Desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno han sido numerosas las medidas sobre regeneración democrática que se ha comprometido a poner en marcha para acabar con la corrupción. Muchas de ellas, sin embargo, se han quedado en papel mojado pese a que en el PP presumen de lo contrario. Entre ellas, el compromiso a que los tesoreros de los partidos comparezcan anualmente en el Parlamento, o que un auditor controle la evolución del patrimonio tanto de los altos cargos, como de los diputados y senadores, como aprobó el Congreso en 2013.
El principal escenario de estas propuestas han sido los sucesivos debates del estado de la nación en los que nunca ha faltado el consiguiente paquete de resoluciones con recomendaciones y medidas contra la corrupción, que han contado con el beneplácito de toda la Cámara.
Aunque las medidas que se aprueban en esos debates no son vinculantes ni tienen rango de ley, se supone que deben de ser atendidas por el Gobierno de turno, al que se insta a ponerlas en marcha.
Desde que en diciembre de 2011 Rajoy ganó por mayoría absoluta las elecciones generales, se han celebrado en el Congreso tres debates de esta índole ya que en el primer año de su mandato, 2012, lo canceló argumentando que nunca se había convocado esta sesión después de unas elecciones y antes de que el Gobierno llevara un año.
Cumplido este plazo, Rajoy convocó el primer debate a finales de febrero de 2013. Un mes antes había saltado a la luz el escándalo de Luis Bárcenas y los pagos en negro a la cúpula del PP, un caso sobre el que meses después -en agosto- el líder del PP se vio obligado a dar explicaciones en el Senado (el Congreso estaba entonces en obras).
Rajoy anunció allí también su intención de intensificar la lucha contra la corrupción y recordó que él había hecho pública su declaración de la renta y patrimonio de los últimos 10 años como gesto de “transparencia”. Toda la oposición, ya entonces, exigió su dimisión.
No obstante, el caso del extesorero, destapado dentro de la investigación de la trama Gúrtel, no era el único que acuciaba al PP. Jaume Matas ya estaba procesado y la Comunidad Valenciana bullía por la corrupción. Después llegaron otros escándalos, como la trama Púnica o el uso de las tarjetas black, que se destapó a raíz de la publicación por parte de eldiario.es de los correos de Blesa. Aunque la lista es mucho más larga.
El Congreso siguió celebrando sus debates anuales de la nación, tanto en 2014 como en 2015. Y también fueron aprobadas resoluciones sobre regeneración democrática.
Fue en el debate de 2013 en el que se sentaron las bases para ver si era posible acordar un pacto político entre todos los grupos de la Cámara para combatir esa lacra, pacto que sigue reclamándose a día de hoy.
El enfrentamiento entre Rajoy y el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue bronco. Los grupos de izquierdas pidieron la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal de 2012 de la que se luego se supo que se beneficiaron, entre otros, el propio Bárcenas y Rodrigo Rato. También pidieron la reprobación de la titular de Sanidad, Ana Mato, por su gestión y por estar salpicada por el caso Gürtel.
La Cámara aprobó dos días después un total de 16 resoluciones, entre ellas una, la primera, sobre “regeneración democrática y transparencia” que ya entonces abogaba por suscribir “un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados”, impulsado por el PP, CiU, UPyD y parte del Grupo Mixto, que contó con el respaldo del resto de los grupos.
Aunque el Ejecutivo del PP ha llevado a cabo su compromiso de reformar algunas leyes para endurecer las medidas en casos de corrupción política -como cambios en el Código Penal o en la ley de financiación de partidos- muchas otras han quedado en papel mojado.
Para empezar, se pedía “la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia”. Jamás se ha realizado.
También se aprobó ver la “forma de aplicación” a diputados y senadores, dentro de la Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, de “un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes” y la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato.
Los parlamentarios, tras tomar posesión de sus escaños, rellenan sendos documentos en los que exponen sus bienes y explican sus actividades, pero no hacen públicas sus declaraciones tributarias. Además, muchos de ellos apenas dan detalles, omiten datos o dejan en blanco casillas que se suponen obligatorias. Nadie controla si dicen o no la verdad. Tampoco son sancionados por el Parlamento si se descubre que mienten.
En el mismo apartado se aprobó también que la citada ley fijara “el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado” o “la limitación de la compensación tras el cese”.
También se anunció que se impulsaría las “reformas necesarias para modernizar las campañas electorales: sondeos, tratamiento por los medios, debates y duración”. Nada de eso se ha abordado. Los partidos ni siquiera han sido capaces de alcanzar un consenso para rebajar sus costes.
Otro dato curioso. También se aprobó la incorporación al Código Penal de “nuevos comportamientos” , como “prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos”.
Sin embargo, en el pacto firmado con Ciudadanos, el PP logró redefinir lo que se consideran actos corruptos limitándolos a cuando hay “enriquecimiento personal ilícito o financiación irregular”. “Una cosa es meter la mano en la caja y otra es meter la pata, hacer mala praxis”, aseguraron los dirigentes naranjas.