El Partido Popular ha vuelto a utilizar este martes la sesión de control al Gobierno en el Senado para cargar contra el Gobierno por su política de diálogo con la Generalitat catalana en la mesa que se reunió por primera vez la pasada semana. “Esto no es una mesa de negociación, es la mesa de la humillación, la venta por fascículos de España”, ha considerado la senadora popular Salomé Pradas, durante una pregunta parlamentaria a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. Escribe Iñigo Aduriz.
La 'número dos' del Gobierno, por su parte, ha recordado que la mesa con la Generalitat trata de “encontrar de una manera dialogada una salida a la situación de conflicto de Catalunya”. A renglón seguido, Calvo ha culpado al PP de la situación que se vive en Catalunya.
“Esta situación es la herencia de su desastre”, ha señalado la vicepresidenta, que ha acusado a los populares de estar “arrastrados por la ultraderecha”. “Para Catalunya solo cabe una alternativa: hacer política, encontrarnos, dialogar y sacar adelante un acuerdo”, ha concluido, lanzando después nuevos reproches a los populares: “Están fuera del carril de la centralidad de la política de este país”.
La jornada ha quedado marcada por dos asuntos. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado la ley del 'solo sí es sí' y, al final de la tarde, hemos publicado una nueva noticia sobre Rocío Monasterio y su estudio de arquitectura. Estos son los temas del día:
- Rocío Monasterio registró varios planos ante el Ayuntamiento de Madrid con firmas falsificadas de una de sus clientas. La empresa de Monasterio presentó al menos 15 documentos y planos con la supuesta firma de una de sus clientas, que niega que esa rúbrica sea suya.
- El Gobierno aprueba la ley del “solo sí es sí” en medio de una bronca entre Carmen Calvo e Irene Montero. Unidas Podemos cree que “Igualdad ha ganado la batalla” frente al “intento de bloqueo” de la vicepresidenta, mientras Calvo niega que haya torpedeado la norma y sostiene que “se han mejorado cosas desde del acuerdo”.
- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tratado de zanjar la polémica acerca de la discusión interna dentro del Ejecutivo sobre la ley de libertad sexual. “Las discrepancias que haya dentro del Gobierno se resuelven a puerta cerrada”.
- Álvarez de Toledo niega que exista una “ideología machista” frente a un PP que busca sumarse ahora al 8M. La portavoz popular en el Congreso se desmarca de la dirección de su partido: no irá a las marchas del fin de semana y se declara “feminista amazónica”.
- Policías de Jusapol rompen el cordón de seguridad en su protesta en el Congreso contra el veto a la equiparación salarial.
¡Hasta mañana!
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, acaba de criticar vía Twitter un lema feminista que ha compartido Ministerio de Igualdad. “Yo no quiero que mis hijas vayan solas, ni mucho menos borrachas. ¿Qué idiotez es esta? Un poco de responsabilidad que no estáis en una mani, estáis en el Gobierno”, ha respondido con dureza Villacís a un tuit anterior del Ministerio, que utilizaba un conocido lema feminista para celebrar el primer paso de la Ley de Libertades Sexuales.
“La Ley de Libertad Sexual quiere dar seguridad y protección a las mujeres. Queremos que el grito feminista ‘Sola y borracha, quiero llegar a casa’ se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca se perderán en callejones oscuros”, ha tuiteado la cuenta oficial de Igualdad.
El PP llevará la próxima semana a debate y votación en el Pleno del Congreso una reforma del Código Penal para volver a castigar la convocatoria ilegal de referendos, un cambio legal que también prometió el socialista Pedro Sánchez durante la campaña electoral de los comicios de noviembre. Informa Europa Press.
De hecho, y dado el actual mapa parlamentario, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, asume que hay pocas posibilidades de que su iniciativa prospere, pero sí han querido “dejar en evidencia” al líder del PSOE, que en campaña prometió una cosa y en el Gobierno hace lo contraria.
“Servirá para dejar en evidencia hasta qué punto el PSOE ha pegado un muy acentuado bandazo en beneficio de sus aliados y socios -los separatistas, los sediciosos, personas condenadas, delincuentes- en contra de lo que el PSOE y Sánchez decían, y en contra del fortalecimiento del sistema democrático”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.
La iniciativa es una reforma puntual del Código Penal para volver a castigar con cárcel los referendos ilegales, proponiendo penas de prisión e inhabilitación para quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten consultas sin cobertura legal.
Esta penalización la introdujo el Gobierno de José María Aznar en 2003 al hilo del llamado 'Plan Ibarretxe', pero fue derogada años después por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras llegar a la Moncloa. El PP considera que “los acontecimientos recientes de la historia de España” demuestran que promover conductas como la convocatoria ilegal de referéndum revisten “suficiente entidad como para merecer un reproche penal” y tener un efecto disuasorio.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha puesto como tope las ocho de la tarde para el debate de iniciativas en las sesiones plenarias de los martes con el fin de evitar que los plenos se prolonguen hasta la noche. Informa Europa Press.
Batet ha comunicado este martes a los grupos que en el próximo Pleno del Congreso, que arrancará el martes 10 de marzo, no se iniciará el debate de ningún punto del orden día del día a partir de las ocho de la tarde y que las iniciativas que queden pendientes se trasladarán al miércoles tras la sesión de control al Gobierno.
Se trata de una medida que ya adoptó el socialista José Bono y que fue continuada por otros presidentes como Jesús Posada y Ana Pastor.
De esta forma la presidenta de la Cámara Baja pretende evitar que los Plenos se prolonguen hasta las diez de la noche, la hora en la que ya ha concluido alguna sesión desde que se inició esta XIV Legislatura.
En el último Pleno, el del pasado martes, Batet ya decidió que los dos últimos puntos del orden del día se pasarían al miércoles y que se votarían el jueves, pero ahora ha ido más allá poniendo ya un tope horario.
Oriol Junqueras recibió el 19 de diciembre la buena noticia de que la Justicia europea reconocía que tenía que haber sido considerado eurodiputado desde la publicación de los resultados oficiales. Pero, también, Luxemburgo dejaba en manos de la justicia española qué hacer a partir de ese momento, toda vez que la sentencia del procés ya le había condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación. Escribe Andrés Gil.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la nueva ley de Educación aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Para Ayuso, la reforma presentada por la ministra Isabel Celaà “pretende secuestrar la libertad de educación” y “destrozar cada día más el sistema educativo con respecto al anterior y al anterior”. Escribe Fátima Caballero.
Ayuso no ha dejado de explotar su perfil nacional desde la llegada del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y se ha propuesto convertirse en el ariete del PP contra el Gobierno, al ser la presidenta autonómica con más poder institucional.
La regidora ha centrado la defensa de la educación concertada como uno de los ejes de su enfrentamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ello ha anunciado ya un recurso ante el Constitucional contra la nueva norma educativa que pretende aprobar el Gobierno en los próximos meses.
Este recurso no será posible hasta que la reforma pase el trámite parlamentario para su aprobación definitiva. A juicio de Ayuso, la norma vulnera los artículos 3, 14, 16 y 27 de la Constitución.
La norma presentada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, está destinada a sustituir a la LOMCE, la ley que aprobó el PP en solitario y que pese a haber “nacido muerta”, según dijeron todos los grupos políticos, lleva en vigor más de siete años.
Según ha explicado Celaá, uno de los principales objetivos es que no haya segregación del alumnado, que el mayor esfuerzo debe estar en el ciclo del 0-3 y que “la enseñanza personalizada será el corazón de la ley”.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que las administraciones públicas están obligadas a aportar información creada antes de la entrada en vigor. De esta forma, la justicia ha dado la razón a la Fundación Civio y falla a favor de un recurso en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional, que establecía que las administraciones públicas no tienen por qué revelar información anterior a la entrada en vigor de la Ley. Con este nuevo fallo, se elimina el límite temporal que impuso esa sentencia. Y permite que toda la ciudadanía pueda pedir información anterior a diciembre de 2014.
Una asociación feminista de Villaverde iba a ensayar este miércoles la coreografía feminista que ha dado la vuelta al mundo tras viralizarse en las protestas chilenas el Espacio de Igualdad Clara Campoamor pero el Ayuntamiento de Madrid ha dado orden de retirar el permiso para acoger esta actividad, según ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es. Escribe Sofía Pérez Mendoza.
Un portavoz del Área de Igualdad admite que las responsables del espacio de igualdad aceptaron la petición pero la decisión “se corrigió” desde el Consistorio. “Es una actividad basada en una canción polémica con un mensaje muy político y consideramos que no es apropiado realizarlo en un espacio institucional”, añade la fuente oficial.
La performance, realizada en varias ciudades del mundo (incluida Madrid), se realiza con los ojos vendados. La letra, ideada por el grupo chileno Lastesis, dice entre otras cosas: “El violador eres tú / Son los pacos (policías), los jueces, el Estado, el presidente / El Estado opresor es un macho violador”.
La asociación organizadora es la Plataforma de Género de Villaverde, que participará en un flashmob previsto en la Plaza Mayor el próximo sábado con motivo del 8M. En la acción participarán mujeres de distintos países unidas en torno al colectivo MadridxChile. “La acción se realizará”, confirma el portavoz del Consistorio.
Los dos candidatos a la presidencia de Ciudadanos, Inés Arrimadas y Francisco Igea, mantendrán este miércoles un debate interno dirigido a la militancia en el que confrontarán sus programas y su modelo de partido con el que concurren a las primarias. Escribe Carmen Moraga.
Será a las nueve de la noche, en la sede del partido y no será presencial ni para la prensa ni tampoco para los militantes. No obstante, el 'duelo' se podrá seguir en directo, por streaming, a través de la página web de Ciudadanos.
El debate tendrá una duración de una hora y su estructura, que ha sido pactada por ambas candidaturas, será de tres bloques con una duración de 18 minutos cada uno. Los temas serán los siguientes: retos para España; liderazgo y equipo de las candidaturas y Modelo y Estrategia de partido. Desde la candidatura de Arrimadas, aseguran que esperan que “transcurra de manera sosegada, constructiva y con respeto al conjunto de la militancia de Ciudadanos”.
Otros detalles como quién será el moderador o moderadora están siendo aún cerrados por los equipos de ambos candidatos, que estos días previos se retaron a poder mantener al menos un cara a cara.
Ambos candidatos dan mucha importancia a este único debate antes de las votaciones para dirimir quién de los dos gana estas reñidas primarias, que se votarán entre el sábado y el domingo próximos.
En las elecciones a compromisarios celebradas el domingo, Arrimadas sacó una notable ventaja a Igea, aunque el líder del sector crítico cree que eso no le resta posibilidades de hacerse con la victoria frente a la aspirante oficialista, a la que este lunes Albert Rivera dio todo un espaldarazo apareciendo inesperadamente en una rueda de prensa con la excusa de anunciar que había fichado para un importante bufete de abogados.
Mientras no interpone su anunciada querella, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha empleado el 'caso Betancor' para intentar retrasar su inhabilitación. En un escrito, la defensa del president ha pedido al Tribunal Supremo que no acepte la petición de la Fiscalía para confirmar por la vía rápida –sin celebrar una vista– la pena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar lazos amarillos de la Generalitat. Escribe Oriol Solé.