Durante un tiempo fue ejemplo de buena gestión, cuando ésta se plasmaba en la inauguración de obras megalómanas gracias al derroche del dinero público. Jaume Matas fue un referente para Mariano Rajoy, cuyos halagos a este y otros altos cargos inmersos ahora en casos de corrupción le persiguieron con cada nuevo sumario por corrupción que se abría. Una década después de que estallasen los primeros escándalos, lejos de haber superado ya la época en la que protagonizaba los titulares de la sección de tribunales, el expresidente de Baleares sigue atrapado entre condenas y nuevas investigaciones.
Solo en los últimos días, dos tribunales distintos han condenado a Matas en un par de causas de la multitud que tiene aún abiertas y ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados en un nuevo juicio. Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Matas formó, junto a Esperanza Aguirre en Madrid y Francisco Camps en Valencia, una alianza contra el poder estatal del PSOE. Usaron sus ciudades como bastiones ideológicos donde la prosperidad se traducía en circuitos de Fórmula 1 o edificios municipales diseñados por arquitectos de lujo.
Estas dos últimas semanas han ejemplificado cómo las distintas investigaciones judiciales han atrapado al exministro como un espeso fango del que no consigue escapar pasada una década del estallido del primer escándalo, el caso Nóos. Matas se encuentra recluido en la prisión de Aranjuez, donde ha cumplido el primer año de la condena a 3 y 8 meses por ese caso. Ingresó el mismo día que el Supremo confirmó la sentencia. Antes ya había cumplido nueve meses por otra condena.
Desde la celda ha visto cómo dos tribunales distintos le condenaban en los últimos días. Por el caso de Over Marketing ha logrado esquivar una nueva pena de prisión que alargase su estancia en Aranjuez. Ha llegado a un pacto con la Fiscalía: a cambio de confesarlo todo solo afrontará una multa de 18.000, y no los dos años y seis meses que le pedía el ministerio público.
Para conseguir ese trato Matas ha tenido que admitir que es culpable de haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. O lo que es lo mismo, confiesa que se concertó con el empresario Daniel Horacio Mercado –que durante un tiempo fue el publicista de cabecera del PP– para que su empresa, Over Marketing, hiciese trabajos electorales para el partido que luego le eran sufragados con contratos públicos amañados.
“Yo reconozco todos los hechos absolutamente y soy el responsable porque yo he estado encausado en muchas causas en los últimos años, creo que unas veinte, y esta lección la he aprendido”, dijo Matas durante la vista oral. La frase resume a la perfección la situación del exministro: se le solapan investigaciones y condenas mientras cumple en prisión las que ya son firmes.
Esta misma semana el Tribunal Supremo ha sumado una nueva condena. La pena de cárcel no es muy alta comparada con sus sentencias anteriores: tan solo tendrá que sumar siete meses por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Sin embargo, el fallo del alto tribunal es muy relevante de cara a las finanzas del expresidente balear: además de la multa de 211.827 le obliga a devolver a las arcas públicas 1,2 millones de euros.
No es que Matas se embolsase ese dinero. Este caso se centra en el contrato amañado que se firmó entre la administración balear y el arquitecto estrella durante la crisis, Santiago Calatrava. Poco antes de las elecciones autonómicas de 2007, Matas encargó a Calatrava que hiciera ese edificio a fin de promocionar su gestión, dice el Supremo. Lo hizo de forma verbal, saltándose las normas de contratación pública y acordando el precio antes de hacer el concurso.
La administración que dirigía el político del PP redactó luego el pliego de condiciones y puso el precio que Matas y Calatrava habían acordado: 1,2 millones de euros. El arquitecto cobró ese dinero de las arcas públicas, pero ahora el Supremo cree que no es justo que los ciudadanos de Baleares carguen con el precio de los amaños de Matas. Por ello, le condena a poner ese dinero de su bolsillo y devolverlo a la administración pública para evitar que sea la ciudadanía “quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora”.
Entre condena y condena, Matas también se ha sentado en los últimos días como acusado en un nuevo juicio, en esta ocasión por el caso del hospital público de Son Espases. Ha admitido que cometió prevaricación y fraude, pero no tráfico de influencias, para tratar de aceptar una condena que se reduzca a entre cuatro meses y un año de cárcel.
Pero este caso amenaza también con hundir aún más su situación económica. Las acusaciones piden para él una multa de 31,6 millones de euros que el expresidente balear se niega a asumir. El hospital de Son Espases salió a concurso por 635 millones de euros, pero terminó costando 778. La Fiscalía sostiene que Matas y otros altos cargos amañaron la adjudicación para beneficiar a un grupo de empresas lideradas por OHL.
“He aprendido que soy el culpable y soy responsable”, dijo Matas en uno de los procesos en los que se ha declarado culpable. Esa frase no le va a librar de que los tribunales sigan sumando condenas diez años después de que cayese en desgracia.