El ministro de Justicia afirma que el Gobierno no aceptará el “chantaje” del PP con el Poder Judicial

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó este miércoles en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el Gobierno no aceptará el “chantaje” del Partido Popular con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva bloqueada dos años y medio. Además, pidió al partido de Pablo Casado que “reconsidere” la que hasta el momento es su última condición para renovar el órgano de gobierno de los jueces: un cambio en el sistema de elección para que doce de sus miembros sean elegidos por los propios jueces y ocho por el Parlamento. 

“No cabe el chantaje. No lo aceptaré. Eso no es cumplir el estado de derecho, eso no es ser constitucionalistas y sé que lo son. Les pido una reconsideración de eso. Sé que van a estar y espero que lo hagamos cuanto antes”, dijo el ministro al diputado del PP Miguel Ángel Jerez, que en su intervención acusó al Gobierno de no aceptar “casi nunca o nunca” los “consensos” que propone la oposición y puso de ejemplo precisamente la renovación del CGPJ y el 'plan B' jurídico, la propuesta estrella del PP para hacer frente a la pandemia que el pasado noviembre fue tumbada en el Congreso de los Diputados. 

Previamente, el titular de Justicia había dejado sin responder una cuestión del parlamentario de Bildu Jon Iñarritu, que le preguntó si el Gobierno tenía prevista alguna “medida” en caso de que no llegara esa renovación. “Espero que muy pronto tengamos solución a este problema pero, mientras tanto, lo que no voy a dejar es de impulsar todas las políticas para que el ciudadano tenga mayor efectividad en la tutela judicial”, sostuvo el ministro, que insistió en que “no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial”. 

La situación de interinidad del CGPJ se remonta a diciembre de 2018. El bloqueo se ha mantenido desde entonces por la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se han resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual CGPJ cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete a propuesta del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.

Justicia 2030

Aunque la comparecencia del ministro en la Comisión de Justicia tenía como objetivo informar del estado en que se encuentra en plan 2030 para modernizar la administración de justicia, en el trasfondo del debate estuvo el persistente bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también el marco jurídico para luchar contra la pandemia tras el estado de alarma. A este respecto, Campo insistió en que “no hay vacío” legal  y que con el nuevo recurso de casación que da al Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones habrá “más Constitución y unificación de criterios”. 

El momento más tenso de la sesión se produjo durante la intervención del diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès i Massó, que afirmó que en España “se echa en falta la ‘desnazificación’ de la Justicia que se hizo en Alemania en su momento”. “Hasta que [las cúpulas judiciales] no se alineen con los valores democráticos no vamos a tener una Justicia entendida como sentido público”, amplió el parlamentario. “No me va a encontrar en absoluto si está hablándome de represaliados o de que España no es un estado de derecho”, le respondió en su turno de réplica el ministro. Y añadió: “Son los jueces los que en un 99,9% dicen que son independientes, por tanto, lo serán. Ni politización de la justicia ni judicialización de la política. Lo que tenemos que hacer es respetarla más”. 

Respecto a la hoja de ruta de Justicia 2030, Campo aseguró que “implica la transformación del modelo de Justicia de España, con el objetivo de impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia, como palancas de la transformación del país”. Y dio cuenta de iniciativas ya aprobadas como el nuevo Estatuto de la Abogacía y otras en los que se está trabajando como la Ley del Derecho de Defensa o el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. Además, ha puesto en valor que con las 1.452 plazas de nuevo personal de la Oferta de Empleo Público de 2020 “se cubre al 100% la tasa de reposición de las bajas producidas en 2019”.

Por otro lado, recordó que Justicia cuenta con 410 millones hasta 2023 provenientes de los fondos europeos de recuperación, con el objetivo de transformar la Administración de Justicia. Así, explicó que de los 48,44 millones designados para este año, 20,7 se han distribuido a las comunidades con competencias transferidas y otros veinte se están destinando a la modernización de las infraestructuras y compra de portátiles para las autonomías territorio Ministerio, para el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial de España, así como para otros proyectos de la Dirección General de Transformación Digital del Servicio Público de Justicia.