Los dos empresarios acusados de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por las comisiones millonarias que cobraron por lograr contratos al Ayuntamiento de Madrid para la adquisición de mascarillas y otro material sanitario, se enfangaron meses después de lograr ese contrato en una escalada de acusaciones cruzadas y engaños. Este empeoramiento de la relación de dos personas que habían sido socias se evidenció la primera vez que acudieron a declarar en sede judicial.
Ambos se contradijeron en sus declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción acerca de cómo pactaron la cuantía de las mordidas. En total, Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron seis millones de euros en comisiones de los 11 que la ciudad de Madrid pagó en marzo de 2020 a Leno, una empresa de Malasia, para traer ese material sanitario a la capital.
En su declaración ante el fiscal el 13 de abril de 2021, Medina, hijo del duque de Feria, afirmó que pactó con Luceño que cada uno se llevaría un tercio de las comisiones, y que el tercio restante sería para la empresa de Malasia. Pero, un día después, su colega en esa negociación con el Ayuntamiento de Madrid le desmintió. En sede judicial, negó que acordaran repartirse las mordidas por tercios. “Es incorrecto. Leno [la empresa malasia] no se lleva nada. No va por tercios”, respondió Luceño a las preguntas del Ministerio Público.
“¿Es incorrecto lo que dijo Medina?”, insistió entonces el fiscal, preguntándole por ese reparto en tres partes. “Es incorrecto. La comisión la asigna el vendedor [Leno], porque yo soy agente del vendedor. Cuando se hace una operación, se dice: 'de esta operación tengo más porcentaje porque la he negociado muy bien, en esta tengo menos que la he negociado peor'”, se justificó. Finalmente, tras un rifirrafe con el fiscal, admitió que lo que se llevó él fue cerca del 45%.
Luceño aseguró que, en sus gestiones, “siempre” sigue “las recomendaciones de la Cámara de Comercio de París, que no las obligaciones”, que dicen, según él, que “no se puede llevar nunca una persona más del 50% de la operación” en comisiones. “¿Eso dónde lo dice? ¿La tiene usted recogida [la recomendación]? ¿Es pública? ¿Se lo han dicho verbalmente?”, se interesó entonces el fiscal. “Verbal siempre”, reconoció el empresario. “Recomienda que los agentes nunca se lleven más de un 50%”, insistió.
A continuación, sin embargo, el fiscal recordó a Luceño el contrato de las mascarillas entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Leno por el que tanto él como Medina se llevaron cuatro millones de dólares. “¿Qué porcentaje supone sobre 6.600.000 dólares?”, preguntó el ministerio público. “Un 45%”, respondió el empresario. “¿Cuatro millones sobre seis millones sescientos? Es más de la mitad, perdone que le diga”, remachó el fiscal. “Se lo voy a enseñar”, apuntó a continuación el comisionista, que mostró un papel al letrado. “De las máscaras, se reconoce un 44,85%. Es decir, yo reconozco un 44,85%”, apuntó entonces Luceño. “¿Y el señor Medina?”, preguntó el fiscal. “Reconoce su porcentaje”, se limitó a asegurar el empresario.
Medina: “Yo solo he puesto en contacto a dos personas”
Medina, por su parte, afirmó que se enteró un día antes de ir a declarar de que su socio le había engañado y se había llevado mucho más dinero fijando él los precios: “Eso es lo que sabía hasta ayer por la tarde, que me entero de lo que este señor se ha llevado”, le dijo al fiscal. También se sorprendió al ver que en los documentos que presentó ante su banco había firmas falsas: “Yo me fío de este chico, la verdad es que llama la atención, soy un mero... yo solo he puesto en contacto a dos personas”, insistió, responsabilizando de la elaboración de esos documentos a Luceño.
Él declaró en Anticorrupción que fue el primo de José Luis Martínez-Almeida quien les facilitó el teléfono de Elena Collado, la persona que centralizaba las compras de material y con quien cerraron la venta de los test, mascarillas y guantes con precios inflados, una versión que se contradice con la ofrecida por el alcalde de Madrid, que asegura que ningún familiar medió con estos comisionistas.
A Collado, Luceño le llegó a pedir una medalla del Ayuntamiento de Madrid por las gestiones que habían realizado y por las que él se embolsó cinco millones de euros y Medina, uno. “Ahora sí que me debes una medallita, una medallita civil me vendría bien”, le dijo el empresario a la alto cargo del consistorio a través de un audio de WhatsApp al que ha tenido acceso este diario. Después se justificó ante el fiscal en que había solicitado ese reconocimiento porque los empresarios asiáticos con los que él mismo medió para contratar con el consistorio fueron “los más rápidos y se sirvió la mercancía en una semana”.
La alto cargo, por su parte, aseguró en su declaración ante el fiscal que no conocía de nada a Medina y Luceño, que no sabe cómo llegaron a dar con ella y que cuando se enteró de que les habían intentado engañar con un pedido de guantes que iban a costar a las arcas municipales cuatro veces más de su valor cortó toda posibilidad de volver a contratar con ellos, no habló más por teléfono y la relación se limitó a intercambiar correos sobre los trámites pendientes de los primeros tres pedidos. Tampoco supo nada, dijo, de las comisiones que se llevaban los dos intermediarios, y no les preguntó al respecto. “Yo entendía –la verdad es que soy un poco pava– que era verdad que querían ayudar a Madrid. Había tanta gente dirigiéndose a nosotros para donar, ayudarnos, los metí en el mismo saco y la verdad es que donaron 200.000 mascarillas”, le dijo al Ministerio Público.
En cuanto a Luceño, pese a su teoría de que “siempre” seguía esa supuesta directriz de la Cámara de Comercio de París que limita las comisiones al 50% de las operaciones, al final del interrogatorio reconoció que sobrepasó ese límite en el caso de los guantes adquiridos por el ayuntamiento, y que fueron finalmente devueltos por no cumplir con las exigencias del consistorio entre acusaciones de “estafa” del consistorio a los comisionistas. “En ningún momento se marca que yo no me pueda pasar [del 50%], le dijo al fiscal, argumentando que lo hizo por ofrecer a la ciudad de Madrid los ”mejores precios“.
Cuando el ayuntamiento solicitó la devolución de lo pagado por unos guantes que no se correspondían con los que habían encargado, Luceño y Medina también devolvieron al consistorio esa comisión que, en total, alcanzaba los cuatro millones de euros. Ante el fiscal, el primero dijo que lo hizo por ser “súper profesional”. “Lo fácil hubiera sido cobrar la comisión, pero no es correcto”, añadió.
La realidad es que una vez cobradas las comisiones de dinero público por los contratos de las mascarillas y los test, unas mordidas que alcanzaron los cinco millones de euros, Luceño consiguió gastar en el peor momento de la pandemia 3.272.548,01, según la cifra con la que trabaja la Fiscalía. Además de noches en hoteles de lujo –pagó 60.000 euros por cinco noches en un establecimiento de Marbella–, dos relojes Rolex y una casa, el empresario compró 12 coches de alta gama que, en suma, alcanzaron los dos millones de euros repartidos en dos tandas.
Coches de lujo para especular
El primer bloque de coches de lujo fueron un Aston Martin DB11 (160.000 euros), un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros), un Mercedes SCL 300 (54.500 euros), un Range Rover Sport (102.000 euros), un KTM X BOW (91.800 euros) y un BMW I8 Roadster (121.000 euros). En una segunda tanda, y aportando como pago algunos de los coches mencionados previamente, Luceño compró un Aston Martin DBS Superleggera (293.000 euros), un Porsche Panamera (153.000 euros), un Lamborghini Huracan Evo Spider (299.999 euros), un McLaren 720S (250.000 euros) y un Mercedes A 200 AMG (32.500 euros).
Preguntado por el fiscal acerca de estas adquisiciones en pandemia, Luceño reconoció que lo hizo para especular. “Parte de esos coches van para la flota [de su empresa], parte son coches de inversión”, dijo ante Anticorrupción. “¿Por qué los compramos en ese momento? Porque eran coches que valían 700.000 euros, y los conseguimos por 399.000, de tal manera que cuando pase un poco de tiempo los podremos volver a vender. De esos coches comprados ya hay tres que hemos vendido, y hemos ganado dinero con la venta”, aseguró.
En ese punto, el fiscal le advirtió de los riesgos de vender bienes que podían haber sido adquiridos con fondos cuyo origen estaba siendo investigado por la Justicia, en alusión a las comisiones por los contratos con el Ayuntamiento de Madrid. “Si en el día de mañana esto se transforma en un procedimiento judicial [como así ha ocurrido], yo voy a solicitar el embargo de sus bienes. Y enajenar bienes, ponerlos a nombre de otra persona, para hacer cualquier otra operación que pueda dificultar un embargo, es un delito”, aseguró el representante del Ministerio Público. “Le advierto que si el día de mañana llega un juicio penal, usted es condenado y tiene que pagar una indemnización y dice que no tiene bienes suficientes porque los ha enajenado, eso sería un nuevo delito”, añadió.
Precisamente esta semana el juzgado 47 que se encarga del caso ha pedido a la Fiscalía y las acusaciones que propongan nuevas medidas económicas de embargo para el otro comisionista, Luis Medina, después de comprobar que no conserva los bonos bancarios que compró con sus comisiones, y que en su cuenta bancaria hay menos de 250 euros en este momento. La documentación que ha remitido el banco demuestra que, incluso, Medina tiene un descubierto de más de 6.000 euros en una de sus cuentas y que vendió los bonos que compró a lo largo de 2021, es decir, con la investigación de Anticorrupción ya en marcha.
Además, un informe de la Agencia Tributaria revelado este viernes por elDiario.es detectó que los dos empresarios vaciaron sus cuentas tras cobrar las comisiones. El texto recoge los movimientos bancarios de Medina y Luceño en los meses posteriores a embolsarse seis millones de euros en comisiones, y revela que, cuando empezó la investigación, apenas quedaba dinero en sus cuentas.