Los seis miembros de la Mesa del Parlament investigados por rebelión declaran este jueves en el Tribunal Supremo. Lo hacen una semana después que los miembros del Govern querellados por el mismo delito, y bajo la amenaza de acabar igual que Oriol Junqueras y siete exconsellers que acudieron a la Audiencia Nacional: con una orden de prisión incondicional. Según la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, Forcadell y el resto de miembros de la Mesa debían ser investigados por violar los derechos de los “diputados disidentes” para “demoler” la Constitución.
Carme Forcadell, expresidenta de la Mesa, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet han llegado al tribunal minutos antes de las 9.30, hora a la que está fijada su declaración. Allí, han sido recibidos con gritos de “al trullo” por varias personas que estaban esperándoles.
Será la segunda vez que acudan al Supremo. Estaban citados a la par que los miembros del Govern en la Audiencia Nacional, con los que algunos compartían abogados. Los letrados pidieron suspender las declaraciones, acordadas para tan solo un par de días después de la admisión de la querella. El Supremo aceptó, mientas que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela argumentó que sus peticiones no se hicieron a tiempo.
Los dos tribunales continuaron entonces con la instrucción de la causa a dos velocidades, lo que provoca que los querellados en el Supremo acudan a declarar sabiendo la suerte que han corrido los investigados por la Audiencia Nacional. Lamela decidió enviar a Junqueras y siete exconsellers a prisión por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.
Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira pidieron la prisión incondicional, una medida por la que parece que también van a inclinarse los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Según fuentes de la Fiscalía, los cuatro han mantenidos reuniones para coordinar sus actuaciones.
Según varios medios, los fiscales del Supremo se inclinan por la prisión incondicional para cinco de los seis miembros de la Mesa. El sexto, Joan Josep Nuet, podría eludir esa petición porque de todos, es el único que no votó a favor de tramitar la Declaración Unilateral de Independencia. Es su principal línea de defensa en la causa.
Tras escucharles a todos, el juez Llarena decidirá qué medida cautelar les impone. En caso de que el Supremo opte por pedir tan solo una fianza para los miembros de la Mesa, se abrirá la vía para que los miembros del Govern enviados a prisión reclamen el mismo trato. Y en ese caso será difícil justificar que se imponga prisión incondicional a unos, y con fianza a otros, si están acusados de los mismos delitos, aseguran fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Un tribunal para la misma causa
Además de lo que decida el juez sobre las medidas cautelares, los investigados en esta causa están también muy pendientes de si Llarena finalmente reclama que el Supremo asuma toda la investigación. Es decir, pide a Lamela que se desprenda de su parte del caso para que toda la investigación quede en manos del tribunal Supremo.
En procesos con aforados, el Supremo ha tendido a separar las investigaciones, y a ocuparse solo de la parte que afectaba a los cargos con fueron. Sin embargo, los magistrados que firmaron el auto de admisión a trámite de la querella dejaron una puerta abierta a que Llarena se hiciese con toda la investigación.
En el escrito, los cinco magistrados de la Sala de Admisiones señalaron que quedaba en manos del instructor “la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales”.
Los magistrados apuntaban entonces a que los hechos, el proceso independentista comandado por el Govern con ayuda de la Mesa del Parlament, podrían ser “una naturaleza inescindible”. Es decir, que tendrían que ser juzgados por un mismo Tribunal, y al ser el Supremo una instancia superior, le correspondería a este órgano.
De las decisiones que finalmente tome el Supremo sobre las medidas cautelares y el reclamo de la totalidad de la causa estarán también muy pendientes en el Gobierno. El Ejecutivo ha hecho llegar a Maza su diagnóstico político de la situación de Catalunya y la necesidad de rebajar tensión en vísperas de unas elecciones autonómicas.