La reforma del Código Penal era una oportunidad para que el Gobierno pasara de las palabras a los hechos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la oposición coincide en que el PP “se ha quedado corto” y ha mandado al Pleno un proyecto que es “duro frente al débil y débil frente al fuerte”.
Los conservadores presumen de haber tomado medidas para luchar contra esta práctica que ocupa los primeros puestos de preocupación ciudadana, como la inhabilitación de los cargos públicos corrompidos o la mejora de la devolución de los “activos” robados“, pero han rechazado buena parte de las enmiendas con las que los demás grupos pretendían endurecer la persecución y los castigos.
“Vaga” identificación de los autores
Varios grupos, entre ellos PNV y la Izquierda Plural, considhttp://www.eldiario.es/politica/herramientas-sindicatos-empresas-responsabilidad-corrupcion_0_345416070.htmleran que el texto del Gobierno no es claro en lo que a la identificación de los corruptos en los partidos políticos se refiere. “Hay que determinar quiénes son los responsables de la corrupción y eso no se termina de hacer. No se termina de establecer que se debe sancionar a quien comete el delito y a quien corrompe”, explica el ponente nacionalista Emilio Olabarría, que apunta a que una “vaga” identificación de los autores complica el establecimiento de las penas.
Blandos en las condenas a corruptos
Aunque el nuevo Código Penal supondrá un incremento generalizado de las penas, los grupos lamentan que no se hayan endurecido prácticamente las condenas por corrupción. De hecho, en la redacción inicial del texto no se contemplaba ningún aumento para estas conductas. Pese a que el PP ha aceptado algunas propuestas, la oposición lo ve “insuficiente”. Así, se ha aumentado la inhabilitación para cargo público pero se ha renunciado a introducir penas de cárcel en muchos casos. En los casos del cohecho, el tráfico de influencias y la malversación, el PP se ha limitado a la inhabilitación pese a que otros grupos, entre ellos el PNV, solicitaban penas de hasta 12 años de cárcel.
Hasta 500.000 euros de donación ilegal
Una persona podrá donar de manera ilegal -es decir, de forma anónima, superando el límite legal o en B- hasta 500.000 euros a un partido sin riesgo de ir a la cárcel. Por debajo de esa cantidad, tanto el donante como el receptor sólo tendrán que pagar una multa. El articulado es indeterminado en cuanto a la responsabilidad del partido ya que se limita a indicar “el que reciba” ese dinero.
Sin castigar la caja B
UPyD aseguró que el PP ha renunciado a reprochar penalmente conductas como la existencia de una caja B en los partidos o la existencia de fondos en el extranjero tal y como solicitaba la formación magenta en sus enmiendas. “Ha convertido las infracciones administrativas en delitos, expresó Rosa Díez: ”Es un avance pero sigue sin tipificarse la caja B o el dinero en el extranjero“.
Exención de responsabilidad
El texto prevé fórmulas para exonerar a empresas, partidos políticos y sindicatos de la responsabilidad penal en caso de haberse beneficiado de un delito. Si aprueban una suerte de “códigos éticos” que planteen “mecanismos preventivos respecto a la finanaciación” quedarán “protegidos” respecto al reproche penal, según explica el diputado de IU Gaspar LLamazares.
Devolución del dinero, solo un criterio
El PSOE propuso que la devolución del dinero obtenido mediante prácticas ilícitas debía ser un requisito imprescindible para conseguir la libertad condicional. El texto que el PP ha sacado adelante en la Comisión de Justicia solo establece que el juez podrá tenerlo en cuenta a la hora de conceder o no ese beneficio penitenciario.
Defraudar, lejos de ser delito
El PP ha renunciado a bajar la cifra a partir de la cual un fraude a las arcas públicas constituye un delito. Esa frontera está ahora en los 120.000 euros. Los socialistas han solicitado que se bajara hasta los 50.000, pero el PP lo ha tumbado. Los conservadores han desoído a los jueces, que plantearon que el limite se redujera como una de las medidas contra la corrupción.