Por segunda vez en la historia, un ministro del Interior se sentará en el banquillo de los acusados. El primer titular de la cartera con Mariano Rajoy, su amigo Jorge Fernández Díaz, y el número dos de éste, Francisco Martínez, se enfrentan a una condena de quince años de cárcel, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con el espionaje parapolicial a Bárcenas con fondos reservados. Solo los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera fueron juzgados, y condenados con una petición superior (23 años), por el terrorismo de Estado de los GAL, financiado igualmente con el dinero destinado a la seguridad nacional.
El teléfono móvil requisado a Martínez por los investigadores del caso Kitchen muestra el recorrido cronológico de una cruzada contra independentistas y políticos de izquierda y por una trama de corrupción para favorecer al Partido Popular desde el Gobierno entre 2012 y 2016. La noticia, tres años después, de que Martínez iba a ser imputado dio pie a un nuevo escenario en la trama, la del reparto de responsabilidades: “el marrón” no se lo va a comer solo, el número dos de Interior ha sido “leal” a Rajoy y Cospedal. “Soy un pringao utilizado”, le confesó a una amiga.
Esa frase aparece en los chats que han comenzado a publicarse esta semana, de los que la Unidad de Asuntos Internos había seleccionado con anterioridad pasajes para incorporar a sus atestados del caso Kitchen. Pero en esas conversaciones completas hay más: nuevas pruebas de la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy para atacar a los líderes del proceso soberanista en investigaciones extrajudiciales y otra para fabricar casos contra los fundadores de Podemos.
Las operaciones parapoliciales en Catalunya apenas han tenido reflejo en un par de causas en juzgados locales; las maniobras contra Podemos siguen huérfanas de una investigación judicial. El magistrado García Castellón se ha negado a perseguir ambas en el marco del caso Villarejo, al tiempo que ha insistido hasta lograr circunscribir Kitchen a un operativo ideado y desarrollado en el Ministerio del Interior, a espaldas a Génova y el Palacio de la Moncloa, según él.
Quince años de cárcel por malversación, revelación de secretos y delitos contra la intimidad es la petición de Anticorrupción para Fernández Díaz, Martínez y el director adjunto operativo de la Policía en aquella época, Eugenio Pino. Los intercambios de mensajes entre estos dos últimos, en los cuatro años de la guerra sucia, retratan las maniobras parapoliciales que desveló elDiario.es el 30 de noviembre de 2014. En pleno ecuador de aquella estrategia, este medio desveló que un grupo secreto de policías buscaba información comprometedora de políticos separatistas al margen de cualquier causa judicial. El objetivo era entregar pruebas de origen dudoso a determinados medios para desgastar al adversario.
“Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón, pero con la condición hablada esta mañana de que salga en uno de los dos periódicos”, le dice el director operativo de la Policía al secretario de Estado de Seguridad el 20 de abril de 2016. “Eso no será problema”, contesta el político. Cuatro días antes, el Tribunal Supremo había tumbado la querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra el citado fundador de Podemos y Pablo Iglesias, que incluía el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), pero el Ejecutivo de Rajoy no cejaba en su empeño de sabotear un posible acuerdo para formar Gobierno entre el PSOE y los aludidos.
El patrón contra Podemos había sido ensayado durante cuatro años para contrarrestar el auge separatista en Catalunya. En aquellos días de 2016, la brigada política compaginaba ambos frentes. “Nos aparecen cuentas de Convergència en Suiza. A nombre de Forum y Catdem [una fundación que había sido registrada meses antes]”, escribe el policía. “¿De verdad?”, se entusiasma el número dos de Interior. El comisario promete “papeles”, que es lo que reclama el número dos de Interior.
Dos semanas después, la información se revela falsa, como reconoce Pino: la fundación no tiene cuenta en Suiza, pero en su obcecación, el policía insiste en que la tuvieron y en que van a seguir investigando en esa dirección, fuera de todo proceso judicial, solo con el interés de que salga publicado. El político, su jefe, le da el visto bueno. Ya había ocurrido en 2014 cuando un banco suizo negó que existiera la supuesta cuenta falsa de Trias que la brigada política obtuvo y filtró.
Policías ultras y un político ambicioso
Pino había sido el jefe de los antidisturbios en los Gobiernos de Aznar, obsesionado con la unidad de España y admirador de las legiones romanas. Resultó el comisario elegido por el Ejecutivo de Rajoy para dirigir la Policía. Sin él no se entiende el funcionamiento de aquella brigada política. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide también 15 años de cárcel para él por su participación en el espionaje a Bárcenas.
Francisco Martínez llegó a la política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció en el Congreso por su puesto como letrado de las Cortes. Al alcanzar el Gobierno, el PP pensó que por su formación podía ejercer un buen papel como jefe de gabinete de Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy y especialista en crear embrollos con sus declaraciones. Pronto, el brillante estudiante de universidad privada quedó deslumbrado por un mundo de espías y secretos oficiales que le era totalmente ajeno y que le llevó a desbordar sus cometidos oficiales.
A eso se sumó que un año después de llegar a Interior, el primer secretario de Estado, Ignacio Ulloa, letrado del Tribunal Constitucional, dio un portazo al detectar lo que se estaba gestando en el Ministerio. Martínez ascendió a número dos de Interior y se puso al frente de un grupo de mandos policiales fuertemente ideologizados, una característica que, por otra parte, no les había impedido traspasar la línea de la legalidad con gobiernos de cualquier signo. Ya en la secretaría de Estado de Seguridad, y ante la debilidad política de Fernández Díaz, Martínez aspiró a sucederle.
El político novato aprecia en aquellos comisarios, depositarios de tantos secretos, una palanca para cumplir sus objetivos. Se salta la escala de mando continuamente y les trata personalmente. Incluso intenta mimetizarse con su forma de hablar y pensar, chulesca y carpetovetónica. Ellos llevan manipulando voluntades toda su vida profesional. Con las misiones que les encomienda ese Gobierno liberan las convicciones ultras que siempre han tenido y además sacan partido profesional y económico de ello: todos serán condecorados con medallas pensionadas y algunos premiados con destinos dorados.
Enrique García Castaño lleva ofreciéndose a realizar encargos especiales a todos los Gobiernos casi cuarenta años. Con el PP ha participado en la Operación Catalunya, en la Kitchen y en las maniobras contra Podemos. En plenas negociaciones políticas para relevar al PP, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo ofrece a Martínez información que mancharía la reputación de candidatos de Podemos.
Buscar “antecedentes” a Podemos
El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad le pregunta: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?” García Castaño le contesta que “nada”. “¡Cagüenlaputa!”, exclama Francisco Martínez. Unos días más tarde, Martínez le recuerda: “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”. Hacía unos días dos medios digitales habían publicado el contenido del informe PISA, un dossier sobre la supuesta financiación en Irán y Venezuela de Podemos que despreciaron los tribunales y que había confeccionado aquella Policía del PP.
El contenido más relevante para la investigación del caso Kitchen –el espionaje a Bárcenas con fondos reservados– había sido extraído del teléfono por la Unidad de Asuntos Internos para incorporar a sus atestados. El juez Manuel García Castellón impuso en su momento severas medidas que impedían a las partes acceder al contenido del teléfono del ex secretario de Estado de Seguridad en su totalidad, pero ahora, cuando se divisa el juicio de Kitchen, el magistrado ha decidido que solo los chats de los que se extrajeron algunas frases para los informes policiales sean conocidos en su totalidad por las partes. Su contenido, por tanto, podrá ser esgrimido en el juicio.
Icíar Castro Álvarez es una alta funcionaria, con plaza en el Congreso de los Diputados, a la que su buen amigo Francisco Martínez se llevó a Interior para integrar el gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad. Castro Álvarez debía haber declarado como testigo, pero el cierre inesperado del caso Kitchen que decretó García Castellón el 29 de julio de 2021, aún con diligencias por practicar, le ahorró el trance.
Castro no es una pieza relevante de los manejos de aquel Ministerio, pero la gran proximidad a Martínez hace que el chat entre ambos resulte muy revelador sobre la situación en la que se encuentra el secretario de Estado próxima a su imputación, abandonado por todos a los que sirvió: en el Gobierno y en el partido.
Martínez: Soy un pringao utilizado.
Icíar: Qué hijosdelagranputa. Nadie te obliga a mantener lealtad a un miserable.
Martínez: O varios (…) Ya, pero eso no me exonera, Ici.
Icíar: Lo sé, esa es la putada. Pero tú no tienes que asumir lo de otros.
Martínez: Ya lo sé, pero el hijoputa me grababa a mí.
Icíar: Pero tú no has hecho nada por tu propia iniciativa.
Martínez: Ya. Pero por iniciativa de terceros tampoco he hecho nada de lo que dice la prensa.
Icíar: Te han engañado, pero tú no eres un delincuente ni un corrupto.
Martínez: Eso lo sabes tú y yo y algunos más… es evidente que no valoré bien los riesgos. Estuvimos en una piscina de tiburones. Tú sabes que yo lo que quise es ser leal y eficaz… tal vez demasiado leal…
La Unidad de Asuntos Internos entregó al juez informes con extractos de estos chats que consideró relevantes. Esos atestados ahondaban en la “conexión política” de la trama Kitchen. Martínez había dejado por escrito quién mandaba en todo aquello y cuando tuvo que pedir ayuda no dudó en hacerlo a la más alta instancia. El 24 de marzo de 2019, ante la posibilidad de quedarse fuera de las listas para las generales de 2019, envía un mensaje a Mariano Rajoy: “Creo que tú sabes que solo he sido leal y he trabajado con un enorme coste personal”.
Cuando los rumores de que va a ser imputado son muy fuertes, Martínez recurre a varios de sus amigos, jueces y policías. Uno de ellos es, nada menos, que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al que escribe insistentemente en busca de información sobre la causa y le traslada que “lo ideal es que todo se quedase tranquilo” antes de las elecciones. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, escribió el 5 de junio de 2019 a Navarro. Jorge [Fernández Díaz] era su jefe directo. ¿Por qué fue leal también a Rajoy y a Cospedal, especialmente a ésta cuando en un principio ni siquiera era afiliado al PP? Entre mensajes para quedar a cenar con sus esposas, Navarro le da ánimos, promete preguntar por su caso y, al menos en el chat, le da largas. El contenido de esos mensajes ha motivado que los dirigentes de Podemos, con su secretaria general al frente, Ione Belarra hayan pedido la dimisión de Navarro.
Con los pocos amigos que le quedan ya por esa época en el Partido Popular también intercambia mensajes. Es marzo de 2019 y el ex secretario de Estado de Seguridad se escribe con José Ramón García Hernández, ex diputado que tampoco revalidó su escaño en las elecciones de noviembre de ese año.
Martínez: Yo creo que nuestro amigo cree que me voy a comer el marrón yo solo….!!???
José Ramón: Paco a quien te refieres?
Martínez: A JFD . Y a su ex jefe. Me sigues?
José Ramón: Al máximo?
Martínez: Al anterior máximo. Si no voy en las listas, me joden.
En aquellas fechas ya era líder “máximo” del PP Pablo Casado, por lo que Martínez se está refiriendo a Mariano Rajoy cuando habla de que no se va a “comer el marrón solo”. Este jueves, El Periódico de Catalunya publicó que el mismo día en que trascendió el escrito de acusación de Anticorrupción en Kitchen, con la petición de condenas para los acusados el expresidente del Gobierno telefoneó a Fernández Díaz. La relación entre ambos se deterioró tras la salida del Gobierno de Fernández Díaz y más tarde con la suspensión de militancia del ex ministro del Interior al ser imputado en la pieza Kitchen.
“SSS, menuda zorra”
Ese mismo verano, el ex secretario de Estado de Seguridad acude a un notario a depositar las pruebas de que al menos uno de los miembros del Consejo de Ministros de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, con el que él se escribía a diario, conoció, cuando no impulsó, la operación de espionaje a Bárcenas, así como que el CNI también participó en las maniobras. A un periodista, en el chat que mantiene con él, Martínez le dice, una vez cae en desgracia: “SSS [las siglas de Soraya Sáenz de Santamaría], menuda zorra”.
Así las cosas, la declaración como investigado de Martínez levantó una gran expectación por si el secretario de Estado cumplía con las confesiones de su teléfono y tiraba de la manta. Pero no ocurrió así. El 29 de octubre de 2020, en su declaración como investigado, se negó a reconocer cualquier delito.
Al silencio de Martínez contribuyó el juez instructor, Manuel García Castellón. Este había respondido a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Cospedal que esperaría a lo que Martínez declarara al respecto. El ex número dos de Interior pidió acogerse a su derecho a no responder a la Fiscalía ni al resto de las partes, solo a su abogado y al juez. Y el juez García Castellón no le hizo ninguna pregunta por Cospedal en 78 minutos de interrogatorio.
En junio de 2021, Martínez volvió a hacer unas declaraciones públicas. Fue citado ante la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso y ante los diputados dijo que todas esas acusaciones que recogía su teléfono se debían al despecho: “En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar…”.
Entre entonces y ahora se ha producido la petición de quince años de prisión que hace Anticorrupción y la seguridad de que se sentará en el banquillo, al confirmar las conclusiones del instructor la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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