Han pasado 37 años y un mes del intento de golpe de Estado del 23F y aún quedan muchos misterios por resolver. Todos los materiales elaborados en las instituciones por aquellas fechas permanecen secretos con el amparo de la ley, pero la situación puede cambiar si se aprueba una modificación de la ley de secretos oficiales. El problema está ahora en la lucha de los partidos en el Congreso para poner fecha a las desclasificaciones.
La propuesta del PNV para que las materias delicadas solo puedan permanecer en los cajones 25 años (y diez extra en casos excepcionales y justificados por el Gobierno) se desbloqueó esta semana. El PP decidió no seguir bloqueando la iniciativa en el Congreso y los grupos presentaron sus enmiendas. La aprobación de esa modificación legal, tal y como la plantean los nacionalistas vascos, supondría la publicación inmediata de cientos de páginas oficiales sobre la historia de España.
Sin embargo, algunos partidos muestran reticencias. El PP plantea una dilación en los plazos para desclasificar. Los de Mariano Rajoy solo quieren desvelar de forma automática los papeles anteriores a 1968 (cuando entró en vigor la ley de secretos oficiales). Los conservadores fijan la fecha para empezar las revelaciones el 1 de enero de 2023. Ese año se darían a conocer todas las materias secretas de 1968.
A partir de entonces, cada año se desclasificarían dos ejercicios. Con la secuencia planteada por el PP en sus enmiendas, las materias clasificadas en 1981 no verían la luz hasta el primer día de 2030 –casi 49 años después de que Antonio Tejero entrara a tiros en el Congreso–.
Los socialistas coinciden en el planteamiento de que las materias clasificadas vean la luz en un plazo de 25 años con la posibilidad de una única prórroga de 10, pero sus enmiendas conllevan un retraso en la publicación de los actuales asuntos secretos de un año: los preceptos de la proposición de ley de secretos oficiales entrarían en vigor un año después de su aprobación en el Congreso.
Además, el PSOE da un margen de 10 años al Gobierno para que publicite las materias clasificadas, pese a que hayan pasado más de 25 años sin ver la luz. “Todo lo que ya tenga los 25 años ya es susceptible de ser desclasificado, pero si el Gobierno estima que no, puede mantenerlo un máximo de diez años”, señalan fuentes socialistas. “Se trata de establecer un régimen transitorio que asegure la correcta aplicación de la modificación normativa”, dice el PSOE en la “motivación” de esa enmienda.
Si sale adelante la enmienda del PSOE, los documentos elaborados durante el golpe de 1981 podrían quedarse en el cajón hasta 2028 –si la norma si aprueba este año–. Lo mismo sucedería, por ejemplo, en el caso de los GAL.
El PNV mostró un gran malestar con PP, PSOE y Ciudadanos a los que acusó de “oscurantismo” por sus enmiendas. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, llegó incluso a insinuar que “seguramente” habían negociado previamente los términos de sus enmiendas.
Unidos Podemos y ERC, por su parte, plantean en sus enmiendas que no podrán clasificarse aquellas informaciones que resulten esenciales para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de los derechos humanos.
Otra de las innovaciones que quiere introducir el PSOE es una modificación de la ley de transparencia para obligar a conservar el correo electrónico de las cuentas institucionales de los altos cargos durante un periodo de 20 años, así como a archivarlos con copias no manipulables. El objetivo de los socialistas es evitar casos como la desaparición de correo en los presuntos implicados en la trama Púnica.