Unidas Podemos cede y acepta la compensación a los grandes propietarios en la paralización de los desahucios

Unidas Podemos rectifica y cede ante la parte socialista del Gobierno en el decreto antidesahucios. Los de Pablo Iglesias han terminado aceptando la posición de los socialistas, que consideraban que era necesario incluir en la normativa una compensación económica para todos los propietarios, incluidos los grandes propietarios. Finalmente será así, pero estos deberán demostrar pérdidas económicas, por lo que “en ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado”, según fuentes del partido de Pablo Iglesias.

Esta fue una de las polémicas que ha habido en el seno de la coalición esta semana después de que Unidas Podemos acusara a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de querer beneficiar a los grandes tenedores mientras que los socialistas sostenían que esa compensación era necesaria desde el punto de vista jurídico para evitar una reclamación mayor en los tribunales.

El decreto ley que presentará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que impedirá los desahucios mientras dure el estado de alarma ha sido aprobado este jueves por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, paso previo a que se ratifique en el Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales aseguran que hay “flecos sin cerrar” y que todavía puede sufrir algunos cambios por aportaciones de los ministerios. De hecho, no se atreven a poner una fecha concreta: si irá este martes o el siguiente. Aunque todo apunta a que será el 22 de diciembre, fuentes de la Vicepresidencia segunda aseguran que los ministerios de Economía y de Hacienda han pedido una semana más en el consejillo de este jueves.

En lo que sí coinciden las partes es en que las líneas generales negociadas entre Transportes y la Vicepresidencia de Iglesias están cerradas después de que Unidas Podemos haya aceptado la compensación a los grandes propietarios en determinados casos.

Paralización de los desahucios

La nueva norma paralizará los desahucios de personas vulnerables hasta el próximo 9 de mayo y amplía los supuestos que se aplicaron en el primer estado de alarma. Ya no serán solo las personas que se hayan visto en situación de vulnerabilidad provocada por la COVID-19, sino que podrán acogerse quienes estuvieran en esa situación con carácter previo o cuyas causas no sean específicamente la pandemia.

Habrá una compensación para que todos los propietarios puedan recibir una compensación durante el tiempo que esté suspendido el desahucio y se encuentra una alternativa habitacional “digna”, es decir, que “no podrán ser realojados en un albergue”, según fuentes de Unidas Podemos.

La compensación se producirá siempre y cuando exista un contrato. Pero los socialistas defendían que era necesario incluir también esa fórmula de compensación para los grandes tenedores -propietarios de más de diez inmuebles- en los casos en los que las viviendas sean ocupadas, sin contrato, para evitar el fracaso del decreto en los tribunales. En el caso de los pequeños propietarios que vean una vivienda ocupada sin título contractual, no se podrán suspender los desahucios y la expulsión seguirá el curso normal de la ley.

“Si en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales [que acredite la situación vulnerable de las personas que se encuentran en el inmueble] no hay una alternativa habitacional, el propietario podrá pedir compensación siempre que acredite que la situación le ha ocasionado un perjuicio económico”, señalan fuentes gubernamentales.

Esa compensación será del valor medio del alquiler en la zona durante el tiempo que no haya podido hacer uso de la vivienda. Pero si la solución habitacional se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, no tendrá derecho a solicitar la compensación.

En Unidas Podemos han asumido que la manera de prohibir los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional pasa por establecer un sistema de compensación a los propietarios, ya sean pequeños, grandes fondos de inversión o bancos, tal y como inicialmente defendía la parte socialista del gabinete y supuso una bronca en el seno del Gobierno. Unidas Podemos acusó entonces al PSOE de querer “una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida”.  “Propone abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios”, reprochaban desde el socio minoritario del Gobierno.

“Había que aprobar ya la prohibición”, apuntan desde Unidas Podemos. Ya esta mañana la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, asumía que la pugna dentro del Ejecutivo acabaría así y reconocía en una entrevista en Europa Press que su partido no se siente “especialmente cómodo” con esa compensación, pues estas entidades debería “asumir una responsabilidad” al estar haciendo negocio “con un bien de primera necesidad” como es la vivienda, según la dirigente de Podemos. “En este Gobierno hay dos almas”, aseguraba Belarra en la entrevista.

Lo que de momento no está listo es la prohibición de los cortes de suministros. La distancia entre la Vicepresidencia Segunda y la Cuarta, la de Pablo Iglesias y la de Teresa Ribera, no se ha reducido. Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que esta medida no estará incluida en el próximo Consejo de Ministros.

Pero desde Unidas Podemos dicen no contemplar “que el decreto antidesahucios no incluya también la prohibición del corte de todos los suministros”. “Garantizar una vivienda digna en estos momentos supone que cuente con electricidad, gas y agua”, añaden las mismas fuentes. Y zanjan: “Se espera que Transición Ecológica traslade una propuesta en estos términos cuanto antes”.

¿Cómo funcionará la paralización de los desahucios?

A falta de cerrar flecos, el decreto que se aprobará antes de que acabe el año establece que la persona arrendataria podrá solicitar una suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite hacer frente al pago de las rentas, o encontrar una alternativa habitacional. A partir de ahí, el juzgado se lo comunicará a los correspondientes servicios sociales para que valoren la situación de vulnerabilidad del arrendatario, y en su caso del arrendador, y formularán una propuesta sobre las medidas a adoptar por la administración competente. Ese informe tendrá que entregarse al juez en un plazo de diez días. La suspensión del lanzamiento se mantendrá por el tiempo necesario para encontrar una solución habitacional a la persona afectada por el desahucio mientras dure el estado de alarma.

En el caso de aquellas personas afectadas por procesos de desahucios sin contrato de arrendamiento en inmuebles que sean propiedad de un gran tenedor, el proceso varía ligeramente. El juez que reciba la alegación de vulnerabilidad económica “tendrá la facultad de suspender el lanzamiento y solicitará informe a los servicios sociales competentes”. En este caso tendrán un plazo de quince días para presentarlo. El juez decidirá si suspende o no el lanzamiento hasta la aplicación de las medidas establecidas por los servicios sociales, y como máximo por el tiempo que reste hasta la finalización del estado de alarma. Si la situación de vulnerabilidad no queda acreditada, el lanzamiento podrá seguir su curso. Es en estos casos en los que los grandes propietarios podrán solicitar la compensación siempre y cuando pasen más de tres meses hasta que se encuentre una alternativa habitacional.