La ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aleja cualquier posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces salga de la situación de interinidad que arrastra desde 2018. Al menos, a corto plazo. A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve casi cuatro años con el mandato caducado por el bloqueo del PP, se suma la parálisis que está provocando esta situación en distintos ámbitos de la justicia. Especialmente, en el Tribunal Supremo, donde las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus jueces.
Esos puestos no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave. Ahora, el órgano empieza a dar pasos para intentar paliar la situación, mientras el mayoritario sector conservador plantea un escenario de máximos: que se derogue esa reforma y se les permita volver a nombrar jueces.
La reforma que regula la interinidad del CGPJ ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado. Los socios de Gobierno defendieron la necesidad de acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano tras varios intentos fracasados. El bloqueo se ha mantenido a pesar del cambio legal y las consecuencias de esta parálisis ya se dejan ver en los tribunales.
Durante la tramitación de esta reforma, el CGPJ acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés, pues se hizo a través de un procedimiento de urgencia y con una modalidad legislativa que permite hacerlo sin preguntar a los órganos consultivos. Ese acuerdo fue suscrito por 16 de sus 21 miembros. Sólo votaron en contra los progresistas Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta. Los partidos que sustentan al Gobierno respondieron —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar.
Los vocales elegidos a propuesta del PP ven “imprescindible” la supresión de esa norma. Y así se lo ha hecho saber esta semana a sus interlocutores del ala socialista en el marco de las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar. “Valoraremos como muy conveniente un comunicado conjunto reclamando el restablecimiento de las competencias constitucionales del CGPJ mientras no se produzca su renovación”, afirmaron este jueves en una comunicación pública.
Es una pretensión que no ha tenido eco entre los progresistas, que no se plantean dar réplica a los conservadores respecto a este asunto, informan fuentes de este sector. No obstante, en este bloque existe cierto temor a que este nuevo caballo de batalla de los conservadores se acabe convirtiendo en otra exigencia que dilate aún más la renovación del tribunal de garantías, que acumula más de un mes y medio de retraso.
Además, el quórum del CGPJ ha cambiado tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes, la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto. El órgano está formado ahora por 18 miembros: 10 conservadores y ocho progresistas. Los principales nombramientos —presidentes de sala y magistrados del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de justicia— se hacen por mayoría reforzada de tres quintos. Es decir, deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros
Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas. Pero con la actual correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían un voto del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que alienta aún más los temores en el sector progresista. Cualquier petición “oficial” de cambio legislativo dirigida al Ejecutivo y al Legislativo tendría que debatirse primero en pleno, donde los acuerdos deben adoptarse por mayoría absoluta. Es decir, por diez votos, que son los que tienen los conservadores.
“Foto fija” de la situación
Entre tanto, el CGPJ ha empezado a explorar qué opciones hay para reforzar el Alto Tribunal en la actual coyuntura, informan fuentes del órgano. La Comisión Permanente, el núcleo duro del CGPJ formado por siete de los 18 miembros del órgano, ha acordado solicitar sendos informes a las salas de gobierno del Supremo y del Tribunal Militar Central sobre las medidas que, a su juicio, se deberían tomar para paliar la actual situación. El próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar porque se habrá quedado sin miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar.
También han encargado otro informe al Servicio de Inspección del CGPJ para obtener una “foto fija” de la realidad del resto de órganos territoriales, donde aseguran que hay 200 comisiones de servicio vencidas. “Se trata de ver cómo hacemos un diseño estratégico de transición”, sostiene un vocal. “Es un horizonte de trabajo. Nuestra competencia es hacer propuestas, aunque los fondos tienen que salir del Ministerio de Justicia”, reconoce otro. Según el departamento que dirige Pilar Llop, desde 2021, se han invertido 1,3 millones de euros en reforzar el Tribunal Supremo. Principalmente, por la incorporación de 17 letrados al gabinete técnico. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten.
Reforzar todavía más el gabinete técnico de manera “más cualificada y especial” con magistrados de otros tribunales es la solución que se ve ahora como más “eficiente” y “plausible” en el CGPJ. Algunas fuentes ven “extrema y complicada” otra de las opciones que se ha barajado: el nombramiento de jueces en comisión de servicio. Por ejemplo, de la Audiencia Nacional. Aunque existe algún precedente, supondría tener una bolsa de jueces en esa situación administrativa en una categoría superior a la que ostentan en realidad, lo que podría ser “problemático”, sostienen. Tampoco convence a la mayoría la utilización de jueces jubilados. Las fuentes consultadas explican que exigiría una reforma legal porque la figura del magistrado emérito fue eliminada por el PP de 2015.