El presidente de Extremadura suma un nuevo enfrentamiento a su lista de desencuentros con el Gobierno de Rajoy. Si en Navidad se encaró a Gallardón y le pidió la retirada de la ley del aborto, ahora carga contra Montoro por cuestiones económicas. El presidente extremeño cumplirá este miércoles su amenaza de publicar sus propias balanzas fiscales como respuesta a la intención del ministro de Hacienda de hacer públicas la listas de quién da y quién recibe en España.
El presidente extremeño, apodado el “barón rojo” en círculos del PP, ha resuelto dar un paso al frente y entrar al trapo en un juego que calificó de “muy peligroso”. Radicalmente contrario a que el Ejecutivo de Rajoy publique las balanzas fiscales, ahora ha decidido golpear primero, jugando a ese juego con su propio relato y situándose una vez más en ese rentable territorio de criticar a Rajoy desde un Gobierno del PP.
Su equipo en el Gobierno extremeño ha preparado un documento de más de 30 páginas en el que se enumeran todas las injusticias que sitúan a Extremadura como una de las comunidades autónomas peor atendidas en el reparto de presupuestos estatales. El documento será entregado a los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada para este miércoles, aunque eldiario.es lo avanza aquí, en exclusiva, en su versión de borrador.
La lista de agravios relatada por Monago se encabeza con la foto de la línea férrea Ciudad Real-Badajoz, en la que queda de manifiesto que la infraestructura, que a día de hoy usan muchos extremeños, utiliza infraestructuras implementadas en el siglo XIX.
La fotografía de un raíl con las siglas MZA revela, según el equipo de Monago, que las vías de Extremadura son las mismas que instaló la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante en 1886. En el documento que ha preparado el equipo del barón popular, esa imagen viene acompañada del siguiente texto: “127 años de inversiones del Estado en Extremadura en una imagen”.
A lo largo del documento, se insiste en que Extremadura tiene los niveles de déficit y deuda más bajos de toda España. Se incide en que la comunidad autónoma ocupa el segundo lugar de aporte energético al resto del territorio y el primero, en aporte de beneficios ecológicos. En términos estrictamente económicos, Monago revindica los problemas que le supone ser la comunidad menos poblada del Estado y a la cola en la balanza de renta.
Monago aporta datos tan inhabituales en la contabilidad económica como sus activos medioambientales. En el documento se destaca el valor de sus bosques (que cifra en 14.000 millones de euros) y refiere datos de su población de buitre negro (la mitad de la reserva nacional de esa especie), águila imperial (el 22% del total nacional) o cigüeña negra (53% del total nacional).
Dicho de otro modo, el extremeño quiere demostrar que, si se hacen balanzas fiscales, en esas cuentas cada cual podrá incorporar aquello que considera un valor aportado al resto de los ciudadanos. En esta línea, Extremadura se muestra convencida de su superávit en materia ecológica con respecto al resto de España.
La postura extremeña en relación al reparto de inversiones supone un golpe de flotación en la política económica del Gobierno de Rajoy. Extremadura apuesta por que el Gobierno considere la cuestión periférica y poblacional como elemento corrector a la hora de repartir las inversiones. Asimismo Extremadura exige que criterios como el envejecimiento de la población sean tenidos en cuenta a la hora de repartir las inversiones del Estado. En este sentido, el documento recuerda que el 60% de su gasto sanitario se dedica a la población por encima de los 65 años de edad.
Fuentes del entorno de Monago consultadas por esta redacción se muestran convencidas de que otras comunidades como Galicia podrían sumarse a estas reclamaciones ante Rajoy, para que Montoro aplique nuevos valores de contabilidad a la hora de repartir el gasto público.
En su capítulo de conclusiones, el documento advierte que “cualquier intento de limitar la solidaridad tiene el riesgo de plantear un antecedente por el que tal solidaridad se lleve hasta la máxima división, tanto a nivel interno como entre estados. No podemos correr ese riesgo, porque estaremos perjudicando a unos españoles y beneficiando a otros. Y no es para eso para lo que nos eligen los ciudadanos, sino para garantizar que tengan los mismos derechos”.