El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha seguido en el Congreso la estrategia marcada por el Gobierno en los últimos días y también de la DGT en sus explicaciones sobre el caos de la AP-6 que mantuvo atrapados a miles de vehículos durante 18 horas por un temporal. Zoido ha echado toda la culpa sobre la empresa concesionaria, a la que se ha abierto expedientes informativos, y que, a su vez, se descarga toda la responsabilidad.
Zoido ha comenzando pidiendo perdón, pero ha asegurado que el Gobierno actuó con “previsión, planificación y coordinación” durante el temporal, que provocó el cierre de varias carreteras; pero que, según ha explicado en el Congreso, llegó tarde en el caso de la autopista privatizada. Así, el ministro ha explicado que en la AP-6 se cortó el tráfico y luego se reabrió y que ese fue uno de los motivos del “colapso” y que hasta las 22:55 horas no se pidió el corte de las tres autopistas colapsadas (AP-6, AP-61, AP-55).
El ministro ha descargado toda la responsabilidad en la concesionaria al asegurar que le corresponde a la adjudicataria la gestión de la vía y también la gestión del tráfico, para lo que ha recordado que tiene su propio “centro de control”. Para sostener su tesis, ha aprovechado para comparar la gestión de la autopista de peaje con la A-1 (de titularidad pública).
“Frente a las mismas nevadas, a las 14:10 horas, se estableció el nivel rojo en vez del amarillo; se restringió el paso a vehículos con cadenas y preparados. Eso impidió el paso a vehículos no preparados y eso hizo que las máquinas quitanieves pudieran trabajar sin problemas”, ha explicado. “No digo esto como excusa o para eludir responsabilidades”, ha justificado el ministro, que ha insistido en que la gestión que corresponde al Gobierno “se hizo con previsión, planificación y colaboración” y que se “pusieron los medios” necesarios para evitar el caos.
Zoido ha asegurado que ahora lo que toca es analizar lo ocurrido y poner medios para evitar que se vuelva a producir. “Desde el Gobierno se hizo todo lo que se tenía que hacer”, ha afirmado antes de asegurar que tiene el “firme propósito de mejorar en todo lo posible los aspectos que haya que mejorar”.
Según ha explicado, los “expertos” han apuntado una serie de propuestas para evitar situaciones como las vividas en las carreteras privatizadas el fin de semana de reyes: que en “las operaciones especiales de tráfico siempre haya un representante de todas la concesionarias esté presente en el centro de gestión de tráfico”, que “la decisión de abrir o cerrar una vía concesionaria corresponda a la DGT y no esté en manos de la concesionaria” o que “los pasos de las medianas estén abiertas o practicables”. Zoido ha insistido en que tan solo se trata de propuestas y que habrá que analizar si se ponen en marcha.
Zoido justifica ir al fútbol: “No voy a dimitir”
Para la oposición, las explicaciones del ministro son insuficientes. El portavoz socialista, Pablo Bellido, ha asegurado que no pueden partir del “apriorismo” de que no se puede actuar sobre carreteras privatizadas. “No hace falta cambiar las leyes para que funcione”, ha advertido Bellido, que ha asegurado que el director general de la DGT le ha metido un “gol” –aprovechando la presencia del ministro en el fútbol durante el caos, que también le ha afeado–.
Ante los reproches de la oposición por su presencia en el derbi Sevilla-Betis, Zoido se ha justificado: “Cuando asisto al partido, es verdad que lo hice con el conocimiento de que la situación estaba controlada, no había ninguna situación de alarma”, ha asegurado escudándose en que la petición de cierre por parte de la empresa se produjo a las “once menos diez”. “Cuando tengo conocimiento del caos que se ha producido yo estaba en mi casa”, ha afirmado el ministro, que ha asegurado que los responsables de Interior siempre están pendientes del teléfono.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, le ha leído un protocolo de actuación para estos casos y ha asegurado que no se cumplió. “Hay una dejación de funciones tremenda –ha asegurado–. No nos cuente que la gestión depende de la concesionaria, pero tienen ustedes un protocolo y no lo siguieron. No se deje guiar por el mal consejo de un amigo”.
El ministro defiende al director de la DGT
Tanto PSOE como Ciudadanos han exigido a Zoido el cese del director general de la DGT, Gregorio Serrano. Sin embargo, el ministro no se ha mostrado dispuesto a hacerlo. “Sí está capacitado para gestionar situaciones difíciles y complicadas”, ha sentenciado Zoido, que ha celebrado que reconociera sus “fallos”, como el del tuit en el que dijo que estaba en Sevilla durante el caos y que es “una maravillosa ciudad en la que hay internet”. “Si algún día tengo que tomar alguna medida con independencia de la relación”, ha dicho sobre Serrano, aunque ha asegurado que se conocen desde hace tiempo pero que no tienen una relación tan estrecha como se dice.
La portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha apuntado directamente al ministro: “¿Cuándo piensa usted dimitir?”, le ha preguntado tras criticar la gestión que hizo Interior durante el temporal. “Mi cargo está a disposición del presidente del Gobierno; pero creo por esto yo no debo de dimitir”, ha respondido Zoido.
“No voy a dimitir”, ha insistido en su respuesta al diputado de Compromís, Enric Bataller, a quien le ha asegurado que no tiene “responsabilidad política” en este caso pues se trata de una crisis derivada de la gestión “de una autopista concesionada”.
La portavoz del PP en la comisión, Mari Mar Blanco, ha usado su intervención para agradecer a los miembros del Gobierno que den “la cara”, a pesar de que han dilatado al máximo la rendición de cuentas en el Parlamento. Además, ha aprovechado para echar un rapapolvo al resto de grupos, a los que ha acusado de querer sacar rédito político de la situación. La diputada conservadora ha afeado que cuestionen dónde estaba el director de la DGT (que estaba en Sevilla) mientras que no se han preguntado “dónde estaba la directora general de la empresa”. A los socialistas les ha sacado la gestión de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a Ciudadanos, un informe del Tribunal de Cuentas.