Mayoría reforzada en el Congreso y tensiones en el Consejo de Ministros de una coalición condenada a entenderse

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sirvió para confirmar a todos los actores políticos que a la legislatura le queda mucho recorrido por delante. Pedro Sánchez ha recibido un balón de oxígeno que le puede durar lo que él decida. Por el momento, PSOE y Unidas Podemos han pisado el acelerador en algunas iniciativas sociales con las que han demostrado que cuentan con una mayoría reforzada que, basada en la de la investidura, suma alrededor de 190 diputados. Pero también han aflorado tensiones en el seno del Consejo de Ministros que han revuelto las aguas de una coalición cuyas partes reconocen que están condenadas a entenderse. 

El Congreso se ha convertido en el epicentro de la demostración de fuerzas del Gobierno y sus aliados con la aprobación en los últimos días de algunas iniciativas de calado, como la ley educativa -que si todo sigue el plan previsto entrará en vigor el 23 de diciembre, junto a los Presupuestos, tras recibir el visto bueno del Senado- o la activación del proceso para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que chocó con la coalición nada más formarse, pueda seguir haciendo nombramientos mientras está en funciones. Este jueves, la Cámara Baja ha dado vía libre a la ley de eutanasia, un derecho largamente reivindicado desde la izquierda. IU la llevó por primera vez al Parlamento en 1998; 22 años después, la ley salía adelante con 190 votos.

El reverso de los éxitos con los que el Gobierno de coalición cierra su primer año de mandato son las derrotas, semana tras semana, de las iniciativas del PP, Vox y Ciudadanos. Las tres derechas, que protagonizaron en 2019 la foto de Colón, se han enzarzado en una guerra continua desde la fallida moción de censura de Santiago Abascal.

“Hemos conseguido activar la pluralidad de esta Cámara en una dirección constructiva como respuesta a la emergencia que vivimos”, celebró Sánchez durante su larga intervención en el Pleno para dar cuenta del estado de alarma y de los últimos consejos europeos. Reivindicaba así la mayoría reforzada que ha conseguido amarrar en menos de un año. Frente a los palitos que la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, iba anotando en una pizarra a cada sí que se sumaba en la investidura, los Presupuestos, el proyecto clave para la legislatura, salieron adelante del Congreso con una holgada mayoría de 188 votos a favor. La idea es que el Senado los ratifique sin cambios la próxima semana,

Para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también supone un espaldarazo porque se cumplen sus pronósticos y deseos de reforzar el bloque de la investidura y dejar a un lado a Ciudadanos. Una baza por los que Sánchez apostó este verano y que no le ha salido, aunque en Moncloa confían en poder llegar a futuros entendimientos. 

Tensiones crecientes

Más allá de las victorias parlamentarias con la mayoría reforzada, que tuvo su última escenificación con la aprobación de la ley de la eutanasia, ampliamente celebrada por los socialistas, la coalición está protagonizando en las últimas semanas tensiones intensas, y crecientes, en algunas políticas sociales y económicas clave. En todas ellas, el papel de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, es clave.

Las distintas facciones del Gobierno llevan meses discutiendo la necesidad de prolongar la paralización de los desahucios. Ante el empeoramiento de los datos de la pandemia, en septiembre se recuperó parte del llamado “escudo social” que puso en marcha el Ejecutivo durante el primer estado de alarma. Fuera quedaron medidas que sí se habían introducido en marzo, como la prohibición de los desahucios o de los cortes de suministros básicos a personas vulnerables.

El primer escollo que sortearon fue la ampliación de los supuestos a todos los casos de vulnerabilidad -y no solo aquellos sobrevenidos por la pandemia, como se aprobó durante el confinamiento de la primavera-. Pero la batalla más ardua ha estado en la compensación a los propietarios de los inmuebles cuyos moradores estén en un proceso de lanzamiento que se suspenda. En ese caso hubo acuerdo rápido para los casos de los pequeños propietarios, pero la parte socialista del Gabinete defendió que a los grandes tenedores habría que compensarles en los casos de ocupantes sin contrato dado que la prohibición de expulsar a esas personas suponía una usurpación temporal de la vivienda. 

Tras acusar a Justicia y Economía de querer evitar que los fondos buitre vean “reducidos sus beneficios por esta medida” y de buscar un “rescate encubierto al sector inmobiliario”, Unidas Podemos terminó aceptando que se compense a los grandes tenedores con viviendas ocupadas, siempre y cuando demuestren que la paralización del proceso de lanzamiento ha supuesto un perjuicio económico. En la práctica, la mayoría de ocupaciones de este tipo se producen en viviendas que están vacías, por lo que demostrar que supone una pérdida económica será difícil lo que reduce mucho las compensaciones previstas. En Unidas Podemos se dan por satisfechos con la medida, aunque reconocen que no han logrado todos sus objetivos.

Pese al acuerdo en materia de desahucios que permitirá que el decreto se apruebe este martes o el siguiente, en conflicto sigue latente respecto a la prohibición de los cortes de suministros energéticos. Unidas Podemos elevó la presión esta semana y Transición Ecológica filtró una propuesta para impedir los cortes solo de luz y durante cuatro meses.

Para los de Pablo Iglesias resulta una medida insuficiente porque quieren incluir en esa prohibición el gas y el agua, pero celebran que la presión surtiera un cierto efecto y se haya comenzado a hablar en el seno de la coalición de una medida que, según lamentan, la semana anterior era inviable.

El socio minoritario del Ejecutivo sostiene que la fórmula para llevar adelante iniciativas que les parecen fundamentales desde la perspectiva social en un momento de pandemia es sacar los desencuentros a la luz pública para que reaccione la parte socialista del Gobierno. Ha sido así como consiguieron al menos acelerar medidas como el Ingreso Mínimo Vital. Y en el caso de la prohibición de los cortes de suministros básicos a personas vulnerables es uno de los puntos del acuerdo programático sellado hace un año por Sánchez e Iglesias. 

Otro de los choques que está atravesando el Ejecutivo es a propósito de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Pedro Sánchez no es partidario de subirlo en este contexto, tras dos ejercicios en los que se ha incrementado un 29% pasando de 735 euros mensuales a 950. “Tendrá que seguir subiendo, ahora no”, insistió este viernes en Al Rojo Vivo (La Sexta) la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La parte socialista del Gabinete sostiene que el compromiso es elevarlo al 60% del salario medio en España a lo largo de toda la legislatura, por lo que se muestran partidarios de esperar en este contexto de crisis y no incrementar los costes de los empresarios. 

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que la congelación no es una opción y ha iniciado la negociación con los agentes sociales. Varios altos cargos del Gobierno, tanto de Trabajo como de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, también han defendido la necesidad de subir algo el SMI. La última, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien apuntaba ese viernes que “lo mínimo” es elevarlo lo mismo que las pensiones y el sueldo de los funcionarios: un 0,9%. Los sindicatos parten de la premisa de que debe crecer entre el 1,8% y el 5% en 2021 y la patronal de que debe quedarse como está.

Díaz se ha comprometido a asumir el resultado de la negociación del diálogo social. Pero, si no hay acuerdo, Sánchez tendrá que tomar una decisión: enfadar a los sindicatos y desautorizar a su ministra de Trabajo; o soliviantar a la patronal y contradecir al lado socialista del Gobierno, donde no solo Calvo se ha mostrado contraria al incremento.

Pensiones y reforma laboral, grandes batallas pendientes

La verdadera guerra que queda por delante es la del sistema de pensiones. Del planteamiento inicial del que parte el Ministerio de Seguridad Social, Unidas Podemos no comparte algunas propuestas como el fomento de los planes complementarios de pensiones o el endurecimiento de la jubilación anticipada. Pero la que ha hecho saltar las alarmas a los de Iglesias es la propuesta de ampliar de 25 a 35 años el periodo para el cálculo de la pensión, que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo ni fue previamente pactada con el socio de coalición.

Tampoco será fácil la reforma laboral. A pesar de que su derogación figura tanto en los programas electorales del PSOE como de Unidas Podemos, y en el acuerdo de Gobierno, los choques entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no han hecho más que empezar.

La oposición de Calviño no es nueva, pero su posición perdió peso cuando Díaz comenzó el desmontaje del sistema laboral impuesto por Fátima Báñez en 2012 con el respaldo de la propia patronal. La pandemia ha retrasado los planes de Trabajo, pero 2021 será el año en el que se retomen los trabajos, según el ministerio.

La partida se jugará en parte en Bruselas. Calviño, junto con la Oficina Económica de la Moncloa, remitió un documento a la Comisión Europea en el que “aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos”, según publicó El País.

La vicepresidenta es la intermediaria entre España y Bruselas. Pero Díaz también tiene interlocución con sus pares. Esta misma semana, tras reunirse con el Ejecutivo comunitario, la ministra de Trabajo aseguraba: “El Gobierno coincide con Bruselas en que, por fin, hay que corregir las disfunciones del mercado laboral que nos hacen profundamente desiguales”.

Ambas reformas, laboral y pensiones, van de la mano. Y una podría ir de la mano de la otra.

No hay peligro para la coalición

A pesar de que la tensión entre los socios ha ido creciendo en este tiempo, ambas partes intentan rebajarla y enmarcar las discrepancias en la normalidad de cualquier Gobierno o en las distintas sensibilidades de sus miembros por la pertenencia a distintas organizaciones. “No le doy especial relevancia y va a ser una costumbre. No somos un partido único”, expresó este miércoles el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. 

Más allá de las discrepancias -que sientan peor, además, a algunos ministros que a otros-, en la coalición admiten que están condenados a entenderse porque no hay más alternativas. “Sin Podemos somos 120 diputados”, reconoce una fuente de la parte socialista del Gobierno. De la buena marcha de la experiencia del bipartito son conscientes, además, tanto Sánchez como Iglesias que depende el futuro de la gobernabilidad de España. 

En Unidas Podemos también hablan de que hay “dos almas” en el Gobierno. El grupo confederal cree que la nueva mayoría reforzada es algo más que una mera suma aritmética en el Senado. Es una garantía de perdurabilidad de la legislatura, así como un espaldarazo a una estrategia que tiene como objetivo modificar la “dirección de Estado” que ha dominado España desde la Transición. Y de su capacidad de influir dentro de un Ejecutivo donde está en franca minoría. Pese a ello, ha logrado imponer en buena parte su política social, gracias a la presión pública en la que también han participado los aliados parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.

Con todo, en el grupo confederal son conscientes de que los equilibrios pueden cambiar a partir de ahora, aunque no esperan que los problemas lleguen a una ruptura de una coalición para la que el PSOE no tiene alternativa hoy por hoy.