de mi vino favorito... y de nuevo: gracias a mis ”haters“ por ayudarme a promocionarlo”, ha ironizado desde su cuenta de Twitter, donde ha publicado una fotografía en la que se ven seis botellas repartidas en dos cajas y otras tres cajas a su lado.
Los regalos no estaban expresamente prohibidos en el Congreso, pero desde esta legislatura los diputados están obligados a declararlos al entrar en vigor el nuevo Código Ético que se redactó en la etapa de Ana Pastor a instancias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Ese código establece que “los diputados se abstendrán de recibir obsequios o beneficios que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”. Según el texto sólo son aceptables los regalos de mera cortesía o aquellos personales de amigos y familiares, y los que reciban en viajes oficiales quedarán en manos de la Cámara.
El parlamentario de Ciudadanos, que entró en la dirección del partido tras la crisis abierta por la marcha de Toni Roldán, ha presumido de las botellas que le regalan, que tienen un precio en el mercado que ronda o supera los cien euros.
Uno de los diputados de Galicia en Común y miembro del grupo de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, ha respondido a Marcos de Quinto, cuya actitud considera muestra de “oligarquía grosera”.
“Quien hace apología de un regalo empresarial vinculado a su cargo público sugiere como lógica la prevaricación, el soborno, el cohecho, la corrupción. Le parecen inherentes a su condición. Y en realidad, su condición, nos avergüenza como sociedad”, sostiene el diputado gallego en el tuit.
Marcos De Quinto, que fue vicepresidente mundial de Coca Cola y cuenta con el mayor patrimonio declarado en el Congreso, ya mencionó hace dos meses el vino portugués de Quinta do Vale Meao para responder a las críticas del exdiputado convergente Ignasi Guardans, que reprochaba a Ciudadanos su ruptura con Manuel Valls: “Cuando gentuza como tú me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti”, le espetó en Twitter.
Aquel comentario abrió una polémica que puso de manifiesto la exclusividad de la bodega portuguesa, al recordarse el elevado precio de este vino, con botellas que pueden llegar a los 300 euros.
Los diputados estarán obligados a declarar los regalos
Según el texto de la norma que obliga a declarar los regalos, los diputados no sólo deben presentar las dos declaraciones que ya se exigen al acreditarse en el Congreso, una sobre bienes y patrimonio y otra de actividades, sino que tendrán que adjuntar una tercera declaración de “intereses económicos”.
En ese escrito, que habrá de ser público en la web del Congreso al igual que las otras dos declaraciones, los diputados deberán detallar las actividades privadas que le han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el periodo, el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado, así como las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales, que pudieran reflejar algún tipo de interés económico.
Se considera que “los diputados deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de un conflicto de intereses” que pueda “poner en duda su objetividad e independencia”. Es más, si no se puede resolver ese conflicto de interés, se deberá comunicar antes del debate y votación del punto que le afecte, lo que abre la puerta a su inhibición.
El nuevo Congreso debe crear una Oficina de Conflicto de Intereses sobre la aplicación del Código de Conducta para hacer comprobaciones de las declaraciones presentadas por los parlamentarios. El Código de Conducta no contempla expresamente sanciones para quienes lo incumplan, pero se remite a las previstas en el Reglamento del Congreso, que es la norma de rango superior.