“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”
Han pasado siete años desde que Mariano Rajoy asumiera personalmente la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que, desde julio de 2005, permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. España era, en ese momento, el tercer país del mundo en aprobar una ley de matrimonio igualitario. Solo Holanda y Bélgica se habían atrevido a hacerlo antes, y en el caso belga sin posibilidad de adopción (exclusión que luego fue modificada). También era posible en Massachusetts (Estados Unidos) y en varias provincias de Canadá, por decisión de sus Cortes Supremas. Casi por primera vez en la historia, España se colocaba a la vanguardia mundial por lo que al reconocimiento de derechos civiles se trataba.
Fue el resultado de años de trabajo de las organizaciones LGTB españolas, que en una acertada decisión estratégica se negaron a negociar soluciones intermedias. Fue un éxito, también, de las fuerzas políticas progresistas. De los partidos de izquierda, pero también de los sectores más avanzados de partidos de centro-derecha, como el PNV o Convergència Democràtica de Catalunya, entre los cuales la ley también registró apoyos. Y es obligado reconocerlo: un éxito del entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que con una firmeza que ojalá hubiera mantenido en otros aspectos de su acción política se negó a rebajar una ley modélica. Y muy simple: la modificación legal fundamental consistió en añadir solo 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así:
No fue fácil, sin embargo. Los sectores más reaccionarios de la sociedad española se confabularon para oponerse al matrimonio igualitario con toda la fuerza de la que son capaces, que es mucha. Llevaron a sede parlamentaria a “expertos” que no dudaron en relacionar la homosexualidad con infancias infelices, padres alcohólicos y madres sobreprotectoras. Consiguieron que todo el PP en bloque (con la honrosa excepción de la diputada Celia Villalobos) se opusiera con fiereza a una reforma con la cual muchos de sus votantes estaban de acuerdo. El 19 de junio de 2005 organizaron en Madrid una de las manifestaciones de protesta más multitudinarias de los últimos años. Y una vez aprobada la ley presionaron para ver recortada su aplicación: reclamaron la “objeción de conciencia”, utilizaron a jueces conservadores (¡cómo no recordar la persistente insumisión de Laura Alabau, entonces jueza del registro civil de Denia!) y finalmente consiguieron que Mariano Rajoy decidiera interponer recurso ante el Constitucional.
Han pasado ya siete años. En este tiempo, el ejemplo español ha servido de acicate a otros países. Es difícil pensar que sin la ley española hoy Portugal y Argentina dispusieran de leyes de matrimonio igualitario, o que Uruguay la esté discutiendo en estos mismos momentos. También se han sumado Canadá (cuya ley federal entró en vigor pocos días después de la española), Sudáfrica, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca. Sin olvidar a varios estados de Estados Unidos (la próxima madrugada, hora española, se pueden sumar hasta tres más, dependiendo del resultado de varios referendos) o México Distrito Federal.
En estos años la ley de matrimonio igualitario ha sido un motor indiscutible de cambio social. No tanto por el número de matrimonios celebrados, unos 25.000 a día de hoy (en 2011 supusieron un 3% del total de matrimonios celebrados) como por el impulso a la normalización de la realidad LGTB que han supuesto. Pero sobre todo, ha resuelto una situación de injusticia, ha dado un marco legal estable a las miles de familias homoparentales que viven en nuestro país y ha permitido a lesbianas, gays, y bisexuales sentirse iguales. Con independencia de si queremos o no recurrir a esa ley: esa es nuestra decisión personal. Lo que no queremos es que nadie nos prohíba lo que nadie discute a nuestros conciudadanos heterosexuales.
Hoy el Tribunal Constitucional, siete años después (un retraso vergonzante) ha dictado por fin sentencia y ha reconocido lo que ya era obvio para una inmensa mayoría: que lesbianas, gays y bisexuales somos iguales. Tiempo habrá de analizar con detalle las argumentaciones del Constitucional, una vez se haga pública la sentencia y los posibles votos particulares. Hoy es tiempo de celebrar y rearmarse para la siguiente batalla, que la habrá. Porque los enemigos de la igualdad no descansan: basta echar un vistazo a lo que en este preciso momento está sucediendo al otro lado de los Pirineos, donde a un Gobierno socialista recién elegido y con una sólida mayoría parlamentaria comienzan a flaquearle las piernas ante la gran movilización que iglesia católica y derechas política y mediática están llevando a cabo para impedir que Francia se convierta en el siguiente país en aprobar el matrimonio igualitario. Un déjà vu que a muchos nos pone todavía la carne de gallina.