La mayoría de la investidura cierra filas con el Gobierno para impulsar ya el desbloqueo del Constitucional

El portazo del Tribunal Constitucional por primera vez en democracia a una tramitación parlamentaria que había resultado polémica y había generado críticas incluso en los grupos más afines al Gobierno ha servido para que la mayoría de investidura cierre filas con el Ejecutivo de coalición que encabeza Pedro Sánchez. La totalidad de grupos parlamentarios que conforman esa mayoría progresista salió este martes a criticar sin ambages una decisión del tribunal de garantías que casi todos coinciden en calificar de ilegítima y peligrosa por los precedentes que genera. Y se ponen a disposición del Gobierno para respaldar una reforma urgente que consiga sortear el bloqueo.

Después de que el propio presidente se comprometiera a impulsar “cuantas medidas sean precisas” para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional durante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el Gobierno se apresuró para dejar perfilados los pasos a dar. Según fuentes del Ejecutivo la intención es impulsar una Proposición de Ley que recoja el contenido de las dos enmiendas que el tribunal de garantías ha suspendido. Y la idea es que esa propuesta se debata en el Parlamento con urgencia para que la renovación del Constitucional esté lista cuanto antes.

Según ha podido confirmar elDiario.es, las conversaciones entre el PSOE y el resto de aliados parlamentarios ya se activaron este mismo martes y las posturas no estaban nada lejanas. Desde los grupos parlamentarios ni siquiera se descarta que esa Proposición de Ley pueda quedar registrada esta misma semana y se contempla la posibilidad de habilitar el mes de enero para actividad parlamentaria para poder llevar a cabo su tramitación. Hay quien espera, incluso, que el presidente del Gobierno pueda dar detalles de la misma durante alguna de sus intervenciones de este miércoles en las sesiones de control del Congreso y el Senado.

Respaldo sin fisuras de los socios de investidura

Tras el fallo del TC, los socios del Congreso apremiaron a que fuera el Gobierno quien liderara “cuanto antes” una respuesta al desafío que supone para el poder legislativo el paso inédito dado el lunes por el poder judicial. Y, de hecho, algunos de esos grupos no esperaron para mover ficha. El primero en hacerlo, el mismo lunes por la noche, fue Más País. Los de Íñigo Errejón registraron directamente en el Congreso una Proposición de Ley para reformar la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional (TC) y habilitar al Ejecutivo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a designar miembros del órgano de forma separada si pasados tres meses desde la renovación no se han ejercido los relevos.

Por su parte, el socio minoritario de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, decidió tomar la iniciativa de convocar una reunión de urgencia de las direcciones de los grupos parlamentarios de la mayoría de investidura. En esa cita, el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, le trasladó a sus compañeros de ERC, EH Bildu, PNV, Más País, PdCAT, BNG y Junts que su propuesta se basa en una iniciativa que ya promovieron al principio de la legislatura: reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para articular una votación parlamentaria de dos vueltas en la que en la segunda solo sea necesaria mayoría absoluta al estilo de las investiduras de presidentes. Es decir, una rebaja de la mayoría cualificada de tres quintos que se exige ahora y que en la práctica le otorga al PP capacidad indefinida de bloqueo.

Esa reforma fue descartada en su día por Pedro Sánchez tras las críticas de Bruselas y, según fuentes de la Moncloa, sigue sin ser la opción preferida, aunque en el Ejecutivo ni siquiera se termina de cerrar la puerta a ella tras el salto cualitativo en la crisis institucional del país que ha supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la votación de la reforma en el Senado. En cualquier caso, los grupos parlamentarios reunidos por Unidas Podemos concluyeron que la postura común debía ser la de cerrar filas con el Ejecutivo y esperar a que sean los socialistas quienes señalen a partir de ahora los pasos a dar.

De momento, la proposición de ley es la opción elegida para renovar el Constitucional ante la negativa del sector conservador del CGPJ a consensuar con los progresistas los dos nombres que corresponden al órgano de gobierno de los jueces y el consiguiente retraso en la verificación del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa, como nuevos magistrados a propuesta del Ejecutivo.

Feijóo impone condiciones al desbloqueo

En el PP se dan por satisfechos con la decisión del Tribunal Constitucional, que además han provocado ellos mismos, ya que su recurso, a diferencia por ejemplo del de Vox, pedía la suspensión de la tramitación de las dos enmiendas que el tribunal de garantías ha acordado. Pero, a la vez, en Génova tuercen el gesto ya que la inflamación política, la elevación del “ruido”, rompe la estrategia con la que Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid en abril para sustituir a Pablo Casado.

Feijóo siempre se presenta como un líder moderado, un gestor transversal, “ni de izquierdas ni de derechas”, como dijo este lunes en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP. Un perfil difícil de mantener cuando el marco comunicativo es el de la bronca continua con el Gobierno de coalición, la ruptura de negociaciones y la casi negación de cualquier tipo de contacto con Pedro Sánchez.

Este martes, en una comparecencia ante los medios en la sede nacional del PP, Feijóo ha planteado una serie de requisitos al Gobierno para recuperar la interlocución que, en definitiva, supone recuperar la agenda de máximos del PP de Pablo Casado. Un parapeto ante la ofensiva de Vox, que sube en las encuestas precisamente cuando el debate político abandona las cuestiones materiales (precios, empleo, etc.) y se adentra en áreas más identitarias.

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