La directiva europea de baja por maternidad, que pretendía ampliar el tiempo de descanso necesario tras dar a luz, lleva más de cinco años en el limbo legislativo de Bruselas y está a punto de ser guardada en un cajón definitivamente.
En su sesión plenaria de mayo, el pleno de la Eurocámara hizo un llamamiento a los Veintiocho en favor de la supervivencia de esa directiva, que ya lleva cinco años en el limbo legislativo comunitario.
La directiva quedó en punto muerto en 2010 cuando el Parlamento Europeo (PE) pidió mejorar ese periodo de descanso hasta las 20 semanas, en relación a la propuesta de la Comisión Europea (de 18 semanas), una mejora que no tiene el visto bueno de varios Estados miembros.
Los eurodiputados confiaban en que la nueva Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, reavivara por fin la directiva, pero el Ejecutivo ha dado un ultimátum que termina este mes de junio y obligará a retirarla definitivamente si no hay avances, como está ocurriendo.
A falta de un acuerdo para la nueva directiva, sigue vigente en la Unión Europea (UE) la normativa de 1992, que establece el periodo mínimo de permiso por maternidad en catorce semanas, de las cuales dos son obligatorias.
Llegar a las veinte semanas significaría cuatro más de las que tienen países como España u Holanda, y sería una verdadera conquista para las mujeres de países como Portugal, Bélgica o Chipre, con periodos aún menos dilatados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 24 semanas, un horizonte paradójicamente muy por encima del que disfrutan las mujeres en la mayoría de la Unión Europea.
La responsable de las negociaciones de parte del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista belga María Arena, explicó a Efe que la estrategia del Consejo para que la directiva no avance pasa porque las distintas presidencias hayan apartado siempre este tema del orden del día.
“Eso imposibilita saber a ciencia cierta cuáles son los países que realmente están echando el freno. Simplemente no se discute ni se vota, y así es imposible negociar ni acercar posturas”, señaló Arena, exministra de Empleo.
Sobre las causas que estarían detrás de las reticencias nacionales, añadió, se sitúa desde el rechazo a que Bruselas legisle sobre el asunto -como esgrimen los países escandinavos-, hasta la falta de competitividad que comportaría la medida según Alemania, Francia y Holanda, principalmente.
La eurodiputada socialista española Iratxe García, que es además presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, señaló en unas declaraciones a Efe que no solo está en juego el número de semanas de baja de maternidad con el freno de la directiva, sino también “otro buen número de medidas para resolver el asunto de fondo, la discriminación laboral que sufren las mujeres”.
La europarlamentaria Teresa Jiménez Becerril (PP) apostó por que se agilice la negociación y si es necesario se acepte una rebaja del periodo de baja de maternidad si así es posible por lo menos alcanzar un acuerdo para reformar la normativa de 1992.
“Si lo que tenemos ahora es una directiva de 14 semanas y la propuesta del Parlamento Europeo de 20 semanas es demasiado ambiciosa, pues igual merece la pena un término medio que signifique al menos una mejora, aunque no contente a todo el mundo”, señaló.
Por su parte, Ernest Urtasun (ICV), uno de los dos únicos eurodiputados de la Comisión de Derechos de la Mujer en el PE, llamó la atención sobre el precedente que puede representar el caso de la directiva de baja de maternidad para la forma de legislar misma de la UE.
“El Consejo va a acostumbrarse a, si no está interesado en negociar con el Parlamento Europeo, retirar de la mesa una propuesta y simplemente no avanzar”, apuntó.