Los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, encargada de supervisar el referéndum del 1-O, han presentado hoy sus escritos de renuncia ante el Tribunal Constitucional, que ayer decidió multarles con 12.000 euros diarios, si no cesaban en sus funciones.
El Govern había anunciado este viernes que la sindicatura, que según la ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una junta electoral, será relevada por “otros entes de observación”, tras dar por finalizados sus trabajos.
Fuentes del TC han informado de que antes de las tres de la tarde, hora de cierre del registro, se han recibido los escritos de renuncia de los miembros, titulares y suplentes, de la sindicatura electoral de Cataluña y de los miembros de las sindicaturas de demarcación.
El gobierno de Carles Puigdemont también ha acordado hoy destituir de su cargo al número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC.
El Govern ha agradecido a la Sindicatura Electoral de Cataluña la “finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum” y ha pedido a sus miembros que cedan el testigo a “entes públicos, académicos e internacionales, para que sigan observando el desarrollo efectivo” del 1-O, suspendido por el TC.
Según la Generalitat, el traspaso de funciones de la Sindicatura Electoral no merma las “garantías” del 1-O, porque “todos los procesos y medios que lo sostienen ya han sido debidamente supervisados y validados” por este órgano.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considerado, en cambio, que el cese de la sindicatura es “un paso más” que demuestra que el proceso iniciado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, “debe acabar de una vez por todas”.
El pasado 6 de septiembre, después de aprobar la ley del Referéndum, el pleno del Parlament eligió, con el rechazo de la oposición, a los cinco candidatos presentados por Junts pel Sí y la CUP para comandar la Sindicatura Electoral.
Sus cinco miembros han sido: Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB, que ha presidido el órgano; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat desde febrero de 2016; la abogada Marta Alsina; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF; y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la UAB.
Esta sindicatura nombró posteriormente a los presidentes, vocales y secretarios para el 1-O en cada una de las cuatro provincias catalanes y la Val d'Aran, en total 15 personas, que debían velar por el desarrollo de la votación en cada territorio y que hoy también han presentado sus renuncia. Para cada uno de ellos el TC había establecido una multa de 6.000 euros.